Como respuesta "moral, compasiva y necesaria" a la crisis en el país caribeño La Iglesia estadounidense insta a Trump a que proteja a los migrantes venezolanos

El 4 de abril de 2019, el Obispo Joe S. Vásquez de Austin, Presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), y Sean Callahan, Director Ejecutivo de Catholic Relief Services (CRS), enviaron juntos una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al Secretario de Estado, Michael Pompeo, instando a que se asignen 18 meses de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un estatus migratorio temporal, renovable y autorizado por ley que permite a los individuos permanecer y trabajar legalmente en los EE.UU. durante un período en el que se considera inseguro que los nacionales regresen a su país de origen.

Para Venezuela no existe una designación actual de TPS. Sin embargo, afirman Mons. Vásquez y Sean Callahan, que las condiciones del país y la inestabilidad política existente han creado una situación en la que los nacionales venezolanos no pueden ser devueltos a sus hogares en condiciones de seguridad en este momento.

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal venezolana ha advertido recientemente sobre las numerosas violaciones de los derechos humanos fundamentales infligidas por la policía del país y la violación del acceso de los ciudadanos a la salud y a los medicamentos. Otras instituciones católicas también han informado sobre la aguda escasez de alimentos y la malnutrición a la que se enfrenta el país.

Respuesta "moral, compasiva y necesaria"

Por las razones antes expuestas, insisten en la carta, “Creemos que proporcionar una designación de TPS para Venezuela es también una respuesta moral, compasiva y necesaria. El TPS aseguraría que, unos 150.000 venezolanos que califiquen aquí en Estados Unidos, no sean devueltos a situaciones peligrosas y que pongan en peligro su vida y les daría la oportunidad de vivir con dignidad, trabajar legalmente y proveer bienestar a sus familias hasta que puedan regresar a casa con seguridad”.

El Obispo Vásquez  y Callahan insistieron en que:  "Debemos proporcionar ayuda humanitaria a todos nuestros hermanos y hermanas venezolanos necesitados, ya sea que vivan en Estados Unidos, en otros países sudamericanos o en la propia Venezuela".

UNICEF pide proteger los derechos de los niños

La alarmante situación del pueblo venezolano preocupa también a varias organizaciones internacionales, entre ellas, UNICEF.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia denuncia que debido a la crisis migratoria en Venezuela, en 2019 se estima que más de un millón de niños y niñas -incluidos los que migran desde Venezuela, los que han regresado al país y los que viven en comunidades tanto de acogida como de tránsito- necesitarán protección y acceso a los servicios básicos en América Latina y el Caribe.

Asimismo, la organización exhorta a los gobiernos de la región a que defiendan los derechos de los menores, incluidos los migrantes y los refugiados, y garanticen su acceso a los servicios esenciales.

Urgente ayuda a las regiones afectadas

Los asociados humanitarios estiman que este año hasta 4,9 millones de personas en la región -incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago- necesitarán ayuda debido a las condiciones económicas y políticas venezolanas que están impulsando la migración regional.

"UNICEF se siente alentado por los esfuerzos del gobierno para buscar conjuntamente soluciones regionales a los desafíos que plantea la migración en gran escala, de conformidad con las normas internacionales y las leyes nacionales, como el protocolo adoptado por el Ecuador para proteger a los menores migrantes", explica María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Dificultad para regularizar a los migrantes

Sin embargo, está claro que a medida que la crisis en este país continúa y el número de migrantes venezolanos en la región aumenta, los servicios esenciales como la protección, la atención de la salud y la educación en los países de tránsito y de acogida se verán sometidos a una presión adicional.

Por su parte, los niños y las familias migrantes se enfrentan a dificultades para regularizar su situación migratoria, lo que puede afectar al acceso a la protección social, la atención de la salud, el desarrollo en la primera infancia, la educación, los medios de subsistencia sostenibles y la protección de la infancia. Mientras tanto, la falta de políticas públicas integrales en materia de migración en los países de acogida está exponiendo a los niños a un mayor riesgo de discriminación, violencia, separación familiar, explotación y abuso.

Discriminación y xenofobia preocupante 

En este contexto, UNICEF muestra su particular preocupación por las denuncias de xenofobia, discriminación y violencia contra los niños venezolanos y sus familias en las comunidades de acogida.

Algunos migrantes -incluidos los niños no acompañados y separados de sus familias, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y la población indígena- corren un mayor riesgo, asegura el organismo de Naciones Unidas argumentando que registrar a los menores migrantes, "es el primer paso para garantizar sus derechos ya que los resultados del proceso de registro también proporcionan a los estados información valiosa para planificar y presupuestar su respuesta".