La ex alcaldesa de Madrid, 'estrella' en el Foro de Pastoral Penitenciaria de Galicia Manuela Carmena: "El castigo penal es un castigo despersonalizado, es un castigo absolutamente objetivo"

El sábado, 22 de marzo, Santiago de Compostela acogió la 11ª Jornada Interdiocesana de Pastoral Penitenciaria de Galicia en el emblemático Monasterio de San Martín Pinario. Bajo el lema “Una Justicia Penitenciaria al servicio de la reinserción”, el evento enfatizó la importancia de la reintegración social en el contexto penitenciario.

A esta jornada asistieron el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco Prieto Fernández; el obispo de Mondoñedo-Ferrol y representante da pastoral penitenciaria de la Provincia Eclesiástica, monseñor Fernando García Cadiñanos; el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco; el equipo de delegados y capellanes de Pastoral Penitenciaria de las Diócesis de Galicia, así como un gran número de asistentes, entre los que se encontraban personas privadas de libertad, disfrutando de una salida programada, trabajadores de instituciones penitenciarias, representantes del tercer sector y voluntarios.

Jubileo y la parábola del hijo pródigo

Después del saludo inicial por parte de mons. Francisco Prieto, en la oración inicial, mons. Alfonso Carrasco, reflexionó sobre el jubileo, subrayando su esencia de perdón e indulgencia plenaria. En su mensaje, destacó de manera especial el vínculo entre este concepto y la pastoral penitenciaria, poniendo de relieve el mensaje esperanzador de que existe un Padre que espera y cuida a cada persona, independientemente de su situación.

Mons. Carrasco enmarcó su mensaje en la parábola del hijo pródigo, donde señaló que el amor del Padre celestial se traduce en un abrazo incondicional que restaura y dignifica. Este mensaje tiene un impacto particular en el contexto de la pastoral penitenciaria, ya que transmite a las personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social la certeza de que son valiosas porque hay alguien que se preocupa por ellas.

Manuela Carmena: reflexiones sobre el sistema penitenciario y la humanización de la justicia

La jornada tuvo como figura destacada a Manuela Carmena. Fue presentada por delegada de pastoral penitenciaria de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Yolanda Sánchez, quien destacó el firme compromiso de la ponente con la justicia y los derechos humanos a lo largo de su vida y trayectoria, así como su enfoque humanista en la modernización del sistema judicial.

El valor de la experiencia: la analogía del GPS

Al comienzo de su intervención, Manuela Carmena compartió una reflexión sobre el papel de las personas mayores como una especie de «GPS», que pueden advertir a las generaciones más jóvenes sobre los desafíos y errores en su camino. Cree que sus experiencias pueden ser útiles para la labor de la pastoral penitenciaria, a la que considera «tan necesaria y tan absolutamente complementaria».

Iniciativas en el ámbito penitenciario: Zapatelas y el taller de Aranjuez

Carmena detalló su participación en iniciativas de reinserción social, como Zapatelas, donde se confecciona ropa infantil con la ayuda de personas en riesgo de exclusión. En la cárcel de Aranjuez, en el módulo 3, tienen un taller donde se elaboran juguetes diseñados por ella. Esta colaboración ha generado reflexiones interesantes entre los presos y sus colaboradores. También mencionó la posibilidad de extender este trabajo al módulo de desintoxicación (módulo 11) de la prisión.

Carmena se emocionó al recordar los abrazos de algunos presos, lo que reafirmó su convicción sobre la necesidad de humanizar el castigo. Citó el libro «El Visitador del Preso» de Concepción Arenal, como una influencia importante en su pensamiento.

Considera a Concepción Arenal «la mujer ensayista más importante de España». Destacó su activismo, no solo en la reflexión sobre la justicia y las cárceles, sino también en la creación de soluciones prácticas como la primera cooperativa de viviendas obreras.

El concepto de «Utopía» y la necesidad de actuar

Carmena hizo referencia a la frase de Concepción Arenal «Me llaman utópica. Utópica no insulta, pero desacredita». Defendió que la búsqueda de la humanización no es utópica, ya que se logran avances cuando se piensa en las personas y se humanizan los procesos.

Definió la cárcel como «una institución de castigo» cuyo fin es sancionar delitos. Reconoció que la privación de libertad es una pena, pero recordó que la Constitución establece que este sufrimiento debe tener un propósito de reparación y reinserción. Cuestionó si «¿el castigo es un instrumento pedagógico?», señalando que las concepciones educativas modernas han abandonado la idea del castigo físico como método efectivo.

Mencionó la corriente abolicionista del derecho penal, que cuestiona la eficacia del castigo para modificar las actitudes negativas de la sociedad.

En este sentido, Carmena criticó la tendencia a endurecer las penas como solución a los problemas sociales, utilizando como ejemplo la lucha contra el tráfico de drogas, donde a pesar de las numerosas disposiciones, los resultados no siempre son los esperados.

La despersonalización del castigo penal

Carmena enfatizó que «el castigo penal es un castigo despersonalizado, es un castigo absolutamente objetivo», que no considera la individualidad de la persona castigada.

Para finalizar su primera intervención, compartió la experiencia de un juicio por agresión sexual en el que, tras dictar una condena, ofreció su teléfono personal al acusado, diciéndole que le importaba su futuro y que estaría pendiente de que la cárcel contribuyera a su mejora. Este gesto ilustra su convicción de que «el castigo no puede ser objetivo. El castigo no puede ser indiferente. El castigo tiene que ser esa relación sutil para que pueda surtir un efecto entre que la persona que castigue el castigado sepa que hay un vínculo, y sobre ese vínculo es el que tenemos que trabajar».

Justicia humana y dialógica

Después de un breve descanso, Manuela Carmena ofreció una detallada radiografía del sistema judicial y penitenciario español, abogando por una transformación profunda que priorice la humanización de los procesos y la recuperación del diálogo como pilares esenciales de la administración de justicia.

Con la autoridad que le confieren años de experiencia como abogada laboralista, jueza de vigilancia penitenciaria y magistrada, Carmena abordó diversos aspectos críticos, desde la formación de los futuros jueces hasta el trato a los presos y la relegación de las víctimas en los procedimientos penales.

Formación judicial anclada en la memorización: un obstáculo para la empatía

Inició su segunda intervención cuestionando la metodología de selección y formación de los jueces, basada fundamentalmente en la memorización exhaustiva de leyes. Para Carmena, esta carencia formativa en aspectos como la comprensión y el trato humano contribuye a una «deshumanización del sistema».

La urgente necesidad de un trato humano en la interacción judicial

Un aspecto clave de la reflexión de Carmena se centró en la urgente necesidad de garantizar un trato digno y respetuoso hacia todas las personas que interactúan con el sistema judicial, en particular aquellas detenidas o encarceladas. Relató una experiencia significativa vivida en la escuela judicial de Barcelona, donde planteó a los futuros jueces la importancia de su primera reacción al recibir a un detenido en su despacho. Subrayó que esta interacción inicial debería caracterizarse por un enfoque humano, empezando por un gesto tan simple como mirarlo a los ojos, invitarlo a sentarse y decidir, según sea el caso, sobre las esposas. Además, destacó el valor de presentarse y explicar con claridad lo que está sucediendo.

Esta perspectiva se extendió a su experiencia como jueza de vigilancia penitenciaria, donde adoptaba gestos de respeto como pedir permiso para entrar en las celdas, consideradas un «reducto de intimidad».

Carmena lamentó la confusión existente en la judicatura entre objetividad y deshumanización, afirmando que «se puede ser extraordinariamente objetivo escuchando a unos y a otros, pero haciéndolo siempre con un respeto exquisito». Criticó asimismo la práctica de algunos jueces de bajar a los calabozos en lugar de recibir a los detenidos en sus despachos, calificándola como un «error extraordinario» que degrada la relación.

La falta de diálogo efectivo

A lo largo de su intervención, Carmena expresó una profunda preocupación por la ausencia de un diálogo real y comprensible en los procesos judiciales, particularmente en la resolución de recursos penitenciarios.

Describió cómo muchas resoluciones judiciales suelen redactarse de manera distante y estándar, sin reflejar las particularidades de cada caso ni dar respuesta a los argumentos planteados por los recurrentes. A través de un ejemplo proporcionado por un preso, se destacó la desconexión entre el contenido de las resoluciones y las experiencias o relatos de quienes buscan justicia, generando una sensación de falta de diálogo y comprensión.

Señaló que este enfoque hace que los procedimientos judiciales se perciban como un mero formalismo, en lugar de un espacio para el intercambio significativo. En contraste, se subrayó la importancia de que los procesos judiciales se conviertan en verdaderos diálogos. Esto incluye garantizar que los presos puedan solicitar ser escuchados en los tribunales, que se celebren vistas y que el lenguaje utilizado sea accesible y auténtico, respondiendo a las necesidades y realidades de todas las partes implicadas.

Víctimas invisibles: la necesidad de un proceso más inclusivo

Otro aspecto crucial abordado por Carmena fue la situación de las víctimas dentro del sistema penal, quienes a menudo carecen de un espacio significativo de participación más allá de su testimonio. «Las víctimas no tienen sitio en el proceso penal», afirmó. Compartió un caso particularmente impactante de un juicio por homicidio en el que permitió a la madre de la víctima presenciar todo el procedimiento desde su lado, subrayando la importancia de ofrecer voz y visibilidad a quienes han sufrido un delito. «El proceso no solamente no vale para hablar con el condenado, con el acusado, el proceso no vale, no vale tampoco para hablar con las víctimas», lamentó, evidenciando una grave deficiencia del sistema actual.

Instituciones penitenciarias españolas: un modelo con desafíos pendientes

A pesar de sus críticas al sistema judicial, Carmena reconoció que España cuenta con unos de los mejores centros penitenciarios de Europa y del mundo. Sin embargo, insistió en la importancia fundamental del control judicial sobre la administración penitenciaria, ejercido por los jueces de vigilancia penitenciaria, para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas privadas de libertad.

Relató un episodio en el que defendió la autoridad judicial frente a la administrativa al impedir la expulsión de representantes de Human Rights Watch de una prisión. «Quedó claro que la autoridad judicial tiene que ser respetada frente a la autoridad administrativa y eso es muy importante porque eso es una garantía extraordinaria para la persona presa», sentenció. No obstante, también señaló la necesidad de un mayor entendimiento y diálogo entre la judicatura y la administración penitenciaria para asegurar que las decisiones judiciales sean efectivas y tengan en cuenta las realidades de los centros.

En su extensa intervención, Manuela Carmena trazó una hoja de ruta hacia una justicia más humana y efectiva, donde la empatía, el diálogo y el respeto sean elementos intrínsecos de todos los procesos. Su llamado a «recuperar el lenguaje» en la administración de justicia resuena como una demanda urgente para construir un sistema que realmente sirva a la ciudadanía en su totalidad.

Debate sobre el Derecho penitenciario: situación, retos y perspectivas

En la última parte de la Jornada, después de la comida, se llevó a cabo un panel titulado “Derecho penitenciario: situación, retos y perspectivas”, en el que diversos especialistas compartieron sus experiencias y reflexiones. La mesa estuvo moderada por José Videla, voluntario de la Pastoral Penitenciaria, quien guio la conversación entre los participantes.

Sofía Castrillo Quintana, jurista del Centro Penitenciario de Bonxe, aportó su experiencia acumulada en instituciones penitenciarias y destacó su formación jurídica como herramienta clave para abordar los desafíos del sistema. Elena Fernández Montes, jurista del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, compartió su enfoque centrado en una perspectiva más social del derecho, señalando la importancia de equilibrar la función legal con la dimensión humana de su trabajo.

Manuel Yugueros Fernández, abogado vinculado a Cáritas y voluntario en la Pastoral Penitenciaria de Teixeiro, se centró en las necesidades específicas de los internos extranjeros, enfatizando la importancia de garantizarles apoyo y orientación jurídica. Por su parte, Esther Lora Rodríguez, abogada penalista con experiencia en la defensa de colectivos vulnerables, abordó los retos del derecho penal en contextos de exclusión y vulnerabilidad.

La evolución del sistema penitenciario y la incorporación de la tecnología

Sofía Castrillo Quintana inició las reflexiones destacando la notable evolución del sistema penitenciario desde 2002. Subrayó cómo las reformas legislativas y la adaptación a las decisiones marco de la Unión Europea han impactado en la ejecución de las penas. Un avance significativo, según Castrillo, ha sido la incorporación de nuevas tecnologías que han ampliado las posibilidades de comunicación para los internos. También resaltó la reforma que permite a los abogados acceder a los centros penitenciarios con sus dispositivos electrónicos bajo ciertas condiciones, lo que supone un cambio significativo en la comunicación con sus defendidos.

Críticas al sistema normativo y la necesidad de legalidad

Ester Lora Rodríguez, desde su perspectiva como abogada penalista, centró su intervención en la normalización de un sistema normativo muchas veces opaco, incluso arbitrario, dentro del ámbito penitenciario. Abogó por un sistema que obedezca estrictamente al «principio de legalidad» y a la «jerarquía normativa», advirtiendo que la discrecionalidad administrativa debe estar siempre sometida a estos principios. Lora denunció prácticas como la utilización de «fórmulas estereotipadas» en resoluciones sobre permisos o progresiones de grado, y citó el ejemplo de la denegación de permisos por tener partes disciplinarios sin cancelar, a pesar de la doctrina del Tribunal Supremo que establece lo contrario. Asimismo, criticó la falta de acceso de los internos a sus expedientes, generando «una desprotección, y una vulneración de los derechos más básicos».

La problemática de la extranjería en prisión: los grandes olvidados

Manuel Yuguero Fernández abordó la compleja situación de los internos extranjeros, que representan un porcentaje significativo de la población reclusa (alrededor del 30%). Señaló que el sistema penitenciario actual «no ofrece soluciones» adecuadas para esta realidad. Yuguero lamentó que, a pesar de la inversión en resocialización, la falta de condiciones materiales y la dificultad en la ejecución de las órdenes de expulsión conducen al «abandono absoluto» de estos internos.

Subrayó la importancia de considerar las circunstancias particulares de los inmigrantes y la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en su tutela, en lugar de depender exclusivamente de entidades sociales.

Reflexiones desde la experiencia en un centro «humanizado»

Elena Fernández Montes compartió su experiencia de más de 15 años en la cárcel de Pereiro de Aguiar, describiéndola como un centro pequeño y «bastante humanizado». Relató cómo, a pesar de su visión crítica del sistema penal, se siente aceptada y su opinión es valorada por sus compañeros. Fernández Montes coincidió con Ester Lora en la crítica de utilizar sanciones sin cancelar como único motivo para denegar permisos, práctica que en Pereiro de Aguiar se pondera según la gravedad de la falta. En cuanto a la evolución del derecho penal, abogó por una legislación «especialmente pausada, reflexiva, meditada», que no responda a «golpe de titular» ni a ansias de venganza, y que vuelva al «principio de intervención mínima».

Los principales problemas del sistema penitenciario y posibles soluciones

Ante la pregunta de José Videla sobre los principales problemas del sistema penitenciario y posibles soluciones a medio y largo plazo, Elena Fernández Montes enfatizó que los problemas del derecho penal preceden y condicionan gravemente al derecho penitenciario. Criticó el uso excesivo de la prisión para delitos menores y la falta de recursos para abordar las complejas problemáticas sociales de los internos, convirtiendo las cárceles en «almacenes de personas que no quiere la sociedad». «Mi sensación es que está ingresando en prisión, no es la que hizo las cosas más reprobables, sino la más apartada, atravesada por circunstancias más desfavorables». Abogó por dotar de más recursos al derecho penitenciario, aunque reconoció que el problema fundamental es de índole social.

Manuel Yuguero Fernández insistió en la necesidad de atender a los diversos colectivos minoritarios dentro de prisión y en la falta de recursos tanto en la justicia como en el sistema penitenciario, que a menudo son suplidos por entidades sociales. Ester Lora Rodríguez cuestionó si realmente se cree en la resocialización como objetivo del sistema penal y penitenciario, señalando la existencia de penas excesivamente largas y una ola «punitivista» en la sociedad. También criticó la desconexión entre el esfuerzo por reparar el daño y la capacidad económica de los internos.

Sofía Castrillo Quintana señaló la falta de personal y medios como uno de los principales obstáculos para llevar a cabo los numerosos programas de tratamiento destinados a la reeducación y reinserción social. «Para mí, por ejemplo, es la falta de personal y la falta de medios. Hacemos muchos programas de tratamiento y muchas veces pues nos falta personal para poder llegar a ellos «.

¿Es efectiva la resocialización en el contexto actual?

Ante la pregunta sobre la efectividad de la resocialización, Elena Fernández Montes se mostró escéptica, señalando la falta de recursos, la ausencia de una «concepción real» de la reinserción y la prioridad dada a la seguridad sobre la reeducación. Criticó la «opacidad» del mundo penitenciario como muestra de que no se están haciendo bien las cosas, sugiriendo una mayor apertura a la sociedad.

Sofía Castrillo Quintana discrepó, afirmando que no es opaco, ya que se ofrecen todas las posibilidades a los internos, aunque reconoció que la participación en los programas es voluntaria. Manuel Yuguero Fernández ofreció una perspectiva histórica, reconociendo la evolución hacia un sistema que consagra la resocialización como un derecho, aunque siempre en tensión con las demandas punitivas de la sociedad.

Elena Fernández Montes insistió en la necesidad de una mayor apertura de las prisiones a la sociedad y reconoció las limitaciones para la resocialización debido a la falta de recursos y a problemáticas sociales profundas.

El controvertido debate sobre la prisión permanente revisable

José Videla introdujo el delicado tema de la prisión permanente revisable, cuestionando su compatibilidad con el objetivo de la resocialización. Sofía Castrillo Quintana explicó que esta figura, introducida en 2015, responde a «una demanda social como consecuencia de delitos muy graves» y se aplica a crímenes específicos. Detalló los plazos para acceder a beneficios penitenciarios y la revisión de la pena.

Ester Lora Rodríguez criticó la prisión permanente revisable como una respuesta política a corto plazo, «completamente incompatible con cualquier principio de reinserción».

Elena Fernández Montes se mostró firmemente en contra, considerándola «anti-resocializadora» y fruto de un «populismo definitivo». Argumentó que no existen estudios que demuestren que el endurecimiento de las penas reduzca la criminalidad o la reincidencia. «Me parece que es una medida que está más electoralista o más pensada para calmar conciencias y a ver si así aplacamos un poquito tal, que como una medida que realmente…».

Manuel Yuguero Fernández también se sumó a las críticas, cuestionando si la introducción de la prisión permanente revisable ha tenido algún impacto positivo en la reducción de la delincuencia. Abogó por incluir en el debate las perspectivas de psicólogos y otros profesionales para entender mejor las posibilidades de resocialización según los diferentes tipos de delitos y delincuentes.

La extensa mesa redonda concluyó con una reflexión sobre la complejidad del sistema penitenciario, la necesidad de equilibrar la seguridad con la resocialización, y la urgencia de abordar las problemáticas sociales que subyacen a la criminalidad. Los participantes coincidieron en la importancia de mantener un debate abierto y multidisciplinar para avanzar hacia un sistema penitenciario más justo y humano, tal como lo inspiró la reflexión inicial sobre las palabras de Manuela Carmena.