Protesta de Justicia y Paz contra el gobierno japonés
El Consejo Nacional Católico de Justicia y Paz, presidido por el obispo
Katsuya Taiji, de la diócesis de Sapporo, ha elevado una fuerte protesta al gobierno japonés de Abe Shinzo en los términos siguientes:
"Protestamos seriamente por la aprobación forzada (el 15 de Julio, 2015)de los proyectos de ley relacionados con el Tratado de Seguridad.
Ya en 2014 (el 27 de Junio), en vísperas de la decisión en gabinete gubernamental de aprobar la presentación del proyecto de ley (reinterpretadora de la Constitución) sobre el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, enviamos al gobierno la siguiente declaración de oposición:
“Ante el 70 Aniversario del fin de la guerra, nosotros reiteramos nuestra fidelidad, respeto y defensa de la Constitución, especialmente por lo que se refiere al llamamiento para construir la paz internacional, el juramento del prólogo de la Constitución, que expresa el compromiso perenne con la paz, y el artículo 9 que determina la renuncia a la guerra. Gracias a esta postura constitucional, Japón, estando como antes en medio de una sociedad internacional en que no cesan los conflictos bélicos, no ha dado lugar a ninguna víctima mortal de guerra, ni en el propio país ni en el extranjero.Sin embargo, el Gabinete de Gobierno del Primer Ministro Abe, al arrogarse reinterpretar la Constitución, pretende bajar el telón después de 70 años de postguerra y reconocer el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva.
Hasta ahora la interpretación de la Constituciónpor por parte del gobierno se mantuvo fiel a limitarse al ejercicio del derecho a la autodefensa en el marco reconocido por el artículo 9 de la Constitución, es decir, queda fuera del marco constitucional la posibilidad de reconocer el ejercicicio del derecho de autodefensa colectiva cuando el propio país no está siendo atacado directamente. Sin embargo, el gobierno actual pretende cambiar ampliamente la interpretación de la Constitución para dar cabida a ese caso excluído por ella.”
Tal cambio de interpretación viola el principio fundamental de la Constitución. Llevar a cabo ese cambio por solo un Consejo de Ministros constituye una negación de la constitucionalidad. Es algo inadmisible que no se debe permitir.
El gobierno del Primer Ministro Abe no prestó oidos a esta protesta nuestra, llevó a cabo (el 1 de Julio) la decisión ministerial de reconocer el ejercicio de autodefensa colectiva. Además, basándose el gobierno en esta decisión ministerial, presentó en el Congreso, en un solo paquete, 11 proyectos legislativos muy importantes, relacionados con el Tratado de Seguridad, y forzó su aprobación en el Comité especial del Congreso sobre la paz y seguridad (el pasado 15 de Julio).
El gobierno de Abe, pretextando la tensión en las relaciones internacionales, insiste en que precisamente como camino hacia la paz, hay que reforzar la capacidad militar disuasoria. Sin embargo, el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva más bien acentúa el peligro de aumentar las tensiones internacionales y ocasionar el surgimiento del terrorismo, abre el camino a la carrera armamentística, y facilita decisiones autoritarias unilaterales del gobierno para participar en intervenciones bélicas en el extranjero.
El reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva constituye una violación de la Constitución. Así ha sido afirmado hasta ahora como opinión oficial por los gobiernos de nuestro país. La Asociación Nacional de Abogados y muchos especialistas en derecho constitucional coinciden en esta opinión. La aprobación de esta legislación para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva significa ignorar la Constitución y amenaza los cimientos de un estado constitucional. Cuando el estado constitucional se derrumba, después de él solo queda el poder dictatorial.
La paz no consiste an la ausencia de guerra, ni en mantener en equilibrio disuasorio a las partes enemigas, ni se logra con poderes dictatoriales. Lo que hace falta para establecer la paz en la tierra es la voluntad firme de respetar la dignidad de las otras personas y los otros pueblos y la práctica del amor fraternal, como proclama la Constitución pastoral soobre la Iglesia en el Mundo actual, del Concilio Vaticano II.
Así lo entendemos nosotros, en el Consejo Nacional Católico de Justicia y Paz. La legislación relativa al Tratado de Seguridad, para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, se opone frontalmente a nuestra manera de entender la paz, porque acentúa las tensiones internacionales, incita los ánimos a la guerra,amenaza al estado constitucional y abre el camino hacia una sociedad gobernada dictatorialmente.
Nosotros, desde este Consejo Nacional Católico de Justicia y Paz, nos oponemos y protestamos firmemente por la aprobación, forzada en el Comité especial del Congreso para la Paz y la Seguridad,、de esta legislación relacionada con el Tratado de Seguridad.
Katsuya Taiji, de la diócesis de Sapporo, ha elevado una fuerte protesta al gobierno japonés de Abe Shinzo en los términos siguientes:
"Protestamos seriamente por la aprobación forzada (el 15 de Julio, 2015)de los proyectos de ley relacionados con el Tratado de Seguridad.
Ya en 2014 (el 27 de Junio), en vísperas de la decisión en gabinete gubernamental de aprobar la presentación del proyecto de ley (reinterpretadora de la Constitución) sobre el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, enviamos al gobierno la siguiente declaración de oposición:
“Ante el 70 Aniversario del fin de la guerra, nosotros reiteramos nuestra fidelidad, respeto y defensa de la Constitución, especialmente por lo que se refiere al llamamiento para construir la paz internacional, el juramento del prólogo de la Constitución, que expresa el compromiso perenne con la paz, y el artículo 9 que determina la renuncia a la guerra. Gracias a esta postura constitucional, Japón, estando como antes en medio de una sociedad internacional en que no cesan los conflictos bélicos, no ha dado lugar a ninguna víctima mortal de guerra, ni en el propio país ni en el extranjero.Sin embargo, el Gabinete de Gobierno del Primer Ministro Abe, al arrogarse reinterpretar la Constitución, pretende bajar el telón después de 70 años de postguerra y reconocer el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva.
Hasta ahora la interpretación de la Constituciónpor por parte del gobierno se mantuvo fiel a limitarse al ejercicio del derecho a la autodefensa en el marco reconocido por el artículo 9 de la Constitución, es decir, queda fuera del marco constitucional la posibilidad de reconocer el ejercicicio del derecho de autodefensa colectiva cuando el propio país no está siendo atacado directamente. Sin embargo, el gobierno actual pretende cambiar ampliamente la interpretación de la Constitución para dar cabida a ese caso excluído por ella.”
Tal cambio de interpretación viola el principio fundamental de la Constitución. Llevar a cabo ese cambio por solo un Consejo de Ministros constituye una negación de la constitucionalidad. Es algo inadmisible que no se debe permitir.
El gobierno del Primer Ministro Abe no prestó oidos a esta protesta nuestra, llevó a cabo (el 1 de Julio) la decisión ministerial de reconocer el ejercicio de autodefensa colectiva. Además, basándose el gobierno en esta decisión ministerial, presentó en el Congreso, en un solo paquete, 11 proyectos legislativos muy importantes, relacionados con el Tratado de Seguridad, y forzó su aprobación en el Comité especial del Congreso sobre la paz y seguridad (el pasado 15 de Julio).
El gobierno de Abe, pretextando la tensión en las relaciones internacionales, insiste en que precisamente como camino hacia la paz, hay que reforzar la capacidad militar disuasoria. Sin embargo, el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva más bien acentúa el peligro de aumentar las tensiones internacionales y ocasionar el surgimiento del terrorismo, abre el camino a la carrera armamentística, y facilita decisiones autoritarias unilaterales del gobierno para participar en intervenciones bélicas en el extranjero.
El reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva constituye una violación de la Constitución. Así ha sido afirmado hasta ahora como opinión oficial por los gobiernos de nuestro país. La Asociación Nacional de Abogados y muchos especialistas en derecho constitucional coinciden en esta opinión. La aprobación de esta legislación para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva significa ignorar la Constitución y amenaza los cimientos de un estado constitucional. Cuando el estado constitucional se derrumba, después de él solo queda el poder dictatorial.
La paz no consiste an la ausencia de guerra, ni en mantener en equilibrio disuasorio a las partes enemigas, ni se logra con poderes dictatoriales. Lo que hace falta para establecer la paz en la tierra es la voluntad firme de respetar la dignidad de las otras personas y los otros pueblos y la práctica del amor fraternal, como proclama la Constitución pastoral soobre la Iglesia en el Mundo actual, del Concilio Vaticano II.
Así lo entendemos nosotros, en el Consejo Nacional Católico de Justicia y Paz. La legislación relativa al Tratado de Seguridad, para llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva, se opone frontalmente a nuestra manera de entender la paz, porque acentúa las tensiones internacionales, incita los ánimos a la guerra,amenaza al estado constitucional y abre el camino hacia una sociedad gobernada dictatorialmente.
Nosotros, desde este Consejo Nacional Católico de Justicia y Paz, nos oponemos y protestamos firmemente por la aprobación, forzada en el Comité especial del Congreso para la Paz y la Seguridad,、de esta legislación relacionada con el Tratado de Seguridad.
