Un giro en 360 grados de la ciudadanía sería la mejor imagen para retratar un proceso que llevó cuatro años. Esto implica volver al punto inicial para empezar de nuevo, pero ─ahora sí─ buscando en el diálogo genuino e inclusivo las soluciones a los problemas estructurales del país: la injusticia y la desigualdad.

Así podemos concluir luego que en el plebiscito constitucional de ayer domingo (17.12.2023) en Chile, la ciudadanía se manifestó contundentemente rechazando el proyecto ofrecido en este segundo proceso constitucional y redactado por una convención conformada mayoritariamente por la derecha y extrema derecha.

Según datos oficiales del Servicio Electoral (Servel), al cierre de esta nota y computado el 99.33% de las mesas escrutadas, el resultado fue de 44,2% para la opción "A Favor" y un 55,7% para el "En Contra".

Ante todo, en el contexto latinoamericano, donde varias naciones han enfrentado desafíos políticos y sociales significativos, la decisión de Chile de seguir un camino reflexivo y deliberativo bajo estricto respeto a la democracia implica un capital político y social indudable.  Quizás, el mayor aprendizaje que surge es que con estabilidad y madurez democrática es posible lograr una evolución constante que considere todas las perspectivas y realidades sociales.

Lo anterior implica una mayor confianza en las instituciones democráticas existentes y, sobre todo, la necesidad de promover un mayor diálogo y entendimiento político. En un ambiente de la élite polarizada como venía ocurriendo, esta decisión ciudadana del domingo último, podría ser un punto de partida para un diálogo renovado y más inclusivo, abriendo caminos para soluciones más equilibradas y representativas.

“No me cabe ninguna duda de que lo que demanda la ciudadanía es una mayor capacidad de diálogo, pero sobre todo de acción, abandonar las trincheras y encontrar soluciones a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas”, sentenció el presidente Gabiel Boric la noche del domingo. Y añadió: “el resultado de este plebiscito más que una celebración es un fuerte llamado de atención”, y convocó a urgentes acuerdos para sacar adelante la reforma fiscal, de la salud y de las pensiones entre otras.

La Conferencia Episcopal de Chile, en la noche del domingo y conocido los resultados del plebiscito, emitió un comunicado en que interpreta señalando que “la mayoría de los chilenos valoran los acuerdos y los grandes consensos en materia social y política, y esperan que sus líderes avancen por esa senda. Los últimos años han estado marcados por la polarización y la fragmentación, provocando en la población un distanciamiento y desvalorización de la vida política, lo que no hace bien a nuestra democracia”.

Casi un mes antes de este evento, los obispos católicos en un documento denominado “Democracia, Constitución y superación de la crisis” enfatizaban el valor de la democracia y la necesidad de una participación informada de todos y todas en el proceso constitucional.

Y de modo claro, visualizaban: "evidente que un texto constitucional no resolverá de inmediato las dificultades que hoy padecemos, pero sea cual sea el resultado del próximo plebiscito, es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas".

La Iglesia Católica en Chile, que históricamente fue un sujeto influyente en asuntos sociales y políticos, había mostrado debilidad en su voz más pública durante este proceso de los últimos cuatro años, aunque en sus declaraciones ─sumando y restando y muchas veces desconocidas o poco comprendidas por la opinión pública─ reflejaban una búsqueda por la diversidad de perspectivas y respeto a la dignidad humana.

Es decir, la postura de la Iglesia frente al plebiscito reflejó una compleja mezcla de apoyo al cambio social y al mismo tiempo una cautela frente a modificaciones que podrían contradecir sus enseñanzas morales, éticas y los valores tradicionales que busca preservar.

Hoy, con la contundente expresión ciudadana de ayer domingo, a la Iglesia le vuelve el desafío de cómo acompañar los momentos y espacios de transformación significativos en la sociedad chilena, algo que comenzó a perder en 1992 cuando retrocedió hacia las sacristías y no supo acompañar al pueblo creyente en la transición democrática.

En ese sentido, el coincidente cambio de arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien tomó posesión canónica de la arquidiócesis el día anterior al plebiscito, puede abrir una nueva etapa en el proceso de acompañamiento de la jerarquía al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Por lo menos, esa es la expectativas reinante en círculos eclesiales.

Una constitución que refleje una visión más secular del Estado podría llevar a la Iglesia a redefinir su rol en la sociedad chilena. Esto podría implicar un enfoque renovado en su misión pastoral y social, enfatizando su papel en la promoción de la justicia social y el apoyo a las comunidades marginadas, al tiempo que mantiene su identidad y valores fundamentales.

Si la Iglesia logra leer bien los resultados del plebiscito en una óptica pastoral y política podría volver a ser un agente más activo en el proceso de reconciliación nacional y en la búsqueda de soluciones a las profundas divisiones sociales y económicas que han caracterizado a Chile en los últimos años. El carisma comunicacional del arzobispo Chomalí ojalá contribuya a esto.

El período de transformaciones sociales que se avecinan, tanto en materias tributarias como de pensiones, salud y educación, entre otros, representan evidentemente un desafío una oportunidad para la Iglesia en Chile, que no será responsabilidad solo de los obispos, sino también de todos los agentes de pastoral y laicado más comprometido, donde se pondrá a prueba el proyecto sinodal del papa Francisco en la práctica misma.

El nuevo arzobispo al asumir en una eucaristía celebrada el sábado en la Catedral Metropolitana, se comprometió a anunciar a Jesús a tiempo y a destiempo, según dijo, y que si bien la iglesia no debe meterse en el quehacer político, debe promover “una ética personal como fuente de cambio, la justicia social como motor de prosperidad y la paz social como resultado de una sociedad justa, donde nadie quede excluido”.

Monseñor Chomalí señaló que “promovemos el bien común no como la suma de bienes individuales, sino desde el convencimiento de compartir una humanidad común y de respetarnos mutuamente”.

El arzobispo conocido por su enfoque en temas de justicia social y su cercanía con las comunidades, sin duda enfatizará la importancia de la participación cívica, informada y reflexiva entre los católicos. Pero esto implica no solo llamar a votar informada y con discernimiento evangélico en las elecciones futuras como las municipales, parlamentarias y presidenciales en los próximo dos años, sino también comprender profundamente las implicaciones de los cambios y cómo en estos la Iglesia ─con sus obispos incluidos─ debe alinearse con el principio básico de la iglesia latinoamericana: la opción por los pobres.

El Comité Permanente del episcopado chileno volvió a rayar la cancha anoche y señaló: “Entre los desafíos que el país debe abordar con más urgencia están, sin duda, las problemáticas de la seguridad, la salud, las pensiones, el crecimiento económico, la educación y todo lo que contribuya a un clima de mayor paz y relaciones más justas entre nosotros. Ante estos retos, la respuesta de los dirigentes políticos no puede ser vivir enfrentados unos contra otros, sino alcanzar acuerdos que vayan en favor de todos, especialmente de los más pobres y postergados”.

DECLARACIÓN COMPLETA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ANTE LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO

1. La mayoría de la ciudadanía ha rechazado una nueva propuesta constitucional. No cabe sino aceptar la soberanía popular, expresada a través de un ejercicio plenamente democrático. Todos estamos llamados a enmarcar nuestra vida política y social bajo la Constitución política vigente, con estricto respeto al estado de derecho y a las normas democráticas que nos rigen.
2. El país ha realizado en un corto período dos procesos constitucionales que han terminado con el rechazo del texto propuesto. Creemos que la mayoría de los chilenos valoran los acuerdos y los grandes consensos en materia social y política, y esperan que sus líderes avancen por esa senda. Los últimos años han estado marcados por la polarización y la fragmentación, provocando en la población un distanciamiento y desvalorización de la vida política, lo que no hace bien a nuestra democracia. Por eso, reiteramos que “es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas” (La Conferencia Episcopal de Chile ante la nueva propuesta Constitucional, 16 de noviembre de 2023).
3. Entre los desafíos que el país debe abordar con más urgencia están, sin duda, las problemáticas de la seguridad, la salud, las pensiones, el crecimiento económico, la educación y todo lo que contribuya a un clima de mayor paz y relaciones más justas entre nosotros. Ante estos retos, la respuesta de los dirigentes políticos no puede ser vivir enfrentados unos contra otros, sino alcanzar acuerdos que vayan en favor de todos, especialmente de los más pobres y postergados. 4. Que la próxima fiesta de Navidad nos ayude a redescubrir nuestros lazos fraternos y nuestro destino común como pueblo, unidos a toda la familia humana redimida por el Señor. A la Virgen del Carmen confiamos los caminos de Chile.

 El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

Santiago, 17 de diciembre de 2023.