De nuevo, sin pretenderlo, la actualidad político-educativa en distintas CCAA preside este comentario que, recurrentemente y por razones obvias, trata sobre el profesorado de religión en centros públicos.

Conocemos en propia “carne”, a través de los medios de comunicación o a través de contactos personales, las dificultades que atraviesa la asignatura de religión en nuestro país y, acompasando esa desafinada orquesta, los profesores de esa materia. No sólo, aunque sí de manera especial, nos referimos a la manida reducción horaria de esta asignatura en algunas CCAA, en particular en Andalucía y Asturias.

Este problema surge y se expande por la incompetencia de aquellos que “negociaron” este apartado de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y que ahora critican y se quejan sottovoce sin reconocer, como siempre y nunca, su responsabilidad.


Pero lo cierto es que donde quiera que fijemos nuestra atención, el problema se ha ido enquistando sobremanera, sobre todo porque la autodenominada izquierda ha perdido la identidad que antaño sostenía su ideario y tiende a bañarse en las aguas siempre tibias del liberalismo, y la derecha neoliberal porque en su deconstrucción de las personas radicalmente individualistas, olvidan todo valor que no se mida en euros.


Pero bien es cierto que hay algunos lugares patrios, en los que la aplicación rancia de postulados ideológicos trasnochados, de la derecha y de la izquierda nominal, se llevan el galardón a la incapacidad y a la sociopatía política, que se caracteriza por la pérdida del valor de las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales y, consecuentemente, se consumen en una falta de adaptación que quieren encubrir con una falsa “progresía” y “modernidad”.


El diagnóstico es claramente desolador: sadismo político y falta de empatía hacia una porción de ciudadanos (profesores de religión y otros colectivos) a los que, en su patológica visión de una realidad deformada, ven como enemigos que hay que batir, con las armas del desprecio y el odio que se ha tumorado en sus ideas quiméricas.


Pero además, en su simpleza, en lo que es una constante en estos enfermos políticos que no quieren reconocerse como tales, pretenden ser paladines de hazañas inexistentes para la conquista de la añorada Ítaca, transformada en su delirio en una hipotética democracia plena.

De lo anterior se infiere que desconocen o peor aún, desprecian, el verdadero significado de “derechos humanos”, inherentes a todos los seres humanos, que desde la primera generación de los mismos (civiles y políticos), configuraron un nuevo elemento definidor de la ciudadanía, basado en la limitación del poder y garantizando la participación política de los ciudadanos. Desconocen también los “derechos humanos” de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales), que han venido siendo conocidos como los de la igualdad, que pretenden garantizar unas condiciones de vida dignas para todos. Pero, a mayor abundamiento, desconocen los “derechos humanos” de tercera generación, los conocidos como los de los pueblos (justicia, paz y solidaridad), que buscan promover relaciones pacíficas, constructivas y solidarias entre los pueblos y las personas de todo el mundo.


Los citados “derechos humanos”, muchos de ellos recogidos en el derecho positivo y, por tanto, nominalmente garantizados por el Estado; otros abriéndose camino, en ciernes, para un reconocimiento pleno, pero todos derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes, donde la privación de uno de ellos afecta negativamente a los demás.


Lo anterior viene a colación de los derechos humanos que podrían vulnerarse con los profesores de religión en centros públicos, aunque esto pueda parecer insólito e incomprensible, sobre todo escuchando a los sátrapas de la modernidad; pero lo cierto es que el aire que se respira en muchos lugares, está demasiado viciado por gurús de estómagos llenos y agradecidos.


Parece que la deriva que se impone, además de a los derechos constitucionales, son el incumplimiento sistemático de los derechos y libertades proclamados por los Tratados internacionales respecto a la igualdad y no discriminación, por motivos religiosos; la igualdad en el ámbito laboral como sostiene el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (OIT); la igualdad en la enseñanza, recogido en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960; el derecho al trabajo y a la libre elección del mismo, como señala el Convenio sobre la política del empleo (OIT), entre otros derechos directa o indirectamente conculcados.

Algunos quisieran olvidar que la religión y, específicamente, la Iglesia católica han contribuido, aunque no en exclusiva, a la cultura de los derechos humanos concienciando de la radical igualdad y fraternidad entre todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, o del valor de los pobres y los marginados o de la dignidad de toda vida humana por precaria que esta sea. Tampoco entienden que la promoción de la libertad religiosa resulta particularmente importante en la prevención y la lucha contra el fenómeno de la violencia extremista y la radicalización, en la que están involucrados los gobiernos y las organizaciones internacionales, como ha sostenido la Santa Sede a través de su secretario para las Relaciones con los Estados, en el Consejo de Europa.


La percepción, tantas veces viciada, de ciertos privilegios por parte de la Iglesia, aboca a ciertos políticos a muestras de intolerancia y discriminación hacia este colectivo de profesores fundadas en la religión o las convicciones, que se basa en la distorsionada identidad de religión e involucionismo, queriendo recluir la misma en el ámbito de lo privado, pese a lo sostenido por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que indica que la libertad de manifestar la religión o las convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las previstas por la ley: seguridad pública, protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.


También desprecian lo contenido en la Resolución 6/37 del Consejo de Derechos Humanos, respecto a la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las creencias, mandatando la elaboración y aplicación de políticas por medio de las cuales los sistemas de enseñanza promuevan los principios de la tolerancia y el respeto de los demás, la diversidad cultural y la libertad de religión o de creencias.


Sólo desde la transversalidad de los derechos humanos en nuestras sociedades, que se arraiga en el verdadero diálogo, en el entendimiento vacío de psicodramas estériles, en el acuerdo no viciado, llegaremos a conseguir el objeto de una verdadera educación, esto es, el pleno desarrollo de la personalidad humana, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, empoderando a la ciudadanía que de esta forma podrá reclamar sus derechos y alcanzar la paz.