El Tribunal Constitucional chileno rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la Educación No Sexista, contenida en el articulado de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, ley aprobada transversalmente en marzo pasado por el Congreso. El requerimiento había sido presentado por un grupo de parlamentarios de derecha, y apoyado con alegatos y fundamentaciones por representantes de fundaciones de corte conservador y por la Conferencia Episcopal de Chile.

Esta ley señala que "los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”.

Durante el debate que se abrió en la agenda pública, los obispos chilenos habían emitido un comunicado donde solicitaban reconsiderar la ley aprobada en el Congreso por considerarla arbitraria e injusta, argumentando que contraviene los principios de una sociedad democrática y pluralista.

Así, dicho documento reafirmaba una vezx más la postura histórica de la Iglesia Católica en Chile sobre la educación y la moralidad.

En la oportunidad, el Comité Permanente de Episcopado declaró que "siendo de toda justicia la existencia de normas que sancionen las discriminaciones arbitrarias, especialmente en el caso de la mujer, expresamos nuestra clara oposición a la introducción de una norma que imponga la promoción de una educación no sexista. Dicha expresión contradice el derecho innato de los padres a decidir, de común acuerdo con el establecimiento educacional, la forma y manera de educar en la afectividad y sexualidad a sus hijos o pupilos".

El organismo episcopal añadió que "el concepto de educación no sexista no puede entenderse en términos plurales y alternativos, propios de la libertad de educación, porque impone una sola visión de la educación, en un ámbito tan delicado como la enseñanza de la afectividad y sexualidad".

Las autoridades de Gobierno manifestaron su satisfacción. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el rechazo al requerimiento, destacando el trabajo que ha realizado durante los últimos dos años para avanzar en una educación que vele por la no discriminación, que eduque con igualdad y respeto, donde niñas, niños y adolescentes puedan contar con las mismas oportunidades, sin sesgos.

Ahora, lo que procederá es que la ley sea promulgada por el Gobierno y su vigencia permitirá educar sin consideración de sexos y establecer políticas públicas de protección.