Ante el riesgo del inminente inicio del proyecto minero Río Blanco en la región Piura, "rechazado en consultas ciudadanas por más del 95% de la población", los obispos de las diócesis de Chulucanas y Chachapoyas, y del Vicariato Apostólico de Jaén, emitieron un pronunciamiento en el que exigen que se respete la decisión de los pueblos que luchan por su dignidad y derechos.

"Sin oro se puede vivir, sin agua se muere, es una decisión reflejada en la marca. Ayabaca ha decidido optar por la agricultura y no por la minería. Queremos cuidar los bosques, el agua, el ecosistema, la vida. Esta es una decisión que viene del 2007. Como obispos somos testigos de las opciones que ha hecho el pueblo, y acompañamos esta decisión", remarcó durante la marcha el obispo de Jaén, Alfredo Vizcarra.

"Agro sí, mina no", fue el grito colectivo de cientos de pobladores que participaron en la marcha, optando por la defensa de la vida. Al terminar la jornada pacífica de protesta, los obispos leyeron el pronunciamiento en el que exigen que se respeten las decisiones colectivas, y que se realicen los procedimientos contemplados en los tratados internacionales, sobre la consulta previa. Además, demandan del Estado peruano que no se imponga un proyecto minero, a cargo de una empresa que ya demostró diversas afectaciones y fracasos en términos ambientales y sociales.

Fueron los propios obispos de Chulucanas, Jaén y Chachapoyas, quienes presidieron la marcha pacífica de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, con el apoyo de Chachapoyas, por la defensa del agua, la vida y los derechos de los pueblos al buen vivir, al ambiente sano y a la consulta y le dicen no a la minería en sus territorios.

El mensaje fue publicado tras la marcha pacífica realizada en la provincia de Ayabaca, que reunió a diversas organizaciones sociales. En la oportunidad, los tres obispos de la región norte del Perú, Mejía, Vizcarra y Tapia, advirtieron sobre el riesgo para la población y el entorno ecológico, el inicio del proyecto minero Río Blanco por los graves conflictos sociales que ha generado, que ha incluido ya la muerte de 10 personas, otras han sido heridas y torturadas.

Río Blanco es un proyecto minero cuprífero situado en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, departamento de Piura, que según información oficial tiene una inversión total de US$ 2,792 millones.
Los obispos indican que este proyecto ya ha traído "la muerte de 10 personas, otras heridas y torturadas, la criminalización y persecución judicial de líderes y dirigentes sociales, y que amenaza la destrucción de los páramos y bosques de neblina donde nacen los ríos Piura, Quiróz y Chinchipe, lo que afectará la producción agrícola y ganadera de los valles de San Lorenzo, Chira y el río Chinchipe, parte de la cuenca amazónica.

DAÑOS DEL PROYECTO

Por esos motivos, manifestaron su preocupación por la imposición de un modelo minero "extractivista" que afectará los intereses económicos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, en las regiones de Piura y Cajamarca, así como los valles de las zonas bajas, reduciendo la productividad agrícola, ganadera y el turismo sostenible. En otras palabras, el proyecto minero, más que los beneficios que interesadamente anuncia, traerá pobreza, abandono de las tierras, desocupación, enfrentamiento y división entre las comunidades.

Los obispos cuyos territorios pastorales se ubican en los departamentos peruanos de Piura, Cajamarca y Amazonas, afirmaron en una declaración pública que el "Gobierno peruano se equivoca al apoyar el proyecto de una empresa minera que ha sido responsable de catástrofes ambientales en varios países del mundo, incluido su país de origen, China, donde incluso su Vicepresidente fue llevado a prisión debido al mayor desastre ambiental producido en dicho país. Son más de 20 años de lucha de estos pueblos, que ya han visto contaminadas las nacientes de sus ríos en los páramos, incumpliendo sus compromisos ambientales con el Estado peruano y siendo multada por OSINERGMIN por ello".

Añaden que "el Estado peruano viene ignorando, además, la Constitución y las leyes, al afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, incluyendo el derecho a la propiedad comunal. El proyecto minero nunca obtuvo autorización de los 2/3 de la asamblea comunal y tampoco se ha aplicado la consulta previa, a pesar de tratarse de comunidades ancestrales afectadas por el proyecto. Exigimos que se reconozcan los resultados de las consultas populares realizadas el 16 de setiembre del 2007, donde el 95% de los votantes en promedio se pronunciaron por la no realización de actividades mineras en sus territorios. Pareciera que la búsqueda de ocultos intereses es más importante que el respeto a las leyes, a la Constitución y a la economía del país".

Los tres obispos afirman en su declaración que "la crisis social y política que en este momento vivimos no está separada de la crisis ambiental y climática que nos afecta. Son las dos caras de una misma moneda acuñada por la corrupción, el afán de lucro y un profundo desinterés por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este país".

Concluyeron invocando "al Señor Cautivo de Ayabaca, Señor de la Vida presente con su espíritu en los páramos, bosques, lagunas y todos los seres de la creación, a proteger a los pueblos que luchan por su dignidad y sus derechos, y a la madre tierra de la que son parte, porque todo está conectado y de ello depende su propia existencia y la economía que los sustenta".

La historia de conflicto comenzó cuando se otorgaron los derechos de explotación a la empresa china en el año 2007. Desde entonces, ha habido una fuerte resistencia por parte de la población local y diversas organizaciones sociales debido a los posibles impactos negativos que el proyecto podría tener en el medio ambiente y en las comunidades cercanas.

HISTORIA

Una de las principales preocupaciones es el potencial daño ambiental que la minería a gran escala podría ocasionar en la zona. Se teme la contaminación de las fuentes de agua, incluyendo los ríos, que son vitales para la agricultura y la subsistencia de las comunidades locales. Además, la deforestación y destrucción de los ecosistemas naturales también se consideran graves impactos.

Otra preocupación clave está relacionada con los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que viven en la zona. Se argumenta que la explotación minera afectaría su forma de vida, sus tierras y sus recursos naturales, generando desplazamiento forzado y conflictos sociales.

A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversas protestas y movilizaciones en contra del proyecto minero Río Blanco. Los manifestantes han exigido la cancelación del proyecto y una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones que afecten sus territorios.

El conflicto ha involucrado tanto acciones legales como enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ha habido denuncias de represión y violencia por parte de las autoridades hacia los manifestantes.

En respuesta a la presión social, en 2009, el gobierno peruano suspendió temporalmente la licencia de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. Sin embargo, a partir de mi conocimiento actualizado en septiembre de 2021, no tengo información precisa sobre el estado actual del proyecto o si se ha reanudado la explotación minera.