Apoyan los intentos del Gobierno de entenderse con la Iglesia y agradecen la labor de un sector limitado de la CEE Cristianos Socialistas critica "el ejercicio unilateral" de los obispos en su plan de reparación a las víctimas

El grupo federal de Cristianos Socialistas PSOE expresa mediante este comunicado, su apoyo al Gobierno de España, en relación con sus criterios sobre cómo deben realizarse el reconocimiento, la reparación, el acompañamiento y las indemnizaciones a todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual, cometida contra la infancia y la adolescencia en el ámbito de la Iglesia católica española, durante décadas de la historia de nuestro país.

Creemos que como bien define nuestro Gobierno, el modelo idóneo de reparación debe contar con el Estado y ajustarse a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. No por capricho, sino por haber quedado demostrado con hechos objetivos, que el informe del Defensor es el más adecuado, serio, independiente, global y profesional de cuantos se han elaborado hasta la fecha. Así mismo es necesario, y así lo reclaman la mayoría de las víctimas y supervivientes que se han expresado por varias vías, que exista un garante público que actúe como notario de los trabajos encaminados al reconocimiento y reparación de las víctimas y supervivientes.

El ejercicio unilateral de actuación, generado por la jerarquía eclesiástica española, sin contar con el Gobierno y con las propias víctimas, provoca una dosis más de desconfianza, falta de transparencia y es una oportunidad más para que la iglesia, fiel a su probado ejercicio histórico de opacidad, siga careciendo de credibilidad en esta terrible lacra, que supone una afrenta a los derechos humanos, los de la infancia y la adolescencia, además de ser una cuestión de salud pública, de la que todos y todas debemos ser conscientes y desde luego, consecuentes.

Cristianos Socialistas PSOE, defiende un modelo de reconocimiento, reparación, acompañamiento e indemnización de víctimas y supervivientes de los delitos de pederastia eclesiástica, en el que tanto el Gobierno como algunos representantes de las víctimas y supervivientes, estén presentes en las tomas de decisión, inclusivo, igualitario, transparente, que tenga presente las reivindicaciones del colectivo, sin apuntes previos que pretendan cuestionar la credibilidad de los y las denunciantes, con la creación de un espacio seguro no doble victimizante, amparado, entre otros marcos normativos por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.