Las excomulgadas habían solicitado que antes se resolviera su demanda contra Iceta El Juzgado de Briviesca no acepta la suspensión del desahucio contra las exclarisas de Belorado
El tribunal admite que no tiene jurisdicción para resolver la validez de los acuerdos adoptados por la Santa Sede, en este caso sobre el nombramiento del Comisario Pontificio
"No existe el pretendido derecho de separación como comunidad, sino que debe ejercerse a título personal e individual. Dicho ejercicio personal e individual fue reconocido por la Iglesia Católica en los correspondientes procesos de declaración de excomunión de cada una de las exreligiosas", señala la Oficina del Comisario
Nuevo golpe a la estrategia de las exclarisas de Belorado. En un auto notificado este lunes a las partes, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Briviesca ha desestimado la cuestión de prejudicialidad planteada por la defensa de las excomulgadas, que pretendían paralizar el proceso de desahucio mientras se dilucidaba la demanda planteada contra el comisario pontificio, Mario Iceta, por supuesta falta de legtimidad del mismo.
En el fallo, que podría suponer un antes y un después en todo el proceso, el Juzgado de Briviesca ordena que el procedimiento de desahucio "siga su curso procesal", tal y como informa la Oficina del Comisario Pontificio. En otro auto, el juez señala que "se abstiene de valorar el nombramiento por parte de la Santa Sede de Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa como Comisario Pontificio, por corresponder este nombramiento a la jurisdicción internacional, desestimando así la petición de las exreligiosas".
La argumentación es la misma que ha defendido siempre monseñor Iceta: "El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, en especial las de culto, jurisdicción y magisterio". Esto es: que el Juzgado de Briviesta no tiene jurisdicción para resolver la validez de los acuerdos adoptados por la Santa Sede.
Sobre el derecho de separación de la Iglesia católica, planteado por la excomunidad religiosa, el Supremo ya recogió jurisprudencia del Tribunal Europe de Derechos Humanos que señala que "el principio de autonomía prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir en su seno nuevos miembros o excluir otros. Igualmente, el art. 9 del Convenio no garantiza ningún derecho a la disidencia en el interior de una organización religiosa; en caso de desacuerdo doctrinal o relativo a la organización entre una comunidad religiosa y uno de sus miembros, la libertad de religión del individuo se ejerce por su facultad de abandonar libremente la comunidad". Por tanto, argumenta al comisario pontificio, "no existe el pretendido derecho de separación como comunidad, sino que debe ejercerse a título personal e individual. Dicho ejercicio personal e individual fue reconocido por la Iglesia Católica en los correspondientes procesos de declaración de excomunión de cada una de las exreligiosas".
