Etimológicamente democracia quiere decir que el pueblo manda. En 1784 el filósofo Manuel Kant, en un ensayo breve sobre “qué es la Ilustración”, apuntó bien la novedad del mundo moderno: los individuos salen del anonimato institucional y piensan por sí mismos. Emerge un pueblo, colectivo de personas que deciden por su cuenta liberándose de imposiciones foráneas y dictaduras políticas, económicas, culturales o religiosas.

Así nacía la sana laicidad que viene pujando a lo largo de los últimos siglos. Ciñéndonos al campo religiosos, contra la sana laicidad dos extremos se han ido alternando: la confesionalidad del Estado pretendiendo imponer a todos una religión, y el laicismo empeñado en eliminar el sentimiento y el hecho religioso. Cuando uno piensa en estos dos extremos, viene a la mente un chiste de nuestro inolvidable Mingote; dos viejitos sentados en un banco ven cómo un niño arroja una piedra contra el escaparate y comentan: “gamberro será aunque todavía no sabemos si de izquierdas o derechas”. Desde el año 1978 del siglo pasado, el Estado español es religiosamente aconfesional.

Va siendo hora de que lo aceptemos todos, tanto para evitar nostalgias de nacionalcatolicismo como para curar inquinas que nos envenenan contra unión entre poder temporal y la religión católica. Seguir haciendo gestos llamativos contra la Iglesia católica es una mentalidad tan trasnochada como la pretensión de que todo español debe ser cristiano.

Una manifestación de la democracia verdadera es la libertad religiosa. Cada persona tiene derecho a no practicar ninguna religión, practicar una o varias. Es un derecho anejo a la dignidad de la persona; no lo dan las religiones ni los gobernantes políticos. Un derecho de cada persona que se puede integrar en comunidad, sin el cual no hay un Estado moderno a Las personas pueden ser ateas o agnósticas, musulmanas, hindúes, cristianas practicar o fieles de otra religión; pueden ejercer este derecho con tal de que no perturben el bien común.

Si aceptamos este derecho, los gobernantes políticos deben garantizar la posibilidad de ejercerlo. En consecuencia cualquier atentado contra el mismo es un delito y un atentado contra la verdadera democracia. Ya es grave pasar por alto a nivel estatal la gravedad de estos delitos contra la libertad religiosa. Pero tampoco extraña cuando por una parte declaramos de modo grandilocuente que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y vemos normal que haya varios millones que ni siquiera encuentran un trabajo.