En agosto los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente y 137 asambleístas que los representarán. También expresarán su opinión sobre dos consultas populares: la del Yasuní y la de Chocó Andino.

La primera consulta está impulsada por el colectivo Yasunidos, es una pregunta para saber si el electorado está de acuerdo o no con la actividad petrolera en el bloque 43, bajo la responsabilidad de Petroecuador. ¿Está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? es la pregunta que se formulará de ganar el "Sí" la infraestructura deberá desarmarse y suspenderse.

En el caso de la consulta de Chocó Andino, responderán cuatro preguntas que se refieren al futuro de las 286 mil hectáreas que la componen y que actualmente se encuentran en peligro por la práctica de la denominada minería metálica. Las preguntas estarán dirigidas hacia la aprobación de esta actividad económica considerando varios niveles: minería artesanal, de pequeña, mediana o gran escala.

La reserva del Chocó Andino contiene 12 tipos de bosques y durante seis años fue el área con el mayor conteo de aves exóticas del mundo, 617 de las cuales fueron halladas en los puntos de observación, superando el número de aves existentes en continentes como Europa.
El 25 de julio se cumplirán 5 años de la declaración hecha por la UNESCO según la cual Chocó Andino es una reserva de la biosfera, la sexta de estas mismas características en Ecuador.

Sensibilizar, tocar el corazón

Frente a la situación la Red Nacional de Pastoral Ecológica (RENAPE) y la Red Iglesias y Minería, lideran diversas actividades para exponer tanto en el contexto nacional como el internacional la gravedad de la situación en Ecuador y los efectos que la explotación minera viene dejando en los territorios. Consecuencias que no pueden ignorarse ante la proximidad de una consulta popular que determinará la prohibición del extractivismo petrolero y minero en amplias zonas del país.

El objetivo de estas actividades y participaciones en eventos públicos por parte de líderes eclesiales es crear conciencia entre los ecuatorianos para llamar la atención en el contexto regional sobre el daño ecológico y humano que causa la minería para muchas comunidades, donde ya es considerada una problemática.

Ejemplo de ello fue la reciente intervención de Mons. Geovanni Paz, obispo de Latacunga - Ecuador y representante de la RENAPE en Panamá. Ante los miembros del episcopado panameño el prelado manifestó su preocupación por la matriz extractivista y el modelo económico que sigue avanzando en el país andino.

Voluntad popular ignorada

Para el obispo ecuatoriano “existe mucha preocupación por las maneras con las que actúan los estados, sin consultar, sin mirar las afectaciones, sin garantizar los derechos humanos”. Situación de la que ha sido testigo como pastor de una comunidad que ha enfrentado en territorio los primeros proyectos mineros en Ecuador de los cuales ya se pueden ver los impactos de la actividad extractivista.

Si bien, el obispo es consciente de que la amenaza sigue para muchos otros territorios “detener la minería en estos lugares sería un avance significativo,” como se ha visto en otros países. Muestra de ello es lo sucedido en El Salvador, donde el rol de la Iglesia fue determinante desde la formación y la creación de la conciencia entre los ciudadanos que culminó con un pronunciamiento de carácter legislativo, según el cual se declara al país, un territorio libre de minería metálica.

Tras el encuentro entre Mons. Geovanni Paz y el episcopado panameño, los obispos del país centroamericano tomaron una postura clara y profética porque comparten las mismas preocupaciones que el pueblo ecuatoriano. En una carta que denuncia las diferentes concesiones mineras que se han presentado allí, recuerdan que su comunicación es ante todo en favor de la vida y con el firme deseo de abogar por los derechos humanos.

Dolores compartidos

En la comunicación los obispos panameños cuestionan los resultados económicos cuando ignoran por completo el bienestar de las comunidades. “¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común? cuestionaron, al tiempo que advirtieron que sin duda el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país ha generado mucha desigualdad y ha sido incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios.

Ante el tema minero los prelados panameños “se sienten sorprendidos porque diversos Gobiernos de la República han otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país; sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas. Desde la perspectiva de la Iglesia convertir a Panamá en un país minero, compromete seriamente el futuro del país en el que hay graves riesgos para el medio ambiente, la vida, salud de las personas y el ejercicio de la soberanía nacional.

“Exhortamos, respetuosamente, a las autoridades respectivas a que no den más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada. La minería es un asunto de interés público y prioritario, en la que todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra Madre Tierra. No escuchar el clamor del pueblo, para avanzar en proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua, la vida y el futuro de Panamá, es un grave error,” advirtieron los obispos.