Asamblea Plenaria del episcopado argentino esta semana en Pilar Obispos de Argentina debaten si pronunciarse o no sobre la situación del país, en vísperas electorales

(Valores Religiosos).- El centenar de obispos del país celebrarán desde el lunes y hasta el viernes su primera asamblea plenaria del año en la que se prevé un intenso debate sobre la conveniencia de difundir una declaración sobre la delicada situación del país, sumido en una profunda crisis económica en medio de fuertes tensiones internas en el oficialismo que gatillaron en los últimos días una subida del dólar.

En los últimos años, la Iglesia evitó emitir pronunciamientos con voltaje político, particularmente tras sus plenarios, con el argumento de que la marcada polarización de la política vernácula provoca que toda palabra sea manipulada de un lado y del otro de la grieta y que, en definitiva, se termine echando más leña al fuego en lugar de hacer un aporte constructivo.

La excepción fue cuando se planteó el debate por la legalización del aborto impulsado por el presidente y la Iglesia, además de su rechazo de fondo al proyecto, criticó que se lo debatiera “en el peor momento de la pandemia”. Y como la votación que consagró la ley fue en diciembre no le pidieron la tradicional audiencia para presentarle los saludos navideños.

Siempre hubo obispos que consideraban que la Iglesia debía pronunciarse, pero no se llegaba al consenso suficiente. Eran obispos que añoran los tiempos en que cada vez que concluían un plenario difundían una declaración sobre la realidad nacional. Otros consideran que los documentos no tienen ningún efecto práctico porque la Iglesia perdió peso.

Aunque las elecciones ya comenzaron en dos provincias y algunos obispos temen ser acusados de interferir en las campañas, lo cierto es que este será el último plenario que realicen antes de las elecciones presidenciales de octubre ya que el siguiente será en noviembre y, por tanto, la única ocasión de un pronunciamiento de todo el cuerpo.

La prestigiosa revista católica Criterio advirtió meses atrás en un editorial que el no pronunciarse públicamente conlleva el riesgo en toda institución de no asumir la responsabilidad que la situación exige y terminar siendo acusada de haber mirado para otro lado como ya sucedió durante la dictadura, si bien no son situaciones equivalentes.

Sin embargo, la Iglesia comenzó a fines del año pasado a alzar la voz. La cúpula del Episcopado salió al cruce del desconocimiento -acompañado de duras críticas- por parte del Gobierno nacional de un fallo de la Corte Suprema que había beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires en un reclamo por fondos coparticipables.

Encabezada por su presidente, monseñor Oscar Ojea, reclamó “el máximo respeto” a la Constitución y abogó por “dejar de lado todo (…) lo que ponga en riesgo la institucionalidad”. Además, consideró “imprescindible superar la desmesura que nos lleva a agredir y descalificar a quienes no piensan como nosotros”.

Los que sostienen que lo que dice la Iglesia al gobierno le entra por un oído y le sale por el otro pudieron confirmar su hipótesis apenas tres días después cuando el presidente Alberto Fernández anunció el primer día del año que impulsaría un juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

En febrero los obispos del noroeste afirmaron tras su encuentro anual que la democracia siempre debe basarse en “la división de poderes” y que no la hay plenamente “sin inclusión e integración de los pobres, excluidos y sobrantes de nuestra sociedad, que son cada día más”.

Pocos días antes había irrumpido el Papa Francisco. “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, dijo y consideró “impresionante” la inflación.

Con el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza y la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la Iglesia volvió a irrumpir en la escena nacional con una declaración muy dura de los obispos matanceros de San Justo y Laferrere.

Denunciaron “territorios liberados o negociados” y “una guerra de pobres contra pobres” y advirtieron sobre “el riesgo de ser una sociedad que empiece a hacer justicia por su propia mano”, lo que generaría situaciones de injusticia y de violencia “aún más grandes”.

No es un dato menor que los obispos firmantes -Jorge Torres Carbonell y Eduardo García, sacerdotes ascendidos por Jorge Bergoglio- hayan criticado al gobierno de la provincia en el principal bastión electoral del kirchnerismo: La Matanza.

Los obispos sesionarán desde el lunes a la tarde en la casa de retiros espirituales El Cenáculo, en Pilar, donde abordarán una nutrida agenda de temas pastorales y escucharán informes de comisiones episcopales como la de Educación.

Además, expondrán los autores de la monumental investigación sobre el papel de la Iglesia ante la violencia política de los '70 que derivó en tres tomos del libro "La verdad los hará libres", dos de ellos presentados días pasados.

En la mañana del lunes los obispos participarán en la catedral metropolitana de una misa por el décimo aniversario de la elección papal de Jorge Bergoglio.

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