Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi - Ecuador, denunciaron presiones de la fuerza pública con el objetivo de imponer la realización de la denominada “consulta ambiental,” una propuesta del presidente Guillermo Lasso que aparece legalmente aprobada en el decreto 754 y que podría entre otras cosas, despojar a los habitantes de los territorios con el fin de ampliar la explotación minera de la región. "Como cristianos y personas de fe, demandamos a las autoridades que cese la represión y detengan este tipo de abusos y violación de los derechos humanos, comunitarios y de la naturaleza," afirmaron los lugareños.

Cese de la represión

Una denuncia que aparece documentada por la Red Nacional de Pastoral Ecológica en un comunicado que advierte sobre el favorecimiento estatal a la empresa Ático Mining Corporation y su proyecto minero “La Plata”.

Al respecto, los ciudadanos exigen que se detenga esta consulta que califican de ilegal, bajo el amparo de un decreto de la presidencia de la república que es inconstitucional.

Igualmente, piden "el retiro inmediato de los numerosos grupos de policías y militares armados" que tomaron posesión de la parroquia de Palo Quemado. Situación que genera miedo y zozobra entre los habitantes de los recintos que hacen parte de este territorios, como es el caso de Santa Rosa de Lima, San Pablo de la Plata, Las praderas del Toachi, Zarapullo, El Cristal, Las Minas de la Plata, La Florida y en los recintos aledaños a las parroquias de Las pampas y Alluriquín.

Respeto por los acuerdos

De acuerdo con el Frente Nacional Anti minero, el pasado 20 de mayo cerca de 50 militares se presentaron en la Parroquia de Palo Quemado, durante la inauguración de un "proyecto de Agua" que había sido financiado por la industria "La Plata". Esta situación se está repitiendo en este momento y les hace pensar que el gobierno del presidente Lasso, estaría usando a los miembros de la Fuerza Pública como una guardia privada de las empresas mineras y sus proyectos en el país.

Ante la gravedad de la situación, el llamado a la población es a mantenerse en alerta; esto con el fin de garantizar el respeto por los acuerdos y decisiones sobre el tipo de desarrollo que desean apoyar y sostener en esta parte del Ecuador. De la misma forma, los obispos y colectivos de la sociedad civil llamaron "a no caer en la provocación y a utilizar todas las formas pacíficas de resistencia para exigir sus derechos”.

Para las organizaciones firmantes "es tiempo de privilegiar la vida, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, para quienes debemos garantizar territorios sanos y libres de contaminación," aseguraron.

Organizaciones comprometidas

El decreto 754 facilita a las empresas mineras la posibilidad de despojar de los territorios a las comunidades inconsultas.

Esta es una razón por la cual los pobladores de estos territorios han organizado acciones comunitarias, como plantones y movilizaciones, con el propósito de impedir el ingreso de las empresas a sus territorios en donde pretenden hacer una consulta ambiental, presumiblemente, para lograr una licencia que les permita explotar las montañas de la región de Sigchos.

En la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones, en donde los habitantes han emprendido una lucha desde el año 2015; con el fin de impedir el daño que puede ocasionar sobre el ambiente la presencia de grandes maquinarias y porque desde su percepción, la minería puede definirse como "pan para hoy y hambre para mañana".

Así, las comunidades de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi y Las Naves en la provincia de Bolívar se mantienen en una actitud de resistencia en contra de la consulta ambiental de las empresas mineras, particularmente de Curimining S.A. y Ático Mining.

Pan para hoy, hambre para mañana

El objetivo de la comunidad es frenar el extractivismo porque su principal actividad económica es la agricultura que consideran es el presente y futuro de sus familias. De hecho, actualmente vienen trabajando en un emprendimiento para la producción de productos como la panela que se está exportando hacia países como Alemania, España y Rusia.

Una industria floreciente que corre el riesgo de desaparecer si se amplía la intervención minera de estos territorios.

El documento aparece firmado por la Red Nacional de Pastoral Ecológica(RENAPE) integrada desde la Iglesia por Mons. Geovanni Paz Hurtado, obispo de la diócesis de Latacunga y presidente de la Comisión de culturas de las Conferencia Episcopal ecuatoriana, el Hno. Freddy Sarango coordinador de la misma, Josselin Marisol Viteri Castellano presidenta del Recinto Intercultural La Florida, además de organizaciones como la Acción Ecológica, Quito sin Minería, la oficina de Derechos de la Naturaleza, el colectivo en defensa de los Polinizadores, CEDENMA, el colectivo La Siembra,Mujeres Defensoras de la Naturaleza Saramanta Warmikuna, el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y la Fundación Casa Común, entre muchas otras.