Eexige al Gobierno un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 Recuperando advierte que los obispos podrían vender la Giralda o la Mezquita de Córdoba
Solicitan al Ejecutivo un inventario de monumentos que queden fuera del tráfico mercantil, tal como anuncia la nueva Ley de Patrimonio, para asegurarse de que solo puedan ser vendidos al Estado
El inventario publicado por el Gobierno a principios de año solo incluía, de manera fragmentaria e insuficiente, las inmatriculaciones efectuadas entre 1998 y 2015. Ese catálogo rondaba los 35.000 registros en solo 17 años, lo que induce a estimar en más de 100.000 los bienes apropiados por los prelados
"El Gobierno ha claudicado ante el expolio episcopal de más de cien mil bienes registrados a su nombre en virtud de un subterfugio jurídico claramente inconstitucional", denuncia Recuperando
"El Gobierno ha claudicado ante el expolio episcopal de más de cien mil bienes registrados a su nombre en virtud de un subterfugio jurídico claramente inconstitucional", denuncia Recuperando
¿Podría el obispo de Córdoba poner a la venta la mezquita de Córdoba? ¿Sería legal que el arzobispo de Sevilla vendiera la Giralda? Según la plataforma Recuperando, que aglutina a una treintena de colectivos de una decena de comunidades autónoma, es una hipótesis que puede darse si la futura Ley de Patrimonio no excluye del tráfico mercantil estos bienes.
"De lo contrario, bienes de enorme valor patrimonial y cultural, como la Giralda de Sevilla, el arte prerrománico asturiano o la Mezquita de Córdoba, que hoy figuran en el registro de la propiedad privada tras su inmatriculación por los obispos, podrían en un futuro ser vendidas como lo han sido otros tesoros artísticos de profunda raigambre histórica", destacan en un comunicado, tras presentar una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno que elabore un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde la ley Hipotecaria de 1946.
El inventario publicado por el Gobierno a principios de año solo incluía, de manera fragmentaria e insuficiente, las inmatriculaciones efectuadas entre 1998 y 2015. Ese catálogo rondaba los 35.000 registros en solo 17 años, lo que induce a estimar en más de 100.000 los bienes apropiados por los prelados.
Privilegios predemocráticos
"El Gobierno ha claudicado ante el expolio episcopal de más de cien mil bienes registrados a su nombre en virtud de un subterfugio jurídico claramente inconstitucional", señalan desde Recuperando, que reclama un listado de los monumentos que, en virtud de la futura Ley de Patrimonio Histórico no podrán ser vendidos por la Iglesia a terceros, salvo al Estado.
Al tiempo, Recuperando insta al Congreso de los Diputados a declarar "la nulidad en el plazo de seis meses de todas las inmatriculaciones “realizadas por la Iglesia con el único título de certificación eclesiástica”, lo que en su opinión "supone un claro privilegio predemocrático para los diocesanos, al ser equiparados con fedatarios públicos".
"Pasividad" del Gobierno
Durante su estancia en el Congreso, la coordinadora se ha reunido con Unidas Podemos, PNV e Izquierda Federal, y ha cerrado un encuentro con el Ministerio de Justicia para los próximos días. No obstante, ha mostrado su "sorpresa y contrariedad" ante "la pasividad" del Gobierno en la cuestión de las inmatriculaciones.
Tienen que #Devolverlorobado, la protesta por las #Inmatriculaciones de la iglesia católica en las puertas del parlamento pic.twitter.com/i3cYJ6XNKJ
— Loquesomos.org (@LQSomos) October 6, 2021
"No es de recibo que el Ejecutivo de coalición dé carpetazo al expolio de miles de bienes por los obispos, gran parte de los cuales integran el legado cultural de todos los ciudadanos y ciudadanas desde tiempo inmemorial", sostiene el coordinador del colectivo, Andrés Valentín, quien recuerda que "tanto el PSOE como Unidas Podemos se comprometieron en su programa de Gobierno a poner en marcha modificaciones legislativas para anular las inmatriculaciones".
Por su parte, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de Recuperando, sostuvo que el “Gobierno tiene la obligación de promulgar una reforma legislativa que clarifique qué bienes pertenecen al dominio público y cómo van a ser protegidos legalmente para evitar apropiaciones como esta”.