La ultraderecha acusa a Sánchez de “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica" Todo el Parlamento, excepto VOX, alienta al Congreso a tomar medidas para atajar los abusos sexuales en la Iglesia

Apoyo casi unánime a las víctimas de abusos, y a la necesidad de que el Parlamento “pase de las palabras a los hechos” y tome medidas efectivas para atajar la pederastia en el seno de la Iglesia. Sólo la ultraderecha de VOX aprovechó sus siete minutos de ‘gloria’ para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una “borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica” con la encomienda (aprobada en su día por la Cámara Baja) de que el Defensor del Pueblo llevara a cabo un informe sobre la pederastia clerical.

También resultó muy crítica la intervención de Ione Belarra (Podemos), quien lamentó que “el PSOE se equivocó en el enfoque”, un “proceso a puerta cerrada” que “ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el debate público”, lo que “contribuye a perpetuar el silencio”. “A la jerarquía le da igual lo que han hecho los agresores. No contarán con nuestro silencio ni complacencia”, resaltó Belarra, quien exigió revisar los acuerdos en materia educativa con la Iglesia y “separar la infancia de una institución que no hace nada por atajar el escándalo de violencia sexual. Es una obligación democrática”.

Por su parte, el PNV avaló el “informe serio, objetivo y empático” del Defensor del Pueblo, y criticó, como la práctica totalidad de los grupos, la “respuesta de minimización” por parte de la Iglesia católica. “Las víctimas deben ser escuchadas, tienen derecho a la verdad y se debe hacer justicia, la iglesia tiene que hacer una reflexión seria”, recalcó el grupo vasco, mostrando su apoyo a las propuestas planteadas por Ángel Gabilondo. 

Por su parte, Bildu exigió el desarrollo de una normativa que obligue e la Iglesia “la reparación en un proceso transparente”, y la creación de un fondo estatal “financiado solo con la contribución de la Iglesia”, algo que también defendieron Junst y  ERC. Por parte de los republicanos, Jordi Salvador denunció la “inaceptable impunidad que todavía persiste”. “400.000 niñas y niños, que no son sino la punta del iceberg de una sociedad que produjo un nacionalcatolicismo criminal (…). Es intolerable en una democracia que se dice justa”, recalcó, exigiendo al congreso que “esté a la altura”.

“400.000 niñas y niños, que no son sino la punta del iceberg de una sociedad que produjo un nacionalcatolicismo criminal (…). Es intolerable en una democracia que se dice justa”, recalcó, exigiendo al congreso que “esté a la altura”

“Hemos de exigir acciones concretas, asunción de responsabilidades. En este estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso”, recalcó Salvador, quien incidió en que ha de ser la Iglesia la que cargue con las indemnizaciones: “No tenemos que pagar nosotros por los delitos de otros”. Al tiempo, propusieron, junto al resto de la izquierda, la imprescriptibilidad retroactiva de los abusos, y la revisión del Concordato, “una reliquia del pasado que otorga privilegios inaceptables”.

Desde SUMAR, se acogió el informe del Defensor del Pueblo, reconociendo que “hemos fallado como sociedad, y ahora toca pedir perdón y hacer política de verdad para enmendar ese error”.  Así, se propuso crear una comisión de trabajo “con la mayor premura posible” para cumplir con las recomendaciones del informe.

📺 TV en DIRECTO | Ignacio Hoces, de Vox: “No veremos un informe del defensor del pueblo acerca de las consecuencias de importar inmigrantes ilegales de culturas ajenas a la nuestra, donde el abuso es norma” https://t.co/EGg1fvfbwtpic.twitter.com/eunfpAmGab

— EL PAÍS (@el_pais) November 21, 2024

Sin lugar a dudas, el protagonista fue el diputado de VOX Hoces Íñiguez quien, tras asegurar que “exigimos las penas más duras para los autores de estas atrocidades: que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas”, arremetió contra Gabilondo asegurando que “el Defensor del Pueblo es el defensor de Pedro Sánchez”, y vertiendo dudas sobre los testimonios de las víctimas. “Estamos seguros de que muchos casos son verdad, pero muchos otros han dejado mucho que desear. Gabilondo no ha estado a la altura”, señaló VOX, quien acusó al PSOE de ser “expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política” y de “estar dispuestos a todo con tal de tapar la corrupción”.

“Al PSOE no importan las victimas, ni los victimarios, simples peones en su borrachera de revancha histórica contra la Iglesia católica”, lanzó Hoces, que acusó a Pedro Sánchez de utilizar  a las víctimas como “munición para atacar a la iglesia”, y denunciando a la izquierda de “introducir la ideología trans a los niños”. “Es una aberración de perturbados, una enferma promoción de la pederastia”, finalizó el diputado de la ultraderecha.

Sus palabras fueron contestadas por el diputado del PSOE Herminio Rufino Sánchez, quien acusó a VOX de “no tener entrañas” y “revictimizar a las víctimas”. Utilizando los testimonios de varias de ellas, el PSOE anunció que “es necesario responder, ahora es el turno de las instituciones y poderes públicos” para ofrecer respuestas y reparación a los supervivientes de la pederastia, con un plan de respuesta cuyo objetivo sea “saldar una deuda con todas las víctimas que han estado olvidadas y silenciadas” y llamando a la Iglesia católica a “dar pasos en ese sentido”.  En este punto, anunció, “la voluntad del Gobierno de España sigue siendo la de llegar a un acuerdo e implementar las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. “El PSOE siempre estará con las víctimas, nunca con los agresores”.

Finalmente, Marta González Vázquez, por el PP, lamentó las ausencias de los ministros Bolaños (Justicia) y Rego (Infancia) en el debate, y saludó el informe del Defensor, aunque matizó que sus datos son “útiles pero distorsionados” al no tener en cuenta el fenómeno global de los abusos, sino únicamente su impacto en la Iglesia católica. Al tiempo, defendió la progresiva toma de postura de la Iglesia, y avaló la “reparación integral” propuesta por los obispos en el plan PRIVA. “A los poderes públicos nos corresponde la tarea de atajar y eliminar esta lacra en todos los ámbitos”, finalizó.