"En el caso del Sodalicio, Roma ya ha dicho algunas cosas, pero no ha terminado de hablar" Detectives del Papa y tinterillos peruanos

(IDL Reporteros).- Lo que no escasea en el Perú son historias que transitan entre la paradoja y el esperpento. En estas semanas, la picaresca nacional devino chibolina: esa exaltación del mal gusto en apariencia tarado,  en verdad mañoso.  La acupuntura de la alcahuetería untuosa que desbloquea la ventaja, la cutra, el cierre, la trampa. En esa rambla farandulera que, cuando se prenden las luces, termina en el atestado, transitaron fiscales, policías, funcionarios, empresarios. Su bulla hizo pasar, virtualmente desapercibida, casi en el “callado contrapunto” quevediano,  otra historia esperpéntica. Nada menos que sobre el desvío de la teología a la tinterillada; del Vaticano a la avenida Abancay, con escala en Azángaro. 

No todos los días aparece alguien por YouTube con la noticia de su inminente excomunión. Eso fue más común hacia fines de la Edad Media, los inicios de la Moderna, cuando la única manera de distribuir rápido la información era Gutenberg o el milagro. Pero esta historia ocurrió en este proceloso siglo XXI, y sucedió en Lima. 

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Dos personas vinculadas con el Sodalicio, Sebastián Blanco y Giuliana Caccia, difundieron por YouTube un vídeo donde aparecen ambos con gestos de recogimiento, anunciando que se abatirá sobre ellos el supremo castigo de la Iglesia, y contando su versión de los hechos que los lleva a desobedecer el ultimátum papal con argumentos que, antes que teológicos, suenan leguleyos y hasta tinterillescos, como podrán ustedes ver y juzgar en esta historia.

Todo empezó cuando el sacerdote catalán Jordi Bertomeu llegó el 23 de julio del 2023 a Lima. Venía como parte de una misión investigativa encargada por el propio Papa Francisco. El más veterano de los dos,  Charles Scicluna, arzobispo de Malta, perdió una conexión de vuelo en Madrid e iba a llegar el día siguiente. 

Les aguardaba una compleja misión. Debían investigar y esclarecer la verdad de los hechos respecto de las graves acusaciones al Sodalicio sobre abusos contra los miembros de la organización y también sobre el crecimiento financiero, los negocios irregulares realizados  aprovechando el Concordato, tratado firmado entre el Perú y el Vaticano en 1980, y que da facilidades tributarias a organizaciones católicas. 

Las primeras denuncias públicas contra el Sodalicio ocurrieron a principios de este siglo. Fueron hechas por exmiembros de la Orden, que revelaron abusos. No tuvieron mayor eco. Y otras subsecuentes tampoco.

La publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” escrito por Pedro Salinas y por mí, Paola Ugaz, en [Planeta, 2015] cambió por completo el escenario. La cascada de revelaciones suscitó otras nuevas y provocó una feroz contracampaña del Sodalicio contra sus autores, basada en calumniosas desinformaciones y acoso judicial.

Eventualmente, a fines de 2022, el Papa Francisco decidió ordenar una investigación a fondo del caso mediante una “misión especial” compuesta por Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.

El alto y delgado Bertomeu contrasta con el bajo y compacto Scicluna como los recordados Benitín y Eneas de la añorada historieta. Detrás de la apariencia, ambos son hábiles, experimentados y eficaces detectives de la Iglesia. Scicluna ha participado en virtualmente todas las mayores investigaciones sobre escándalos de abusos, en particular sexuales, que han sacudido este siglo a la Iglesia en América Latina. 

Investigó primero, en el 2004, el masivo escándalo de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, en  México. Lo hizo por orden del entonces cardenal Ratzinger, antes de que éste se convirtiera en el Papa Benedicto XVI. Luego, junto con Bertomeu, en 2018, fueron enviados a Chile, a investigar las acusaciones contra el obispo Juan Barros, por encubrimiento de los abusos del sacerdote chileno Fernando Karadima. Las investigaciones en ambos casos fueron decisivas. 

Bertomeu, el más joven de los dos, es oficial de la “Sección Disciplinar de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.  Antes se la conoció como la Inquisición. 

Hay un interesante museo sobre sus métodos históricos de investigación en la Plaza Bolívar. Pero ni Bertomeu ni la Inquisición de hoy tienen que ver mucho con Torquemada o con el Gran Inquisidor de Dostoyevski. 

Lo que sí son los dos es detectives con sotana, que han tenido tantas expresiones brillantes en la literatura y algunas en la vida real. 

Y entonces, en julio de 2023, debían investigar y encontrar la verdad de los hechos en el caso del Sodalicio.

Ambos sacerdotes establecieron su centro de operaciones en la Nunciatura Apostólica de la avenida Salaverry, en Jesús María. 

Bertomeu ya había estado ahí en dos ocasiones anteriores preparando una lista cerrada de víctimas y otros declarantes de interés para la misión especial con Scicluna. 

En los días siguientes, los sacerdotes detectives entrevistaron a los campesinos de Catacaos en Piura, a las víctimas de abusos del Sodalicio, a los periodistas que investigaron el caso y a líderes del Sodalicio como el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren; el Superior general, José David Correa, el jefe de los negocios sodálites, el sacerdote Jaime Baertl, entre otros.

Antes de eso, y si bien la lista estaba cerrada por Bertomeu; personal de la Nunciatura le pidió recibir a dos testigos más durante su  primer día, cuando no había llegado aún Scicluna. 

Se trataba de  un hombre y una mujer: Sebastián Blanco y Giuliana Caccia. Y aquel lunes por la tarde, Bertomeu entrevistó a ambos por separado. 

Caccia denunció haber sido hostigada por dos ex sodálites en Twitter/X. No dio sus nombres, pero ahora sabemos que se trataba de José Enrique Escardó (el primer denunciante del Sodalicio en el 2000) y de Martín Scheuch (quien denunció a Baertl -entre otras cosas- por obligarlo a desnudarse y hacer movimientos de fornicación con una silla). Ni Escardó ni Scheuch, han sido considerados víctimas pasibles de reparación por la organización.

Blanco, por su parte, afirmó que el Sodalicio le templó el carácter.  El método educativo del Sodalicio era válido, sostuvo, no obstante “las mentiras” del libro de Salinas y Ugaz. 

Bertomeu, según fuentes con conocimiento del tema, se percató desde el comienzo de la maniobra de Caccia y Blanco, probablemente  enviados por el Sodalicio para desactivar o contaminar la investigación. Así y todo, preguntó a Blanco si él enviaría a su hijo adolescente a San Bartolo, para “templar su carácter”. Blanco guardó silencio. 

La historia resultó más compleja de lo que parecía a simple vista.

Giuliana Caccia, exponente de la llamada “guerra cultural” del catolicismo más fanático,  es comunicadora y tiene un perfil público de encuentros con políticos como el chileno de ultraderecha, José Antonio Kast, charlas en el Congreso donde pide acabar con la supuesta agenda de Naciones Unidas que busca “sexualizarnos” a todos. Sebastián Blanco es menos conocido y acaba de estrenar un programa en youtube cuyo título es  “Gato por liebre”, donde trata de emular a otros youtubers ultracatólicos de derecha.

Ninguno de los dos le dijo a Bertomeu que estaban relacionados entre ellos, dado que desde hace unos años, Caccia es novia del hermano mayor de Sebastian, Ignacio, quien ha sido miembro del Sodalicio desde los 13 años en Arequipa. Ha sido también secretario personal del fundador de la organización católica, Luis Fernando Figari, desde 1992 hasta el 2018. En el 2016, Ignacio Blanco acompañó a Figari a declarar en la embajada del Perú en Italia, donde hizo de chofer y “chaleco” ante los periodistas que lo esperaban para interrogarlo (VIDEO de Figari y los periodistas).

Como parte de su labor de secretario personal de Figari, Ignacio Blanco lo acompañó en los viajes que realizó el fundador del Sodalicio a Italia, España, Chile y Ecuador entre 1998 y 2015; tal y como figura en el registro de sus  movimientos migratorios. E igual estuvo a su lado en los últimos tiempos

Caccia y Blanco son, además, parte de la organización central del Sodalicio, el área de las finanzas que dirige el sacerdote Jaime Baertl. Pero no contaron nada de eso a Bertomeu.

Lo que sí hicieron fue enviarle poco después cartas notariales en las que le reclamaban haber roto el acuerdo de reserva, de confidencialidad de su visita, divulgándola a medios periodísticos. Y cuando las cartas notariales no obtuvieron respuesta denunciaron penalmente a Bertomeu en la fiscalía de Jesús María, por haber, presuntamente violado su deber de respetar la confidencialidad y el secreto profesional. Se basaron sobre todo en una nota publicada por Raúl Tola en el diario La República en la que mencionaba las entrevistas con ambos, sin dar sus nombres.

¿Violó Bertomeu un acuerdo de confidencialidad? ¿lo hubo? Y si tal,  ¿en qué términos se dio? ¿Que la confidencialidad no solo se extendiera a la identidad de los entrevistados sino a la existencia misma de la entrevista? (lo que en periodismo se llama off the record); ¿o que solo se reservara la identidad de los entrevistados pero no la existencia y los temas de la entrevista? (en periodismo se llama a esas entrevistas on background). ¿O que no hubiera ningún compromiso de reserva, ni sobre la entrevista ni sobre la identidad de las fuentes? (en periodismo se denomina en on the record y es, por supuesto, la forma preferida de obtener información.

Fuentes cercanas al pensamiento del sacerdote del Santo Oficio sostienen con énfasis que Bertomeu no suscribió ningún acuerdo de confidencialidad. Que, por lo demás, dada la naturaleza de su misión, le era imposible hacerlo, aunque lo hubiera deseado.

«Ellos pidieron reserva y que [lo hablado] solo se diría al Papa: se les dio la reserva propia de una investigación (no era una conversación privada): [ambos]  comisionados por el Papa, Scicluna y Bertomeu, debían entregarle la información pero habiendo  comprobado su veracidad. 

Quien comprobó la información fue Mons Scicluna. Pudiendo haber revelado con la debida reserva los nombres, Mons Scicluna, al interrogar a dos periodistas para comprobar lo dicho (por cierto, de dominio público todo, pues había sido publicado) no los reveló. 

Algún declarante pidió no revelar ni tan siquiera el nombre al Papa, pero igual se comprobó su veracidad […] En ningún momento se suscribió ningún acuerdo de confidencialidad que, por tratarse de una investigación, no hubiera podido haber sido nunca suscrito por el investigador».

No se necesitó mayor perspicacia para que quedar claro el  objetivo de esa maniobra: contaminar la investigación de Scicluna y Bertomeu con una denuncia penal en Lima, que introdujera por lo menos un resquicio de duda sobre la objetividad y rigor de aquella.

Ese fue, desde el comienzo, una de las estrategias con las que el Sodalicio buscó desacreditar las primeras investigaciones y revelaciones sobre ellos. Desde agresivas campañas de difamación hasta acusaciones penales y hostigamiento judicial. Lo hicieron virtualmente en todos los casos, sin ahorrar medios y consiguieron en muchas ocasiones que sus denuncias, por descabelladas que fueran, resultaran acogidas por fiscales y algunos jueces.

Su capacidad de manejo y manipulación de la fiscalía y el poder judicial fue revelado en gran parte durante la operación Valquiria, a fines del año pasado.

 En las confesiones (bajo el régimen de colaboración eficaz) de la exmano derecha de la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides,  quedó claro que el nombramiento de esta fue coordinado y complotado desde el comienzo por dos personajes: Jose Luis Hauyón y Hernan Garrido Lecca.

Hauyón ha sido el principal abogado del Sodalicio y fue quien dirigió  la estrategia de defensa y ataque de esa organización junto con el abogado Percy García Cavero. Durante su gestión, Benavides puso la Fiscalía a su servicio y cambió o destituyó fiscales de acuerdo con lo que le pedían Garrido Lecca y Hauyón.

No sorprende entonces la afición del Sodalicio por el empapelamiento leguleyo y por la tinterillada de mediana o baja estofa. 

Pero la respuesta de Roma no fue, quizá, la que esperaban 

El pasado 26 de septiembre, Caccia y Blanco fueron convocados a la Nunciatura de Lima, donde les entregaron un precepto penal que los conminaba a retirar la denuncia contra Jordi Bertomeu. El texto tuvo la forma inequívoca de un ultimátum. 

El “término fatal” de las 48 horas pasó. Se convirtió en 72, 96 horas y luego en muchas más.

Ni Caccia ni Blanco se rectificaron. Por lo contrario, publicaron el vídeo donde, con un tono de mártires de la fe, se negaron a obedecer al Papa, no retiraron la denuncia y dijeron que sus principios (cualesquiera fueren) les impedían retirar la denuncia de la fiscalía correspondiente. No dijeron en su video que esa denuncia se extendía a quienes “resulten responsables”, con lo cual dejaron la puerta abierta para intentar el empapelamiento tinterillo hasta del propio Papa.

El Vaticano no respondió hasta ahora el rebelde desacato. No estuvo, sin embargo, inactivo 

Desde que dejó el país, el tándem Scicluna- Bertomeu se dedicó a analizar el material recogido en julio del 2023, organizar las acusaciones contra los victimarios y recoger sus defensas. Las sanciones vendrían desde el Dicasterio para los Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. 

Y así fue. En setiembre del año pasado, solicitaron que se destituya a José Rodríguez Carballo, secretario del Dicasterio para los consagrados, de quien dependía la organización y que defendió al Sodalicio a capa y espada desde que se publicó el libro “Mitad monjes, mitad soldados” en el 2015.

Lo siguiente fue ordenar la salida de José Antonio Eguren, como arzobispo de Piura y Tumbes, en abril pasado. Eguren es de la generación fundacional del Sodalicio. Fue un trago amargo para alguien que durante 18 años fue la persona más poderosa de la región y personaje clave para el crecimiento financiero de la organización en Piura. 

El golpe más fuerte llegó el 14 de agosto pasado: expulsaron al fundador de la organización, Luis Fernando Figari. 

El 25 de setiembre, se expulsó de la organización a otros diez miembros del Sodalicio de entre los que se encuentran el ya mencionado ex Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren; el prorrector de la Universidad San Pablo y representante legal, Miguel Salazar Steiger;  el ex Superior General, Eduardo Regal; por graves faltas. También fueron expulsados los sacerdotes Daniel Cardó y Rafael Ismodes; los laicos consagrados, Humberto del Castillo; Óscar Tokomura; Ricardo Treneman; Erwin Scheuch y el periodista, ex fundador de ACIPRENSA, Alejandro Bermúdez.

En ese contexto, Caccia y Blanco contraponen en su vídeo, ante  la trascendental investigación del Vaticano, su denuncia en la fiscalía de Jesus Maria

Hasta el momento el desenlace del caso no está claro.  No hubo excomunión a las 48 horas pero…hay mucho movimiento en Perú y en el Vaticano. Por lo pronto, hay una investigación de lavado de activos en la fiscalía donde se espera que declaren de enero a julio del próximo año, los miembros de la sección empresarial sodálite: Luis Baertl Jourde (primo de Jaime Baertl), Juan Carlos Len Alvarez, Carlos Miguel Neuenshswander, Mario Rivarola (CEO de inversiones san José), José Ambrozic, y los sacerdotes, José Antonio Eguren y Jaime Baertl. (VER cronograma).

Solía decirse en la antigüedad lo siguiente: Roma locuta, causa finita. 

Las cosas han cambiado. Las causas no acaban con tanta facilidad. Pero cuando Roma habla, la escuchan hasta en Azángaro. Y en este caso, Roma ya ha dicho algunas cosas, pero no ha terminado de hablar.