Varias denuncias interpuestas ante autoridades eclesiásticas y civiles en los últimos años revelan la crisis administrativa y de liderazgo que sufre el monasterio benedictino de El Rosal (Cundinamarca). 

El 3 de abril de 2016 el entonces prior, Herbert Dworschak, conocido bajo el nombre religioso de Marcos, recibió una denuncia sobre acoso sexual. Según el relato, en la noche del 16 de diciembre de 2015, un monje llamado José intentó besar a un huésped de la casa de retiros del monasterio, después de irrumpir en su habitación con la excusa de ofrecerle atención espiritual.

“Se iba a soltar el cinturón del hábito, a lo que yo le respondí con un no rotundo”, manifestó el joven que se declara víctima. “Esa noche no pude dormir de la rabia y el miedo (...) Me parece un peligro que un tipo de tales características e intenciones tenga cierto contacto con niños y jóvenes de mi misma edad e incluso menores”, añadió el denunciante, entonces estudiante universitario, tras explicar que había conocido el monasterio dos años antes, durante la catequesis de confirmación de su colegio.

“No estoy en contra de que en la Iglesia católica haya individuos con diversa orientación sexual, lo que me indigna y ofende es que cuando personas como yo buscamos un espacio para escapar del devenir de la ciudad y de los problemas, algunos buscando a Dios y otros buscándonos a nosotros mismos, seamos interrumpidos e importunados por cuestiones de esta índole. Asimismo, quiero evitar que lo me pasó a mí le suceda a alguien más y que más tarde sea más grave”, manifestó el joven, al cierre de la carta.

Herbert Dworschak fue contactado en el marco de esta investigación periodística, pero se ha negado a explicar las acciones que emprendió en atención a la denuncia. Se desconoce si el religioso cumplió con su deber legal de alertar a la Fiscalía General de la Nación, único organismo competente para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de delitos dentro del monasterio.

Para ese año, otros hechos de violencia tenían lugar allí, según los testimonios de antiguos empleados de la institución. Una queja sobre acoso laboral elevada ante el Ministerio del Trabajo ubica en agosto de 2016 presuntas calumnias y acusaciones injustas por parte del sacerdote Manuel Sobrino contra una persona que trabajaba en el monasterio. Esta manifiesta también haber sido objeto de “ataques verbales y psicológicos” por parte de Néstor Julio Morales, mejor conocido como el hermano Santiago.

Quema y sustracción de documentos

El 30 de septiembre de 2019, Mayra Mestizo Sosa, una mujer que había sido contratada para adelantar una auditoría, fue detenida por un grupo de policías mientras intentaba huir del monasterio, llevando consigo documentos del área administrativa sin autorización.

El hecho se sumó a una serie de irregularidades que en las últimas semanas venían presentándose, entre ellas, destrucción de archivos, suplantación del nombre de personal a cargo de la administración, despidos sin justa causa y otro tipo de maltratos contra empleados.

Si bien el entonces prior, Herbert Dworschak, terminó por reconocer que Mestizo “abusó de sus funciones”, nunca elevó una denuncia penal en su contra. Una investigación de la Fiscalía habría puesto el foco sobre señalamientos contra el monje Néstor Julio Morales, por presunta complicidad. Situación que fue puesta en conocimiento de José Miguel Gómez, entonces obispo de la Diócesis de Facatativá, jurisdicción eclesiástica cercana a Bogotá, en cuyo territorio está el monasterio.

Cuando dos años después fue contratado un nuevo revisor fiscal, concluyó que “el monasterio se encontraba en un altísimo riesgo laboral, financiero, tributario y patrimonial debido a que presentaba anomalías en todas las cuentas del balance”. Además de un proceso de conciliación con “empleados que fueron despedidos, cuyas pretensiones ascendían aproximadamente a mil millones de pesos”, el revisor fiscal se encontró con que las multas y sanciones a las que estaban expuestos los monjes por no cumplir con obligaciones fiscales ascendían aproximadamente a la cifra de seiscientos millones de pesos. Y hay más: no existían procedimientos en el monasterio que garantizaran “un buen manejo del efectivo”.

Para 2023, algunos riesgos habían sido conjurados durante un proceso de modernización administrativa iniciado tras el reemplazo de Gregorio Zeilenger, sacerdote que ocupó el cargo de ecónomo entre 2009 y 2020, periodo en el que detonó la crisis. Sin embargo, una directriz prevalecía entre la mayoría de los religiosos como palo en la rueda de las reformas pendientes: evitar el escándalo público. Fue la decisión impuesta durante una votación entre los monjes, a finales de año, después de la pérdida de un millón y medio de pesos, dinero que había estado en custodia del monje Leonardo Castaño Ocampo, antes de que este alertara sobre un supuesto hurto que nunca fue investigado.

“No recurriremos a la denuncia frente a la Fiscalía. Todo lo afrontaremos internamente. No queremos ser motivo de detrimento para personas que con buena voluntad se acercan al monasterio”, manifestó Néstor Julio Morales, prior y representante legal para aquel entonces. Un cargo en el que permanece activo a pesar de los señalamientos que se suman en su contra, al menos desde 2019. Algunos de dichos señalamientos también están en conocimiento de benedictinos con poder de decisión en el ámbito internacional, entre ellos el sacerdote Javier Aparicio.

“Deseamos una visita (...) para salvar el futuro”

El 15 de diciembre de 2023, de manera anónima, un monje se dirigió a Jeremías Schroeder, presidente de la congregación benedictina de Santa Otilia, institución con sede en Alemania de la cual depende el monasterio de El Rosal, para manifestarle su preocupación por el destino de éste.

“Esta situación no me genera confianza ni seguridad (...) Estoy plenamente seguro de que al momento en que se enteren de que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo me van a expulsar para callarme (...) Otras personas que han pasado por el monasterio y han denunciado todos los abusos y fraudes que cometen algunos monjes mayores han sido silenciados con la expulsión sin justa causa (...) Los monjes que estamos denunciando estos hechos deseamos una visita e intervención de su persona para salvar el futuro del monasterio”.

Se referían a una visita canónica, entendida como "el acto de un superior eclesiástico que, en el desempeño de su cargo, visita personas o lugares con el fin de mantener la fe y la disciplina y corregir los abusos".

Entre los “delitos de algunos monjes solemnes”, el remitente hizo referencia a “fraudes realizados en 2019”, en los cuales supuestamente está involucrado Néstor Julio Morales; abusos psicológicos por parte de Manuel Sobrino y de Leonardo Castaño; y situaciones de acoso sexual.

Varios ex-trabajadores y ex-religiosos consultados, cuya identidad debe protegerse por motivos de seguridad, se declaran víctimas de dichas situaciones de acoso sexual por parte de los tres monjes antes mencionados. En el marco de esta investigación periodística se elevó una solicitud a los religiosos, con el fin de que expresaran su posición frente a los señalamientos de los cuales son objeto. Ninguno aportó una respuesta. Tampoco lo hizo Herbert Dworschak, tildado de encubridor por ex-trabajadores y ex-religiosos.

A mediados de julio de este año, tuvo lugar una visita por parte de los monjes Marco Antonio González y Aaron Jang, enviados por la congregación benedictina de Santa Otilia para investigar las denuncias en el seno del monasterio de El Rosal. El contenido de su informe todavía no ha salido a la luz. Sin embargo, ha comenzado a romperse el silencio que imperó durante décadas en uno de los centros espirituales más importantes del país.