Un robo con violencia sufrió la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia en su convento ubicado en el Barrio Yungay, del centro de Santiago, y a solo a tres cuadras de la residencia del Presidente Gabriel Boric. En este lugar reside una comunidad de religiosas enfermas y otras activas. De estas últimas, dos fueron atadas y amenazadas de violación.

El hecho es parte de una serie de situaciones en la seguridad pública que involucran la comisión de delitos violentos en diversas ciudades de Chile, y particularmente en Santiago. Estas han copado la agenda de los medios de comunicación masivos y redes sociales generado gran preocupación e impacto en la opinión pública.

El asalto fue perpetrado el pasado 27 de enero y solo se conoció tres días después por una carta publicada por el diario El Mercurio y que fue suscrita por Eva Lehto, exestudiante del Colegio María Luisa Villalón de Santiago Centro que es sostenido por la Congregación y que se ubica en el entorno. En esta se señala que los asaltantes "amarraron de pies, cuerpo y boca" a las religiosas y luego revisaron el convento. "Muy exaltados, con una violencia de proporciones y con el arma en sus costillas, comenzaron a amenazarlas de violación", señaló.

En la carta se indica que la superiora relató que "dos sujetos extranjeros saltaron la parte más alta del convento, caminaron por los techos y metieron el suficiente ruido para que dos de las religiosas se levantaran a revisar cámaras, situación que no pudieron realizar, pues los delincuentes cortaron la luz del recinto". En este contexto, las religiosas "se toparan con los antisociales con los cuchillos más filosos que las mismas religiosas tenían; muy exaltados, con una violencia de proporciones y con el arma en sus costillas, comenzaron a amenazarlas de violación y a pedirles dinero. Lo más triste es que las amarraron de pies, cuerpo y boca para luego revisar la congregación".

Añadió que "afortunadamente no se toparon con las demás religiosas, quienes tienen avanzada edad, algunas con alzhéimer y que ya no cuentan con autonomía para desplazarse. Las hermanas que vivieron la situación se llevaron la peor parte y, por supuesto, que están muy afectadas, pues vivieron la mañana más trágica de sus vidas".

La carta concluye afirmando que "la delincuencia perdió todos los códigos y los escrúpulos al atacar a estas mujeres" y que "urge justicia para estas religiosas, así como para todos aquellos que han sufrido a causa de la delincuencia".

La cuantía del robo fue muy pequeño (casi mil euros) en comparación con la violencia de los hechos y la misma congregación sufrió un asalto anterior en diciembre pasado, oportunidad en que otros delincuentes ingresaron al colegio y robaron computadoras.

Según declaró a la prensa la superiora religiosa Rosa Elena Bahamondes hace "dos semanas atrás entraron a la Parroquia que está en (calle) Moneda, todos los días está pasando algo aquí y nadie se entera. Tenemos al Presidente de vecino, entonces, uno se cuestiona porque hay dos barrios, donde está el Presidente y donde estamos los que sufrimos todos los días los robos".

Los vecinos del barrio Yungay han expresado su malestar por la falta de protección y seguridad, señalando que los hechos delictuales se han vuelto más frecuentes. Un reciente homicidio en el barrio añade a la atmósfera de inseguridad que se vive en la zona.

Aunque en las estadísticas nacionales se muestra una variación en el número de denuncias, detenciones, y causas terminadas, en 2023 se registró una disminución del 32% en el número de personas detenidas por Carabineros de Chile en relación con los años anteriores.

A nivel de la percepción ciudadana de inseguridad en el país, esta ha llegado al 90%, la más alta en una década, según revela Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2023, dato que refleja la preocupación generalizada de la población respecto a la delincuencia y la violencia.

El Presidente Gabriel Boric, ha informado de diversos logros y compromisos en materia de seguridad, enfocándose en medidas como la Ley de Reparación Integral de Víctimas de Femicidio, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, y el Plan de Infraestructura para la Seguridad. Estas acciones buscan fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la delincuencia y mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, el gobernante anunció para esta semana nuevas medidas para contrarrestar esta ola delictiva.

Al cierre de esta información, aún no se conocía opinión del Arzobispado de Santiago sobre el asalto sufrido por las religiosas.