Con un mensaje de Navidad titulado “Con renovado asombro miremos al Niño Jesús”, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile recuerda que “Dios mismo, por medio de Jesucristo su Hijo, ha querido venir a nosotros, hacerse nuestro hermano, compañero de camino y acompañarnos en los tiempos de alegría y de tristeza”. Luego, hacen una referencia general a la realidad indicando que "en un mundo herido por las guerras, los temores y la inseguridad, el Padre de la Misericordia nos envía a su Hijo" y, a continuación, recuerdan que "con la llegada de la Navidad, el Papa Francisco dará inicio al Año Santo Jubilar 2025, con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro".

Pero la verdad es que Chile en esta Navidad enfrenta problemas complejos sin resolver. Entre ellos, la decaída confianza en las instituciones y en la clase política, derivada de la corrupción; el temor ciudadano ante las bandas delictuales; y la reforma a la seguridad social, que lleva más de 10 años debatiéndose sin lograr acuerdos para legislar. Muchos de estos problemas tienen relación con las migraciones, que son otro enclave de dolor.

Desde 2020, la llegada masiva de personas provenientes de Venezuela, Haití y Colombia ha generado tensiones en comunidades locales de norte a sur del país, porque perciben saturación de servicios públicos y polarización en el debate político. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Migración y Extranjería para regular estos flujos, su implementación ha sido limitada, evidenciando una falta de recursos y coordinación que agrava la percepción de descontrol en las fronteras.

En una reciente carta dirigida a un medio de prensa nacional, el arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, y secretario general de la Conferencia Episcopal, afirmó que los obispos "nos hemos referido en diversas oportunidades a este tema y hemos llamado a las autoridades y a otros actores políticos a favorecer estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de quienes no tienen problemas delictuales o penales. Son más de 180.000 las personas que libremente entregaron sus datos en el empadronamiento biométrico realizado en los años 2023-2024 y muchos de ellos cuentan ya con vínculos familiares en el país, trabajan entre nosotros y estudian en nuestras escuelas. Por otra parte, son necesarios para el funcionamiento de la economía, porque constituyen una fuerza laboral que el país requiere".

Por ello, añadió: "Es difícil entender la porfía de algunos a negar la regularización. Mantener la irregularidad expone a las personas a condiciones abusivas y a más vulnerabilidad, porque no pueden celebrar contratos laborales o participar de la vida económica con total normalidad. Tampoco contribuye a la seguridad del país, porque para los climas de confianza y transparencia que necesitamos, es mejor un migrante regular que uno irregular, uno plenamente integrado que uno que se conoce a medias", señaló el arzobispo Pérez de Arce.

Por su parte, el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, en una entrevista radial afirmó: “Yo pienso que es irresponsable tener a miles de personas que se sabe que están trabajando, que se sabe que están llevando a sus hijos al colegio y que no tengan un reconocimiento más formal. No tienen todos los derechos que tiene un ciudadano. Ellos, antes de ser migrantes, son personas. Nadie sale de un país si no es por un estado de necesidad muy grande y pienso que hay que hacer algo con ello. Me parece que es una injusticia cuando se asocia migración a delincuencia. Todo delincuente del país que sea, tiene que ser perseguido y castigado como corresponde, que es lo que están haciendo en Estados Unidos y en Europa con los chilenos que han hecho un daño inmenso, y a nadie le gustaría que nos metan a todos en un mismo saco. Los migrantes son una riqueza", indicó.

En la misma línea, el obispo de Arica, Moisés Atisha, presidente de Cáritas Chile y referentes de la Red Clamor en Chile, la hermana Gabriela Herrera y el sacerdote Pablo Walker, S.J., destacaron la urgencia de abordar los desafíos humanitarios que enfrentan miles de familias migrantes en el país, especialmente los niños, niñas y adolescentes.

En una carta también dirigida a un diario, señalaron el contexto de crisis que ha llevado a muchas personas a migrar, recordando la situación que, en el pasado reciente, llevó a miles de chilenos a buscar refugio en el extranjero. En su análisis, enfatizaron que muchas familias han ingresado de manera irregular como último recurso, y que por años han estado realizando trámites para regularizarse, enfrentando la incertidumbre económica y social.

Además, alertaron sobre las graves consecuencias que enfrentan los hijos de estas familias, quienes, debido a la irregularidad migratoria, corren el riesgo de perder el acceso a la educación, verse empujados al trabajo informal o incluso ser capturados por redes de crimen organizado.

"Hay razones humanas, familiares, económicas y sociales para justificar un proceso de regularización", señaló el arzobispo Pérez de Arce. Y sostuvo que "igualar sin más inmigrante irregular con delincuente es una falacia injusta y simplista, y proponer la expulsión como única solución posible ante 180.000 inmigrantes irregulares es irreal y muestra una incapacidad de la política para abordar una problemática social que afecta a una población que convive y trabaja cada día entre nosotros".

"La Navidad es una buena oportunidad para renovar los esfuerzos por un país más justo e inclusivo, y una política más eficaz y menos de trinchera", concluyó.