La muerte ha invadido la Amazonía ecuatoriana en plena Semana Santa, “hemos tenido una tragedia ambiental amazónica”, como señala Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato de Aguarico, tras conocer a través de vídeos y fotografías el alcance del derrame de petroleo, que en un primer momento ha afectado a más de cien comunidades de los Vicariatos de Aguarico y Sucumbíos y otro tanto en Perú, hacia donde ha ido avanzando la mancha de crudo por ríos Coca y Napo, y que amenaza con llegar al gran Amazonas.

Los efectos del desastre se han ido extendiendo rápidamente, afectando decisivamente a la vida de las comunidades indígenas, que se han quedado sin agua para beber y peces para alimentarse, en una región donde los productos de fuera son muy escasos, todavía más en este tiempo de pandemia, y las comunidades buscan en su entorno la supervivencia. El suceso tuvo lugar en la tarde del pasado 7 abril, fecha en que se produjo un deslizamiento de tierra en el sector de San Rafael, que ocasionó la rotura de la tuberías petroleras del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Ante esta situación, el obispo ha emitido este 9 de abril un comunicado en el que demanda al Estado y a la sociedad, sensibilidad frente al problema. Monseñor Adalberto denuncia la tentativa de minimizar las consecuencias por parte de la empresa estatal petrolera, Petroecuador, y del Gobierno Nacional, insistiendo en que “se ha ocultado información a las comunidades afectadas por la enorme contaminación”. Junto con eso, el comunicado narra la ineficiencia del gobierno ecuatoriano, pues “no se tomaron medidas de contención del derrame”, lo que ha provocado “una gran desgracia ecológica y ambiental”, que ha hecho que “la provincia de Orellana se ha quedado sin agua en tiempos de pandemia del COVID – 19”, que en Edcuador ya ha producido una grave crisis económica y sanitaria.

Esta situación demanda “la reparación ambiental y social integral en las comunidades afectadas por el derrame”, según pide en el comunicado, que demanda que la prensa nacional e internacional den la atención debida al problema, haciendo hincapié en las vidas amenazadas, lo que se agrava en este momento de pandemia, y no en las consecuencias económicas para la empresa. Al mismo tiempo exige que las autoridades asuman su responsabilidad, ya que “no es la primera vez que la Amazonía sufre un desastre de esta magnitud quedando en la impunidad los responsables: si bien el hundimiento puede considerarse un desastre natural, la falta de acciones inmediatas para mitigar el desastre y contener el derrame pueden considerarse un delito”.

En sus palabras, Monseñor Adalberto hace un llamado a las comunidades y sus dirigentes “a estar vigilantes y a insistir frente a las autoridades en la urgencia de informar la magnitud del desastre y en los mecanismos de reparación ambiental y social”, exigiendo que la Defensoría del Pueblo pida explicaciones y exija la reparación de los daños.

El obispo de Aguarico afirma haber recibido las primeras impresiones de las comunidades locales, entre ellas la de la hermana Marlene, religiosa laurita que desde la comunidad de Pompeya, le enviaba imágenes del desastre y le comunicaba que en su comunidad estaban muy apenados ante lo sucedido, insistiendo en su tristeza, “ahora que las comunidades estaban viviendo del pescadito, con más dedicación a la pesca, resulta este mal terrible”, relataba la religiosa.

Al comunicado del obispo de Aguarico, se une otro de la REPAM – Ecuador, también dado a conocer este 9 de abril, firmado por los obispos de los Vicariatos Apostólicos de Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo, Méndez y Zamora y de la Pastoral Social Cáritas, la Pastoral Indígena y Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador – SICNIE Amazónico, la Pastoral Juvenil de la región Amazónica, la Conferencia de Religiosos-as del Ecuador – CER, las Misioneras Lauritas, la Secretaría General de Pastoral Social Cáritas y la Secretaría Ejecutiva de la REPAM.

En este comunicado, las entidades denuncian el impacto socio ambiental, que ha afectado a aproximadamente 97.000 personas en las riberas del Coca y Napo, tachando de irresponsables a las empresas “ante la falta de precaución, prevención, información clara y oportuna sobre el rompimiento de los dos oleoductos”, lo que vino precedido de la desaparición de la cascada San Rafael (febrero de 2020), que ya amenazaba consecuencias graves, que no se tuvieron en cuenta. No se descarta que en el futuro, como consecuencia de los constantes corrimientos de tierra en la zona, se produzcan nuevos desastres con consecuencias todavía peores. Esto no es algo nuevo, sino que se viene repitiendo desde hace tiempo en diversos rincones de la Amazonía.

Por todo ello, los firmantes del comunicado, en la misma línea de lo expresado por el obispo de Aguarico, exigen que se asuma la responsabilidad ambiental de este hecho por parte de las empresas y de las autoridades, un informe rápido y transparente de lo sucedido, así como la reparación de los daños y acompañamiento a las comunidades afectadas, que han sufrido un grave impacto social, ambiental y económico. Junto con eso se exige al Ministerio del Ambiente y Agua “un informe técnico sobre el estado de contaminación del agua en los ríos Coca y Napo junto con un plan de remediación ambiental”.

Al mismo tiempo, una toma de “medidas de atención social inmediatas para garantizar el acceso al agua y alimentos para las personas afectadas”, una situación que se agrava con la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, mucho más amenazadas de contagio y de hambruna dentro de la actual situación. Esto supone, como recoge el comunicado, “exigir a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica que destine los fondos necesarios de manera inmediata”, con el propósito de “cubrir las necesidades de atención humanitaria a las comunidades afectadas”. Finalmente, el comunicado pide una exhaustiva investigación, que garantice “la no repetición de estos desastres”, algo difícil en un país donde el gobierno ha puesto los intereses económicos, cuyos beneficios se reparten entre unos pocos, por encima de la vida de los pueblos y la defensa de la Casa Común.