El texto pasa ahora al Senado, con apenas modificaciones y con sólo 177 votos a favor El Congreso de los Diputados da vía libre a la 'Ley Celaá' en mitad de un lamentable espectáculo de los diputados

La 'Ley Celaá' superó el trámite del Congreso de los Diputados con una exigua mayoría (177 votos a favor, apenas dos por encima de la mayoría absoluta necesaria), en mitad de una inmensa bronca entre la bancada de la derecha, pataleos  y gritos de "¡Libertad!" incluidos, y de la izquierda, que respondieron con aplausos, y una movilización en las calles de la escuela concertada. 

La octava ley educativa de la democracia sigue su camino (ahora irá al Senado), sin consenso, y con la amenaza de un 'otoño caliente' tanto en el Parlamento como fuera. El Gobierno obtuvo 177 votos a favor (PSOE, UP-ECP, ERC, PNV y Más País) y 165 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, Navarra Suma, CUP, Coalición Canaria y el PRC) junto a 7 abstenciones (Bildu, Teruel Existe y BNG) para una norma que no ha suscitado consenso y que ha puesto en armas tanto a la escuela concertada como a la Conferencia Episcopal.

Recursos al Constitucional y cambios en las autonomías

PP, Ciudadanos y Vox han anunciado un recurso al Constitucional, si bien por distintas razones. El PP, además, ha anunciado una batería de medidas para "desactivar" la Ley Celaá en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna. ¿Cómo? "Vía órdenes y decretos" regionales para "blindar la educación concertada, la educación especial y el castellano como lengua vehicular".

Así revelan a El Mundo fuentes populares implicadas en la preparación del plan. "Nuestras autonomías van a frenar la Ley Celaá, contrarrestándola con sus competencias", apuntan en el PP. Ocurre que "la ley exige de un desarrollo normativo vía órdenes", y eso abre la puerta a matices distintivos que minimizarían el impacto de la nueva reforma educativa.

El debate sobre la ley Celaá concluye con la derecha en pie en el Congreso al grito de "libertad, libertad" https://t.co/xZhXA9QSe6

— elDiario.es (@eldiarioes) November 19, 2020

El Pleno del Congreso ha rechazado las más de 600 enmiendas presentadas a la LOMLOE, y únicamente ha aprobado un cambio impulsado por Más País-Equo y Compromís para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos y unas correcciones técnicas presentadas por el PSOE.

La única enmienda de contenido que sí ha salido adelante, impulsada por Más País-Equo y Compromís, y, por tanto, se incorporará al texto, llevaba la firma del PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat.

El texto, al que tuvo acceso este miércoles Europa Press, únicamente incorpora que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos incluirá contenidos referidos al «papel social de los impuestos y la justicia fiscal«, aunque también recoge modificaciones de redacción que, en la práctica, no suponen ningún cambio al articulado del proyecto inicial.

La ley Celaá, punto por punto

- Primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años: refuerzo del carácter educativo con requisitos mínimos y una propuesta pedagógica.

- Educación Primaria: vuelven a ser tres ciclos de dos cursos cada uno.

- Asignaturas: desaparece la división que hacía la Lomce de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria. Se proponen materias obligatorias y optativas.

- Religión: se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad.

- Educación en valores cívicos y éticos: se estudiará en cursos de Primaria y Secundaria, con especial atención al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.

- Currículo: los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55 % de los horarios escolares en las comunidades que tengan lengua cooficial y en un 65 % en aquellas que no la tengan.

- Castellano y lenguas cooficiales: las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

- Colegios concertados: se elimina la «demanda social» para su oferta. Las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales.

En dicha regulación se dispondrán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Bachillerato: las administraciones educativas regularán las condiciones para un Bachillerato progresivo en tres cursos. Excepcionalmente se puede obtener el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una. Se facilita el acceso a Bachillerato del alumnado de las enseñanzas de régimen especial.

- Repetición: pasa a ser un recurso excepcional.

- Prueba de acceso a la universidad: se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad. Será necesaria la superación de una única prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, valorará la madurez académica, conocimientos adquiridos y capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

- Filosofía: se incorpora como obligatoria la materia de Historia de la Filosofía, que actualmente se imparte como optativa, en segundo de Bachillerato. En primero sigue la asignatura de Filosofía.

- Reválidas: se eliminan y habrá evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado. Tendrán carácter informativo, formativo y orientador. Serán muestrales y plurianules.

- Itinerarios de la ESO: se eliminan, estableciendo los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir del tercer curso de Secundaria y con ellos se podrá obtener el título único de la ESO que permite acceder tanto al Bachillerato como a la FP.

- Educación Especial: el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para, además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

- Profesores: en el plazo de un año presentará la regulación de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

- Formación Profesional: se eliminan requisitos de edad y se permite el acceso desde enseñanza de régimen especial. Se facilita cursarla de forma compatible con la actividad laboral. Programas de «segunda oportunidad» de carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

- Consejos escolares: tendrán mayor responsabilidad en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros. En el Consejo Escolar de los centros concertados habrá un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.