Omella y Calvo inauguran una nueva etapa, basada en el diálogo franco y directo Acordes (y desacuerdos) en la nueva etapa de las relaciones Iglesia-Gobierno en España

Nueva etapa en las relaciones Iglesia-Gobierno en España. Tras la reunión de este miércoles, en la que la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente de la CEE, Juan José Omella, departieron durante más de dos horas, la sensación que se ha instalado en el Ejecutivo (compartida por el Episcopado) es que se abren caminos para alcanzar consensos. Y que, tras meses de silencio después de la exhumación de Franco, comienza una etapa de diálogo y búsqueda de acuerdos.

Eso sin, sin perder la libertad de cada uno. Omella y Calvo demostraron una gran sintonía, clave para fomentar los acuerdos, y gestionar los desacuerdos, que se den a lo largo de una legislatura en la que, esta vez tampoco, se tocarán los Acuerdos Iglesia-Estado.

¿Cómo será la negociación? Según ha podido confirmar RD, se reactivará la Comisión Mixta, con la interlocución de dos primeros espadas. Por parte del Episcopado, el secretario general, Luis Argüello; por la otra, Antonio Hidalgo, subsecretario de Vicepresidencia. Ambos llevarán el día a día de las relaciones, que girarán en torno a cuatro grandes bloques.

Cuatro grandes bloques

En primer lugar, la Educación, el aspecto que se presenta más complicado, pues tanto los obispos como la escuela católica se han mostrado muy críticos con la tramitación -sin apenas diálogo, sostienen- de la futura LOMLOE (o 'ley Celáa'). Tanto el estatus de la clase de Religión (su horario y evaluabilidad) como los conciertos con la escuela católica (mayoritaria en el sector) están en el alero, pero también blindados por el Concordato.

En segundo término, la nueva fiscalidad de la Iglesia y la cuestión de las inmatriculaciones. En este punto, la Iglesia no pondrá más objeciones que las de la igualdad de trato con el resto de confesiones y de instituciones incluidas dentro del régimen de la ley de Fundaciones. En lo tocante a las inmatriculaciones, una vez se conozca el listado oficial elaborado por el Colegio de Registradores, la Iglesia se ha comprometido a evaluar si ha habido algún tipo de irregularidad.

En tercer lugar, el drama de los abusos y la protección a la infancia y la adolescencia, en clave de consenso y de apoyo a la tramitación del actual proyecto de ley que ya se debate y en el que muchos han pedido la mención expresa de los espacios religiosos, tal y como se hace con los educativos, familiares o deportivos. La Iglesia no pondrá pegas a ello, en buena medida porque desde Roma ya se ha avanzado mucho en este campo. Otra cuestión será  la de las reparaciones económicas, donde el derecho civil y el eclesiástico pueden tener competencias distintas, en función de si los casos han prescrito o no.

Finalmente, el papel de las instituciones de la Iglesia -especialmente Cáritas- en la reconstrucción de la sociedad española tras la pandemia. En este punto, el Gobierno ha saludado la actitud colaborativa de los obispos, y escuchará las propuestas que desde Cáritas y otras ONG se le hagan para paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables. Es objetivo común, expresado tanto por Calvo como por Omella, 'no dejar a nadie atrás'.

La eutanasia, fuera. Los obispos criticarán la ley

Lo que no formará parte de las negociaciones, porque el Ejecutivo estima que no forma parte de las competencias Iglesia-Estado y, además, la ley ya se está tramitando en el Congreso, es el debate sobre la legalización de la eutanasia.

Ello no impedirá que, seguramente en la reunión de la Comisión Permanente del 6-7 de julio, los obispos puedan emitir alguna nota crítica en torno a esta cuestión, y a la tarea educativa, en una reunión que estará marcada por el recuerdo a las víctimas de la Covid-19 y el funeral que tendrá lugar el 6 de julio en la catedral de La Almudena y para el que, hasta la fecha, no está confirmada la presencia de ningún miembro del Ejecutivo. Sí habrá representación de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.