Primero avisó el ex presidente Carles Puigdemont desde Waterloo: "Omella se comportó no como un hombre de iglesia, sino como un hombre de Estado, y eso es inaceptable". En sus 'memorias' sobre la fallida declaración de independencia, el president huido revela sus conversaciones con el hoy presidente de la CEE (que, todo hay que decirlo, hizo junto al cardenal Osoro un trabajo ímprobo para evitar el conflicto), y cómo Omella siempre quiso respetar el ordenamiento jurídico. También, todo hay que decirlo, el principal interlocutor con el cardenal de Barcelona fue Oriol Junqueras, no Puigdemont.

Justo después, el actual president, Quim Torra, lanzó la piedra. Con la excusa (porque es evidente que tuvo excusa) de la celebración 'alegal' de un funeral por las víctimas del coronavirus que no cumplía las draconianas normas -diez fieles máximo en la Sagrada Familia que sí permite el 50% de acceso si se trata de visitas turísticas-, la Generalitat anunciaba un expediente sancionador contra el Arzobispado de Barcelona.

Todo es 'procés'

Pero no se quedó allí (Torra nunca se queda ahí), sino que aprovechó para reprochar públicamente a Omella que no haya alzado ni una sola vez su voz para condenar la "represión" que, en su opinión, se ha sufrido estos años en Cataluña. 

"Me parece muy bien que Omella apele a la libertad de culto religiosos, pero lamento que se haya olvidado de la Constitucion de los derechos fundamentales, de las cartas de derechos humanos que protegen la libertad de expresión y manifestación, y que no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Catalunya", dijo Torra.

El paso dado por el Govern viene justo después de la presentación de un informe que denuncia más de 7.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en Cataluña gracias a la polémica 'ley Aznar', en un momento de especial tensión entre la Iglesia y el actual ejecutivo catalán. 

¿Qué le ocurre a los otrora convergentes democristianos? Sin duda, han desaparecido, al menos de Junts. Por mucho que Torra reivindique al pobre Casaldáliga. A ello hay que sumar la especial relación del presidente de la CEE con el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el PSC y con Junqueras. Y es que el tándem Puigdemont-Torra ya ve enemigos por todas partes, hasta en los templos. Y esto, a la espera de que en cualquier momento se convoquen elecciones, es una bomba con temporizador. 

Con todo, la reacción de Omella ha sorprendido a todos. No en vano, el presidente del Episcopado español fue el principal defensor del 'cierre' de templos en todo el país durante la pandemia, llamando a la responsabilidad y a la necesidad de no poner en riesgo vidas humanas. En principio, saltarse la ley no es su estilo. 

Con todo, la reacción de Omella ha sorprendido a todos. No en vano, el presidente del Episcopado español fue el principal defensor del 'cierre' de templos en todo el país durante la pandemia, llamando a la responsabilidad y a la necesidad de no poner en riesgo vidas humanas. En principio, saltarse la ley no es su estilo. 

¿Qué sucede? Lo que sucede es que la normativa catalana es durísima, e injusta, y además no se ha prestado al diálogo. Ocurre que, ya en la fase 1 (nos queda tan lejos que ni nos acordamos), el aforo máximo permitido en los templos era el 30%, que subía al 50% en fase 2 y al 75% en fase 3... y diez personas por templo, en el caso de la Sagrada Familia -que es donde se celebró el funeral- suponía menos del, 0,3%.

Ocurre que, ya en la fase 1 (nos queda tan lejos que ni nos acordamos), el aforo máximo permitido en los templos era el 30%, que subía al 50% en fase 2 y al 75% en fase 3... y diez personas por templo, en el caso de la Sagrada Familia -que es donde se celebró el funeral- suponía menos del, 0,3%.

Con todo, lo más absurdo es que, en ese mismo lugar, pocas horas antes, la misma normativa permite que estén a la vez en el maravilloso templo de Gaudí hasta 1700 personas (el 50% del aforo del templo, entendido durante esos momentos como lugar turístico). Una incongruencia que no se sostiene. La decisión de Omella ha sido arriesgada, y tendrá consecuencias administrativas. Por ambas partes: expediente para la diócesis, impugnación de la norma para el Govern. Tal y como funciona nuestra justicia, esperemos que cuando se dilucide ya no vivamos en pandemia. 

Torra se equivoca, "al cien por cien", como señala acertadamente alguien tan poco sospechoso de 'españolismo' como sor Lucía Caram. Y Omella se arriesga, porque entiende que así defiende el derecho a la libertad religiosa. Y el cardenal de Barcelona no es un Reig cualquiera.