Contra 'Deportaciones' abusivas en El Seibo: 119 instituciones internacionales firman el comunicado Militares y agentes de Migración violan los derechos fundamentales de familias en República Dominicana

La última reforma importante de la Constitución de la República Dominicana se esmeró en destacar el carácter garantista del ordenamiento jurídico dominicano. Su artículo 39 estatuye que para el Estado dominicano todas las personas son iguales ante la ley y han de recibir por esta razón la misma protección y el mismo trato, pues gozan de los mismos derechos. Igualmente se detiene a precisar, acorde con el espíritu constitucional más actual, que los derechos se disfrutan sin ningún tipo de discriminación, “por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. Entre estos derechos se encuentra el derecho al debido proceso (art. 69) y a no ser privado de libertad de manera arbitraria o irrazonable (art. 71).

Como organizaciones religiosas y sociales denunciamos que este viernes 15 de marzo, desde las 2:00 de la madrugada, militares y agentes de la Dirección General de Migración (DGM) incurrieron de nuevo enprácticas ilegales e injustas contra familias inocentes en Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8, municipio de Santa Cruz de El Seibo, para realizar supuestas deportaciones de haitianos. Es evidente que se están violando los derechos fundamentales de estas personas, quienes están siendo apresadas para ser expulsadas del país sin agotar el debido proceso administrativo y, aún peor, están siendo sometidas a violencia y maltrato generando un clima de temor y vulnerabilidad.

Las imágenes y testimonios que hemos recibido muestran un trato inhumano y degradante hacia estas personas, que independientemente de su origen o situación migratoria, como personas, tienen derecho a un trato humano y digno. Se pueden visualizar los testimonios grabados por el equipo de Radio Seybo en #Migración MALTRATA a menores y mujeres EMBARAZADAS en Villa Guerrero de El Seibo (youtube.com). Es inaceptable que en pleno siglo XXI se perpetúen prácticas discriminatorias y violentas contra grupos de migrantes o de ascendencia extranjera. La falta de un proceso administrativo previo para evaluar individualmente cada caso y garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas es una flagrante violación de los principios básicos de justicia y equidad.

En este sentido, denunciamos:

-El secuestro para “deportación” de niños/as y mujeres embarazadas en la comunidad de Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8. que quedaron severamente traumatizados. Desde entonces, ante el temor de que estos sucesos se vuelvan a repetir, los moradores de estos lugares no duermen en sus casas.

-El robo de dinero, celulares y otros bienes a las familias afectadas, disfrazado de deportaciones por parte de agentes de la DGM y militares.

-El uso de la fuerza y agresión física y verbal a estas mismas familias.

-Estos allanamientosrealizados ilegalmente según el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, 02/12/1999 (firmado por las autoridades dominicanas que prohíbe las deportaciones en horas de la madrugada).

-La detención abusiva de personas con documentación dominicana y documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana y que fueron subidas al camión de migración.

-Que los agentes de “seguridad” están utilizando su cargo para cometer delitos contra la integridad física y el bien de las personas a las que debieran proteger.

Esa misma madrugada se logró liberar a dos niños y dos mujeres embarazadas después de seguir el camión de migración hasta Higüey. No se pudo bajar a un niño que fue llevado hasta Haina y liberado al día siguiente por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) y UNICEF. A destacar que este niño, huérfano de madre, se fue de su casa paterna por miedo a vivir otra vez esta terrible violación a su dignidad y no concilia el sueño en la noche.

Entendemos que este hecho sucedido la madrugada de este viernes, no iba orientado a “salvar a Haití”, pero tampoco iba orientado a “proteger a República Dominicana”.

En estos tiempos tan convulsos y difíciles no podemos permitir que nuestras instituciones dominicanas sean utilizadas para cometer abusos; justo eso es lo que queremos evitar: que la violencia, el pillaje y el desorden afecte a nuestras familias.

Exigimos a las autoridades dominicanas poner fin de inmediato a estas prácticas violatorias de los derechos humanos y que garanticen procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas.

Pedimos al Presidente, Luis Abinader, que ordene el cese de estas prácticas muchas veces encaminadas a la extorsión y al hurto, e instamos a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger los derechos de estas personas, las más débiles de la sociedad dominicana.

A destacar que, desde hace un tiempo, no se está renovando la residencia a los dominicanos de ascendencia haitiana los cuales permanecen en un limbo jurídico después de haber sido beneficiarios por la Ley 169-14 promulgada con la finalidad de solucionar los efectos de la Sentencia 168-13 que despojó de forma retroactiva del derecho a la nacionalidad a más de cuatro generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana basándose en el origen de sus padres.

Que la Virgen de la Altagracia, que fue testigo fiel en Higüey de dichos abusos a sus hijos e hijas, interceda por estas familias y por una sociedad donde logremos la paz y la armonía al descubrirnos hermanos e hijos de un mismo Dios.