A una semana de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, en Chile se abre de nuevo un debate sobre fe, libertad y política. La Conferencia Episcopal de Chile (CECh), a través de su Área de Educación, ha presentado una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para frenar la implementación del Decreto N° 115. Este decreto, emitido en septiembre de 2024 por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación Nicolás Cataldo, introduce cambios profundos en la regulación de la enseñanza de religión en las escuelas chilenas.

El trasfondo de esta controversia es un fallo de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso "Pavez Pavez vs. Chile". La Corte dictaminó que el Estado chileno debía ajustar su normativa para garantizar recursos efectivos en casos de disputas sobre la idoneidad de docentes de religión en establecimientos públicos. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sostiene que el Decreto N° 115 excede estas disposiciones, afectando la autonomía de las confesiones religiosas y su capacidad de determinar quién puede enseñar su fe.

Más allá de lo ordenado

El decreto busca reparar los efectos del caso de Sandra Pavez, una profesora de religión a quien se le revocó su certificado de idoneidad por razones doctrinales. Según la CECh, la Corte IDH no cuestionó el Decreto Supremo N° 924 de 1983, que regula estas materias, ni solicitó cambios estructurales a la enseñanza de religión en Chile. En cambio, el nuevo decreto establece que las decisiones de las confesiones religiosas sobre idoneidad docente pueden ser revisadas por la Subsecretaría de Educación, algo que la CECh y otras confesiones consideran una injerencia inadmisible.

“Este cambio desnaturaliza el certificado de idoneidad, reduciéndolo a una evaluación técnica, sin considerar los aspectos doctrinales y morales que son esenciales para enseñar religión”, señaló Roberto Pavez Meneses, director del Área de Educación de la CECh, en su presentación ante la Contraloría.

La autonomía en juego

La libertad religiosa, protegida por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluye el derecho de las confesiones a organizarse, enseñar su doctrina y decidir quién puede representarlas. Según la Conferencia Episcopal, el Decreto N° 115 afecta este derecho al otorgar al Estado facultades para intervenir en decisiones internas de las confesiones religiosas, un punto crítico que también ha sido respaldado por el Comité Nacional de Educación Evangélica (CONAEV).

El decreto también establece que el certificado de idoneidad solo debe solicitarse una vez, haciéndolo permanente. Para los críticos, esto desconoce que la idoneidad puede cambiar con el tiempo y las circunstancias. En palabras de Pavez, “este cambio es incompatible con la naturaleza dinámica de la idoneidad moral y doctrinal, y con la capacidad de las confesiones para supervisar a quienes enseñan su fe”.

Un debate internacional

El caso ha llamado la atención de observadores internacionales, pues toca fibras sensibles sobre la relación entre el Estado y las iglesias, un tema que trasciende fronteras. La tensión entre libertad religiosa y control estatal es un desafío común en América Latina, donde los acuerdos entre los gobiernos y las confesiones religiosas han permitido equilibrar la autonomía con el respeto a los derechos humanos.

El desenlace del caso podría sentar un precedente importante, no solo para Chile, sino para toda la región. La solicitud de la Conferencia Episcopal está en manos de la Contraloría, que deberá decidir si representa el decreto al Ministerio de Educación para su revisión.

Por ahora, el decreto sigue sin entrar en vigor, pero el debate ya ha dejado claro que la enseñanza de religión en Chile es mucho más que un tema educativo; es un reflejo de los valores, tensiones y desafíos de una sociedad que busca conciliar su pluralismo con sus tradiciones.