¿Neoliberalismo episcopal? Quizá más de una persona habrá puesto en interrogante el título de este artículo por considerarlo un oxímoron. ¿Cómo pueden ser neoliberales los obispos españoles cuando Jesús de Nazaret, de quien se dicen seguidores, declaró incompatibles el amor a Dios y al dinero?  ¿Cómo pueden ponerse del lado del neoliberalismo cuando el Papa Francisco, a quien reconocen como representante de Cristo en la tierra, es uno de los críticos más severos y contundentes del neoliberalismo como teoría y práctica económicas? ¿Van a desobedecer al Papa en un tema de tanta trascendencia en el terreno ético?

 Decía Pedro Casaldáliga, uno de los símbolos más luminosos del cristianismo de liberación, que el neoliberalismo “es la gran blasfemia del siglo XXI”. ¿Habrán caído los obispos españoles en tamaño pecado y estarán pronunciando tamaña blasfemia?

Inmatriculaciones

Tres son los hechos que justifican el título. El primero son las inmatriculaciones. Según el listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en febrero de 2021, de 1998 a 2015 la Iglesia católica inscribió a su nombre 34961 bienes en el Registro de la Propiedad tras la reforma del Reglamento Hipotecario que impulsó el Gobierno de Aznar en 1998 a partir de un decreto de la dictadura de 1946.

De entonces para acá, a lo largo de 70 años, las inmatriculaciones de la Iglesia católica ascienden a cerca de cien mil bienes de toda índole: no solo lugares religiosos, sino también espacios civiles como murallas, plazas, palacios, calles, solares, cocheras, cementerios, prados, campos de futbol, fincas, etc. Entre los edificios más emblemáticos de los que se ha apropiado está la Mezquita de Córdoba por el módico precio de ¡30 euros!, el mayor pelotazo, sin duda, de nuestra historia urbanística.

 El tema de las inmatriculaciones es, junto con la pederastia clerical, uno de los mayores escándalos que está provocando descrédito y desafección hacia la institución eclesiástica en la ciudadanía y, dentro de la Iglesia católica, entre colectivos cristianos de base y gran número de fieles. Sin embargo, no consta en la información de los temas a tratar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que se está celebrando en Madrid esta semana.

Con la apropiación de decenas de miles de bienes a través de las inmatriculaciones, la jerarquía de la Iglesia católica española contraviene el mandato de Jesús de no acumular tesoros en la tierra (Evangelio de Mateo 6,19) y su afirmación de que “no se puede servir a dos señores: a Dios y al dinero” (6,24), hace oídos sordos a la petición de que devuelva dichos bienes al pueblo y se coloca del lado del neoliberalismo que mata.

Acuerdos Iglesia-Estado de 1979

El segundo hecho son los privilegios de todo tipo que los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 -inconstitucionales, según no pocos constitucionalistas y expertos en derecho eclesiástico del Estado- conceden a la Iglesia católica: educativos, culturales militares y, muy especialmente, económicos y fiscales, que ascienden a más de diez mil millones de euros, contando lo que no pagan y lo que ingresan. Con su defensa y mantenimiento de dichos privilegios, los obispos incumplen la exigencia de Jesús a sus seguidores de no llevar bolsa, ni alforja, ni tener dos túnicas (Evangelio de Lucas 9,3). Tampoco la renuncia a dichos privilegios ha sido abordado por el cardenal Omella en el discurso citado ni consta en la agenda de los temas a tratar en la Asamblea Plenaria de estos días.  

El tercero hecho que viene a legitimar el neoliberalismo por parte de la jerarquía con el apoyo del Estado es la asignación tributaria. Conforme al Acuerdo Económico firmado entre el Vaticano y el Estado Español en 1979, “el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal”. La Iglesia católica es la única religión en disfrutar de dicha asignación que cada año le reporta en torno a 300 millones de euros, de los que la jerarquía eclesiástica se apropia cuando deberían destinarse a fines sociales.

Los tres hechos contrastan con la condena de Francisco al neoliberalismo que califica de injusto en su raíz y con los cuatro “noes”: “No a una economía de la exclusión y la inequidad, que mata… No a la nueva idolatría del dinero… No al dinero que gobierna en lugar de servir… No a la inequidad que genera violencia”. Y sigue: “La adoración al antiguo becerro de oro (Éxodo 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de una economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humanos”.

El pecado de idolatría de los hebreos fue la adoración del becerro de otro. El pecado de idolatría actual es la adoración al oro del becerro. ¿Habrá caído la cúpula de los obispos españoles en dicha idolatría?

A ninguno de los tres temas se ha referido el cardenal Omella, presidente de la CEE, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, más parecido a los discursos de Rouco Varela que a las denuncias proféticas del neoliberalismo por parte de Francisco. Lo que confirma mi teoría de que la reforma de Francisco no ha pasado los Pirineos.

Tampoco hizo referencia alguna al 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, que iba a celebrarse  apenas una semana después,  ni a las principales reivindicaciones de la clase trabajadora. Demostraba así insensibilidad hacia los graves problemas que dicha clase viene sufriendo desde la crisis de 2008 hasta hoy, pasando por la pandemia que ha generado un fuerte incremento del desempleo, un deterioro en las condiciones laborales ya de por sí precarias, la pérdida de poder adquisitivo y el avance de las desigualdades con dramáticas consecuencias entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Quien sí ha mostrado sensibilidad a la dramática situación de la clase trabajadora tras la crisis de 2008 y la pandemia en tan significativo efemérides como el 1º de Mayo ha sido Mari Megina, presidenta de la Hermandad Obrera de la Acción Católica. (HOAC). En una entrevista en RD aba de afirmar que “necesitamos otra economía que sea sostenible e inclusiva en la que se habiliten de manera urgente medidas que aseguren protección social y trabajo digno para todos y todas desde la creación de empleo de calidad”.

A su vez, los secretarios generales de Comisiones Obreras Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente han criticado en la Fiesta Internacional del Trabajo la devaluación salarial, la precariedad y la siniestralidad laborales, y han defendido reivindicaciones laborales como el derecho al trabajo, del que se ven privados más de tres millones de personas en edad laboral en España, trabajos dignos, salarios justos, contención de los precios, aplicación de cláusulas de revisión salarial para mantener el poder adquisitivo conforme a la subida del IPC y poner en marcha medidas que favorezcan la igualdad. Han exigido a los empresarios corresponsabilidad en la crisis, “que está brillando por su ausencia”, según Unai Sordo.

Especial atención hay que prestar a las discriminaciones laborales sufridas por las mujeres entre las cuales hay que citar las siguientes: división sexual del trabajo, superior tasa de desempleo en relación con los hombres, discriminación salarial, empleos de peor calidad, empleos a tiempo parcial, menor número de contratos fijos, desigual distribución de las tareas domésticas cuya carga principal recae sobre las mujeres, discriminación en el acceso puestos de responsabilidad.

La cúpula episcopal haría bien en reunirse periódicamente con los sindicatos para tomar el pulso a la realidad laboral tanto a nivel global como local, escuchar sus legítimas reivindicaciones, hacerlas propias, incorporarlas en sus discursos dentro de la Doctrinal Social de la Iglesia, a la que tanto apelan, y defenderlas en sus programas pastorales, de los que suelen estar ausentes. Sería la mejor forma de superar -o, al menos, reducir- la abismal distancia que separa a la Iglesia institución de la clase trabajadora desde el siglo XIX y de practicar la opción por las personas y los colectivos más empobrecidos y desatendidos por los diferentes poderes.

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