La Iglesia católica en España funciona “como un paraíso fiscal”. Esta es a la conclusión a la que llega Europa Laica tras analizar en profundidad la última Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal.

El informe, elaborado por el profesor M. Enrique Ruiz del Rosal, y que será presentado este martes, hace un minucioso repaso de las cuentas públicas de la Iglesia católica, destacando cómo “sigue sacando en situación de privilegio cantidades enormes del erario público que se desvían para el fortalecimiento de sus múltiples actividades, sin que, por otra parte, el Estado realice a través del Tribunal de Cuentas, y de la transparencia a nivel del Parlamento, una fiscalización de su destino y uso”.

El estudio, de más de un centenar de páginas, cifra en no menos de 11.600 millones de euros, más del 1% del PIB de España, el dinero que “se hurta a los Presupuestos” con los distintos privilegios fiscales, patrimoniales y económicos de la Iglesia en nuestro país.

Inversiones opacas con el dinero no gastado

Entre los puntos novedosos del informe se encuentra la información relativa al Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal, dinero que la Iglesia no reparte entre las diócesis de los fondos recibidos a través de la Declaración de la Renta, y que, según Europa Laica, utiliza en “inversiones fiscales” de cuyo contenido no se informa. Este fondo se nutre, afirma el informe, de los 80 millones que la Iglesia se llevó en 2007 -cuando se produce el cambio del porcentaje en el IRPF, pasándose del 052 al 0,7% actual-, y otros 85 millones que no se han gastado en los últimos años (y cuyo destino tampoco se desglosa).

Junto al Fondo de Reserva, se encuentran los 35,2 millones de euros en superávit de los dos últimos ejercicios (19,3 en 2016 y 15,9 en 2017). “¿Cómo es posible que a los obispos les haya sobrado 35,2 millones en los dos últimos ejercicios, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?”, pregunta Europa Laica.

Más aún: De esos “35,2 millones de superávit del dinero público que recibió la Iglesia católica de la casilla del IRPF de 2016 y 2017, 20 millones (el 57 %) los ha 'enterrado' en Trece TV para enjugar las pérdidas”, señala Europa Laica, que añade que “la situación de pérdidas sucesivas y crecientes ha obligado a los obispos a continuas ampliaciones de capital, por lo que ahora poseen el 78 % del capital de Trece TV. Y desde el punto de vista del empleo, el plan de recortes puesto en marcha en el verano de 2017 ha traído aparejado que a comienzos de 2018 haya 100 personas trabajando de las 140 iniciales”.

Inmatriculaciones y responsabilidad gubernamental

Respecto a la polémica sobre las inmatriculaciones, el informe de Europa Laica pone el énfasis en la “complicadísima batalla legal que se iniciaría” en el caso de que se reclamara judicialmente a la Iglesia, una por una, las 30.000 propiedades que al parecer fueron puestas a su nombre en virtud de la 'Ley-Aznar', y cuyo informe el Gobierno aún no ha publicado. Entre ellas, “figuran desde catedrales y ermitas hasta plazas, fuentes o frontones”.

Frente a ello, Europa Laica propone que el Gobierno apruebe, con el respaldo del Congreso, “una iniciativa política que revierta en bloque la situación a su punto de origen”, y que impugne todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015.

En sus conclusiones, el informe no sólo culpa a la Iglesia católica de vivir esta situación de “paraíso fiscal”, más bien al contrario: “el responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia católica en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años”.

Informe Memoria Conferencia Episcopal 2017 by Religión Digital on Scribd