El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), ha lanzado este 17 de agosto en la sede de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil – datos de 2021, un acto que contó con representación de diferentes pueblos indígenas llegados de diversos puntos del país.

Se trata de “una denuncia contra la dignidad de la vida de los pueblos indígenas”, según Antonio Eduardo C. de Oliveira, secretario ejecutivo del Cimi. Un evento que tiene lugar en el 50 aniversario de la entidad, algo destacado por Mons. Joel Portella Amado. El secretario general de la CNBB, afirmó que se trata de “50 años dedicados a la defensa de los pueblos indígenas de Brasil”, un ejemplo más del compromiso y solidaridad de la Conferencia Episcopal de Brasil con los más pobres y vulnerables a lo largo de sus 70 años de historia.

Para Mons. Joel, “un país es juzgado por la capacidad de proteger a sus hijos e hijas. En un país donde hay violencia y muerte, la condición de protector es altamente cuestionada”, insistiendo en que la forma como Brasil trata a sus pueblos indígenas dice mucho sobre el país como nación. Em ese sentido, como destaco la representante del Pueblo Guarani Nhandeva, Neusa Cunha Takua, el Marco Temporal es un marco de muerte para los pueblos indígenas. Unos pueblos que solo luchan por los territorios que pertenecieron a sus antepasados.

El informe recoge el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas, de las invasiones y ataques contra comunidades y líderes, así como el incremento de conflictos, que son reflejo del ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios. No se puede ignorar que en los últimos seis años el gobierno brasileño no ha demarcado ningún territorio indígena, ignorando la protección de los ya demarcados, algo en lo que insiste Lúcia Helena V. Rangel, una de las responsables en la elaboración del informe, que resalta el actual escenario de los pueblos indígenas, marcado por una violencia cada vez mayor y más agresiva.

Desde el Cimi se insiste en que 2021 fue marcado por “la dramática intensificación de las violencias y violaciones contra los pueblos indígenas en Brasil”, relatando “el aumento de invasiones y ataques contra las comunidades y líderes indígenas”, algo que es consecuencia del “ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios”, algo que se demuestra por el hecho de que por sexto año consecutivo han aumentado “las invasiones contra las posesiones, la explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio”, con 305 casos contra 226 Tierras Indígenas en 22 estados en 2021.

Son ataques de mineros ilegales, madereros, cazadores, pescadores y falsificadores de documentos de tierra. Un ejemplo de eso son los 20 mil mineros ilegales en la Tierra Indígenas Yanomami, que han provocado un clima de terror y muerte, incluso de niños. Ellos emplean armamento pesado, algo denunciado, pero ignorado por el gobierno brasileño, que sigue promoviendo la minería ilegal en tierras indígenas, algo prohibido por la Constitución del país. Inclusive, estos mineros han sido propagadores del Covid-19 entre los indígenas.

El Informe analiza los diferentes rostros de la violencia: contra el patrimonio, no demarcando territorios, quema de casas de oración, falsificación de documentos de tierras; violencia contra la persona, con aumento del número de asesinatos, muchas veces no investigados; violencia por omisión del Poder Público, con falta de atención en el campo de la sanidad, de la educación escolar indígena; muertes por Covid-19, que según el informe se elevó a 847 en 2021; pueblos en aislamiento voluntario, liberando por parte del gobierno la invasión de estos territorios, lo que pone en peligro su existencia.