Saltó a titulares la muerte de Chantal Sébire, en Francia, tras ocho años de avance irreversible del tumor nasal que le deformó el rostro. Y se repitió por enésima vez el atasco en la encrucijada de las eutanasias.

“Eutanasias”: así, en plural, para contrarrestar la consabida confusión en torno a este tema manipulada a menudo, tanto por quienes apoyan la revisión de la legislación vigente como por quienes se oponen a su modificación. Hay que distinguir dos usos distintos de esta palabra: uno, en el mal sentido divulgado del término, confundiéndola con el suicidio o con el homicidio por compasión; otro, en el sentido exacto en que se usa jurídicamente, para determinar sus condiciones allí donde la legislación lo admite.

Se habla a veces de eutanasia, en un sentido inexacto, para referirse a acciones que deberían llamarse con otros nombres. Por ejemplo, el genocidio nazi, el homicidio discriminador de personas con discapacidad o demencia senil, la aplicación irresponsable de medicación letal, la supresión no indicada de recursos de mantenimiento vital sin el debido consentimiento o sin cumplir los protocolos establecidos, o el abandono y negligencia en la atención a personas ancianas con consecuencias fatales.

Al incluir estos casos en un único hatillo, etiquetado como “eutanasia”, se provoca naturalmente rechazo. Obviamente no podemos aprobar dichos compòrtamientos. Pero se produce, como vaivén pendular, la reacción opuesta: el público en general se pone en guardia frente a propuestas de despenalización de situaciones excepcionales que deberían ser tomadas en cuenta seriamente.

La legislatura no se atreve a tocar este punto por miedo a la reacción exagerada por parte de instancias ideológicas eclesiásticas o políticas. Esta ideologización religioso-política del tema no ayuda al debate cívico sereno, jurídico y ético, sobre las condiciones requeridas para prevenir abusos en el supuesto de una posible despenalización de algunos casos de eutanasia. Este debate debería preceder al debate parlamentartio en una sociedad plural y normalmente democrática.

Un ejemplo del otro uso de la palabra eutanasia, en el mejor sentido del término, es el Informe del Instituto Borja de Bioética (2005), que la define así:”Eutanasia es toda conducta de un médico, u otro profesional sanitario bajo su dirección, que causa de forma directa la muerte de una persona que padece una enfermedad o lesión incurable con los conocimientos médicos actuales, que por su naturaleza le provoca un padecimiento insoportable y le causará la muerte en poco tiempo. Esta conducta responde a una petición expresada de forma libre y reiterada, y se lleva a cabo con la intención de liberarle de este padecimiento, procurándole un bien y respetando su voluntad”.

Las orientaciones publicadas por la Orden Hospitalaria de san Juan de Dios en su libro Humanizar el proceso de morir (2007) precisan así: “Si se ponen en práctica los medios acerca del cuidado paliativo terminal, es de esperar que disminuirán las peticiones de eutanasia. Pero aun teniendo acceso a estos recursos, no se puede descartar que se presenten situaciones muy especiales, en las que el paciente desee que se pueda acceder a su petición de eutanasia”.

En los próximos años tendrá que debatirse este tema en nuestro país. Sería deseable que no se ideologizara, ni religiosa ni políticamente (por parte de los respectivos portavoces), sino que se pudiese tratar con amplitud de miras cívica y perspectiva estatal, no partidista ni electoralista.

Al debatir así, habría que tener presentes, ante todo, los puntos siguientes: 1) No plantear la cuestión como si se tratase de elegir entre paliativos y eutanasia dilemáticamente. 2) Garantizar debidamente el acceso igualitario a los cuidados paliativos, incluida la sedación indicada, consentida y protocolizada. 3) Precisar las condiciones para evitar los abusos. 4) No evaluar la legislación despenalizadora desde la perspectiva de una determinada creencia religiosa.

Desde el punto de vista ético, este problema tiene aspectos en común con el de la interrupción del embarazo. No se puede reducir al dilema entre posturas a favor y en contra (como si las primeras fuesen a priori contra la vida y solamente las segundas fuesen acreedoras a llamarse pro-vida o como si para llamarse pro-vida hubiera que estar incondicionalmente a favor de una moral sin excepciones).

Sea cual sea la decisión última que se tome ante una situación terminal, médica y éticamente compleja y conflictiva, la pregunta clave a plantearse siempre será: ¿Se respeta la autonomía y dignidad de la persona paciente, teniendo en cuenta también las repercusiones en otras personas? ¿Es ese respeto la motivación básica que apoya la decisión?

Desde el punto de vista religioso, creo que asumir críticamente una legislación despenalizadora es compatible con una postura personal situada en una opción más exigente desde una ética de máximos. Lo añado, a título de testimonio personal, formulándolo así: Mis creencias me invitan, sin obligarme, a no optar por la petición de eutanasia, pero no tengo derecho a imponer esta postura en una sociedad plural; sino solamente a pedir que me respeten, del mismo modo que respeto a quienes, ya sea con religiosidad o sin ella, defiendan la opción contraria.

(Publicado en La Verdad, de Murcia, el 12 de abril, 2008)