Iñigo Barrón. El Pais. La intervención de Cajasur es una noticia muy negativa para la economía española, para la deuda soberana, para el Gobierno y, cómo no, para el sistema financiero. Los agoreros que vaticinaban quiebras de entidades financieras por la burbuja inmobiliaria dirán que tenían razón, que el sistema financiero español tiene más problemas de los que admite. Sin embargo, la situación no es comparable con la que han vivido Reino Unido, EE UU, Holanda o Irlanda, donde han quebrado los bancos más importantes. Cajasur supone apenas el 0,6% de los activos del sector. Y aun así, el efecto de preferir la intervención a una fusión con Unicaja puede acarrear graves consecuencias por la tensa situación que viven los mercados internacionales: puede provocar un efecto dominó sobre el sector financiero e incluso sobre la ya de por sí complicada situación fiscal. Es previsible que la próxima semana aumenten los problemas para la deuda española. Por eso, la decisión de los sacerdotes-consejeros de pedir la intervención del Banco de España es de una irresponsabilidad mayúscula.

La caja cordobesa tenía que negociar una reducción de plantilla y una rebaja de salarios porque sus trabajadores y directivos cobran más que los de Unicaja. Pero en Cajasur tienen presente que en la intervención de CCM no ha habido ni un solo despido. La diferencia es que en ese caso no hay solapamiento de oficinas con la entidad absorbente, Cajastur.

La caja cordobesa ha quedado al margen de los acuerdos entre el presidente Zapatero y Mariano Rajoy sobre el sistema financiero. En aquella reunión convinieron que PP y PSOE colaborarían para acelerar las fusiones, pero Cajasur -y su estructura jerárquica- no es de este mundo. La situación de la entidad, prácticamente en bancarrota, pone de manifiesto el anacronismo que supone que la Iglesia controle una entidad de ahorro con 19.000 millones en activos y 14.500 millones en depósitos.

Tras este episodio no faltarán quienes acusen al Banco de España de falta de autoridad. Lo cierto es que lo intentó todo hasta el final: Unicaja aceptó la fusión, prolongó los plazos acordados, y la entidad casi quebrada, Cajasur, se negó a firmar cuando ya parecía todo atado. Caerán palos sobre el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que cometió errores con CCM.

Ahora queda lo peor: pagar los errores de gestión de Cajasur, con un agujero inmobiliario y de morosidad cercano a los 2.000 millones. El supervisor tiene la alternativa de trocear la entidad, con un mayor coste laboral: sea como sea, son pésimas noticias para Zapatero, para la banca española y tal vez incluso para el euro.