Uno de los mayores enemigos de los pueblos indígenas de la Amazonía, en los diferentes países que componen este inmenso territorio, son los propios estados. Quien debería ser su principal defensa se ha convertido, a través de las acciones y omisiones de los diferentes poderes, en instrumento que perjudica la vida estos pueblos, muchas veces poniendo los intereses económicos y de las grandes empresas por encima de la defensa de la vida de los más frágiles.

Una vez más, esto se ha visto en Ecuador, donde las comunidades de la Amazonía están sufriendo las terribles consecuencias provocadas por el derrame petrolero que tuvo lugar el pasado 7 de abril, el más grave en los últimos 15 años, provocando un grave desastre ambiental y social. La Iglesia de la Amazonía ecuatoriana, junto con organizaciones indígenas y sociales presentaron una demanda contra el estado y las empresas, que empezó a ser juzgada la semana pasada, pero que se ha visto interrumpida desde el pasado lunes.

De hecho, el pasado lunes, tanto el juez como sus compañeros de trabajo, han presentado síntomas de COVID-19, por lo que se tomaron dos días, con permiso médico, para hacerse las pruebas, señalando que el miércoles se notificaría una respuesta y los pasos a seguir en caso de estar contagiados. Como señala Francis Andrade, del Eje de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, no han recibido, hasta la mañana de este jueves, ninguna notificación oficial del juzgado, que solamente ha dicho que “la audiencia se va a reanudar cuando el juez se encuentre bien, lo que puede ser en una semana como en meses, realmente no hay una seguridad en el tema”.

El problema es que, mientras tanto, las familias siguen esperando una respuesta, pues las afectaciones a las familias no han cesado, insiste Francis Andrade. Cuando se presentó la acción de protección, señala la abogada, “también se presentaron medidas cautelares, que repetidamente se ha pedido que fuesen resueltas por el juez”, algo que podría hacer debido a la urgencia y a la gravedad, pero que el juez, en repetidas ocasiones, ha señalado que resolverá en audiencia.

Ante el desamparo de las familias, lo que se está exigiendo, como reconoce Francis Andrade, es “que pueda dar a conocer y aceptar estas medidas cautelares mientras se puede suspender el proceso de acción de protección, ya que las familias están desprotegidas, esperando una atención, una reparación”. Ante la falta de respuesta, tanto la Iglesia como las organizaciones indígenas y sociales se han organizado para resaltar algunas acciones y requerimientos en el ámbito jurídico realizado para presentar un requerimiento al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrador de la parte jurídica en Ecuador, para que remita una respuesta, qué se puede hacer frente a estos temas, “si bien es cierto es una emergencia sanitaria en la que estamos todos sumergidos, la enfermedad del juez, algo que no se podía prever”, reconoce Francis Andrade.

La abogada no niega que los funcionarios públicos requieren cuidados, pero también es consciente de que “se necesita un proceso efectivo, que se cumplan las garantías del proceso”. En ese sentido, se ha presentado el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que si esta situación no se resuelve pronto, el riesgo que corren las personas es grave. De hecho, hasta hoy, después de casi dos meses, las personas no pueden acceder a agua segura ni a alimentación, a pesar de que tanto el estado como la empresa dicen haber atendido a la población en ese sentido. En realidad, no se han atendido las necesidades de alimentación y de agua.

La situación era denunciada con vehemencia este miércoles por Monseñor Rafael Cob, responsable de la REPAM Ecuador y uno de los Amicus Curiae en el juicio, quien decía que “queremos compartir el dolor de nuestras comunidades, no es cualquier cosa lo que ocurrió, ni lo que están sufriendo estas familias”. En sus palabras señala que son más de 27 mil personas, de más de 100 comunidades, las que están sufriendo “la irresponsabilidad de aquellos que tienen el deber de prever, el deber también de defender a estos pueblos”. Ante esta situación, el obispo del Puyo dice que, “hoy nosotros, como Iglesia, estamos junto al que sufre, como una Iglesia samaritana, como una Iglesia solidaria, como una Iglesia profética, denunciando el mal y defendiendo el bien”.

En sus palabras, el prelado insiste en que “queremos unir nuestras voces a las de nuestros hermanos indígenas que viven en esta Amazonía, esta Amazonía que una vez más ha sido también maltratada, contaminada”, denunciado que a estos pueblos se les ha contaminado el agua, la alimentación, los ríos, la flora, afirmando que derechos de la naturaleza han sido vulnerados, a lo que se une la vulneración de derechos de la dignidad de estas personas, de una vida que está amenazada. Todo esto, le lleva a decir que “la justicia debe reinar e imperar por encima de las mentiras, por encima de los egoísmos, de lacodicia, de los que quieren ver la Amazonía como una despensa, de donde poder sacar de una forma inagotable los bienes no renovables, para enriquecer a unos pocos y para perjudicar a todos”.

Monseñor Cob le pide a Dios “que les dé la sabiduría a los que tienen que tomar decisiones en este juicio”, insistiendo en que “sobran las palabras cuando son los hechos los que hablan, ahí está la enfermedad de nuestros hermanos, la impotencia de no poder cubrir las necesidades vitales”. Todo eso le lleva a reiterar que “defenderemos la vida, la Amazonía, defenderemos a estos pueblos que son parte viva de esta Amazonía y guardianes de un bien para toda la humanidad”, y junto con ello que “estaremos siempre unidos y presentes para defender la justicia y la verdad”.

MENTIROSOS: LA EROSION NO ES NUEVA. Es el avance de la EROSION REGRESIVA ACELERADA que ustedes conocen x lo menos desde el 2 de feb. y sobre la QUE NO HICIERON NADA x 65 dias, luego ocurrió el derrame de 7 de abril. HOY de nuevo les preocupa la INTEGRIDAD DE TUBERIA. Y la gente? https://t.co/c66orbbIQU

— LINA MARIA ESPINOSA (@lmespinosav) June 3, 2020

Otro elemento a tener en cuenta es que, justo ayer, Petroecuador publicó en su cuenta de Twitter que han suspendido la función de este poliducto, del SOTE, que fue el que se rompió el 7 de abril, porque hay un riesgo de un fuerte socabón en la zona de Quijos, una zona muy cercana a la Cascada de San Rafael donde ocurrió el derrame. Esto se puede interpretar, según Francis Andrade, como una advertencia de la naturaleza. Ella afirma que “esta vez Petroecuador, sí que ha tomado las medidas que debería haber tomado el 7 de abril, de suspender las funciones”.

Según la abogada, las medidas actuales son consecuencia de que “están en el ojo público, pero realmente esto se debió ya tomar en cuenta el 7 de abril, así como asumir su responsabilidad sobre los daños causados a las comunidades”. Todo esto confirma que existe una erosión regresiva, que es un tema geológico, pero que, según Francis Andrade, “han habido estudios previos sobre la erosión regresiva y no se han tomado las medidas por parte del estado para poder prever las rupturas de los oleoductos o por lo menos estar listo frente al riesgo”.