En un mensaje a la nación emitido este 12 de diciembre, la nueva mandataria del gobierno de Perú, Dina Boluarte Zegarra, confesó que "he asumido la presidencia de la República en una situación de crisis política que, evidentemente, demanda serias reformas constitucionales para crear nuestro sistema político, para que la representación que cada ciudadano otorga a los elegidos tampoco sea un cheque en blanco, sino una forma creativa y próspera de participación en la gobernanza del Perú, que se simboliza en el voto de cada ciudadano, de cada ciudadana". A continuación, anunciado que buscará con el Legislativo adelantar las elecciones generales.

Se estima que el miércoles próximo (14 dic) envíe "al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de Adelanto de Elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución".

Uno de los problemas respecto a este asunto es que el Congreso ya analiza la realización de elecciones anticipadas para el próximo año, 2023, sobre la base de un antiguo proyecto de ley, y el ejecutivo liderado ahora por Bolaurte, proyecta las reformas políticas para el 23 y las elecciones para el 24.

Entre tanto, el clima que se vive en estos días en el Perú es muy complejo. "Las protestas crecen en Lima y otras regiones del Perú. Se suman demandas como adelanto de elecciones, cierre del Congreso, que  renuncie la presidenta Boluarte, liberación del expresidente Castillo y nueva Constitución. No todos coinciden en las mismas demandas. Por supuesto, algunas se excluyen entre sí; por ejemplo, que se cierre el Congreso y que renuncie la Presidenta, ¿entonces quién gobernaría?", comenta y pregunta Raúl Pariamachi, sacerdote de los Sagrados Corazones, exprovincial de la región Andina de su congregación, expresidente de la Conferencia de Religiosos del Perú, Confer, profesor universitario,  y actual Asesor Nacional de Pastoral Universitaria.

"En principio, es un avance que pocos hablen de la restitución de Castillo en el poder, parece que es un capítulo cerrado pero nunca se sabe", asegura.

En efecto. Junto con este religioso, varios analistas recuerdan que un sector significativo de la ciudadanía viene solicitando de hace meses, un adelanto de elecciones generales con reformas políticas, lo que ha tenido un débil respaldo de algunos congresistas, pero que ahora la Presidenta Boluarte Zeguarra ha anunciado que será el proyecto que presentará en los próximos días.

Pariamachi, ss.cc. (en foto a la izq) recuerda, también que "todas las encuestas previas a la intentona de golpe de Pedro Castillo, revelaban que más del 80% opinaba que si vacaban a Castillo tenía que convocarse a elecciones".

El religioso estima que siendo ese el camino, el proceso podría tomar un año o más. Hay que hacerlo "con tiempo suficiente para aprobar reformas políticas, porque nuevas elecciones, con las mismas reglas de juego, llevaría a recaer en la misma crisis después de algún tiempo", concluyó en el contexto del debate de elecciones para 2023 o 2024.

¿Con quién dialogar?

En el análisis de Rosa Alayza, cientista política, exdirectora del Instituto Bartolomé de Las Casas de Lima y actual docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones es de lo más difícil. Además, "las movilizaciones no son solo que se vayan todos sino suman demandas sociales", unas que son generales y otras demandas más específicas y que se han acumulado en diferentes lugares, también con pequeñas y variadas organizaciones sociales. A eso hay que sumar los partidos políticos que están fragmentados. Solo hablar de lo político es no ver el bosque", afirma Alayza. Todo eso dificultad el definir los interlocutores del diálogo.

En la misma línea, el académico peruano, Fernando Tuesta, doctor en Ciencias Sociales en la especialidad de Sociología, profesor de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, la más antigua e importante del Perú, publicó hoy su opinión en el diario El Comercio, donde sostiene que "lo más importante es el detonante que ha producido las movilizaciones en diversas regiones del país. Es la expresión violenta de todo lo acumulado en los últimos años habiéndose acrecentado las fracturas sociales y económicas. Se han combinado protestas sobre problemas sociales, ambientales, con un furibundo rechazo al Congreso, que van confluyendo para exigir adelanto de elecciones, asamblea constituyente e incluso la libertad de Castillo. La represión policial no acabará con la protesta e incluso le puede dar oxígeno y llamas. Es pues una tarea política, más que represiva y legal".

Y añade: "las demandas van desde que se vayan todos, hasta que se gobierne y solucionen los problemas básicos y desatendidos. Esto exige, además, una profunda higiene de la administración pública de aquellos que accedieron sin cumplir con las condiciones mínimas requeridas y los que fueron a medrar en los diversos sectores del aparato público. Esto último distanciará a Dina Boluarte de Perú Libre y cercanos, que ya han tomado distancia de su gobierno. Pero, hacer concesiones –difícil saber cuáles– a los manifestantes, la alejaría del bloque conservador del Parlamento".