Sant'Egidio, uno de los fundadores de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, (World Coalition Against the Death Penalty) sigue de cerca la evolución y acompaña los esfuerzos de los países, como la República Centroafricana y Kazajstán, que deciden relegar a la historia la pena de muerte y espera con interés la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará a principios de diciembre, en la que -tras la publicación de un informe específico del Secretario General- se votará una nueva resolución para una moratoria universal de las ejecuciones, con una mayoría que promete ser mayor que la anterior.
"Nuestro trabajo - explica la Comunidad en la nueva plataforma - comienza en las cárceles y en los brazos de la muerte, con personas que viven el drama de la pena de muerte. Desde hace muchos años hemos creado una red humana de relaciones, visitas y correspondencia con muchos presos, tratando de no olvidar a ninguno y de acompañar su difícil existencia. Siguiendo sus casos, salió a relucir una verdad incómoda: los errores judiciales, son el resultado de procesos sumarios o de defensas superficiales".
La pena de muerte en la práctica
Según la World Coalition Against the Death Penalty, son 106 los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 8 los que la han abolido sólo para los delitos comunes, 28 son abolicionistas de facto, 56 son retencionistas. En 2019, los 5 países que llevaron a cabo más ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto.
En los planos nacional e internacional, el derecho a la representación jurídica está consagrado en la mayoría de las constituciones e instrumentos de derechos humanos. Lamentablemente, los sistemas de justicia de todo el mundo violan repetidamente este derecho y no ofrecen a los acusados de un delito una representación legal adecuada.
Al tiempo que se trabaja en pro de la abolición total y completa de la pena de muerte en todo el mundo para todos los delitos es fundamental alertar a la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre la necesidad de que, en todas las etapas de los procedimientos judiciales, quienes se enfrentan a las crueles, inhumanas y degradantes penas de ejecución tengan por lo menos acceso a una representación legal efectiva. Esa asistencia jurídica puede proporcionar la protección básica ya sea para evitar la sentencia o para apelar el veredicto.
