Daniel Sampaio: "No es una 'simple' lista de sospechos, está fundada en fuentes confrontadas" División en la Iglesia de Portugal por la ausencia de medidas contra los curas en activo sospechosos de abusos

Las medidas a adoptar contra los sacerdotes sospechosos de haber abusado de menores dividen a la Iglesia católica en Portugal, donde la Conferencia Episcopal defiende que no se puede apartar a nadie sin hechos probados pero surgen voces discordantes que piden actuar de forma cautelar.

Una comisión de expertos, creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), investigó durante un año los abusos cometidos en el seno de la Iglesia lusa desde 1950 y dejó dos conclusiones: un informe que habla de al menos 4.800 víctimas y una lista con cien sospechosos de abusos en activo.

La lista fue entregada el pasado viernes a la CEP, pero su presidente, José Ornelas, descartó apartar de forma preventiva a los curas.

"No podemos apartar de un ministerio a alguien sólo porque viene una persona diciendo que es un abusador", dijo Ornelas, que insistió en que se trata sólo de una "lista de nombres", sin más datos -como información sobre el denunciante o el delito-, lo que dificulta la investigación de los casos.

La misma postura fue defendida este domingo por el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que repitió varias veces en declaraciones a periodistas el mismo mensaje: sólo la Santa Sede tiene potestad para suspender a un sacerdote tras un proceso canónico.

Voces discordantes

Pero dentro de la propia Iglesia surgen voces discordantes que no están de acuerdo con esta posición.

El obispo auxiliar de Braga, Nuno Almeida, defendió este lunes que sí es posible tomar medidas cautelares "de carácter administrativo" contra los sacerdotes de la lista.

Cada obispo deberá "acoger, analizar, evaluar y profundizar" todas las denuncias y "retirar las consecuencias necesarias", principalmente "tomar medidas de tipo administrativo contra la persona denunciada, que podrán llevar a limitaciones en el ministerio", escribió en una nota enviada a medios locales.

Almeida, que hasta hace días coordinaba la Comisión de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Archidiócesis de Braga, recordó que las directrices divulgadas por el Vaticano en 2020 permiten retirar a un cura de la actividad pastoral o apartarlo del ministerio incluso mientras transcurre la investigación previa.

La respuesta oficial de la Iglesia tampoco ha caído bien entre muchos católicos que exigían medidas inmediatas contra los supuestos agresores.

Más de 200 ciudadanos e instituciones católicas enviaron una carta a la CEP para pedir que los obispos que encubrieron casos de abusos sexuales a menores fueran retirados de sus funciones en los próximos 60 días y que los sospechosos en activo fuesen suspendidos "con carácter preventivo".

Los expertos responden a la Iglesia

La postura de la Conferencia Episcopal ha suscitado respuestas hasta de la propia comisión de expertos que investigó los abusos.

El psiquiatra Daniel Sampaio, uno de los miembros de esta comisión, refirió este lunes en el programa "Antena Aberta", de la estatal Antena 1, que los obispos no tienen en sus manos una simple lista de sospechosos sin conocer ningún dato más.

"Un equipo de historiadores fue a las diócesis a "confrontar" a los obispos con las listas de abusadores sacadas de las denuncias que recibieron y que después se añadieron otros nombres que aparecieron en los archivos diocesanos"

Recordó que un equipo de historiadores fue a las diócesis a "confrontar" a los obispos con las listas de abusadores sacadas de las denuncias que recibieron y que después se añadieron otros nombres que aparecieron en los archivos diocesanos.

"Es evidente que es una lista de nombres, pero no una lista de nombres hecha de forma infundada. Es una lista que resultó de estas dos fuentes y los obispos saben muy bien quiénes son esas personas, porque fueron confrontados con esos nombres en las reuniones con el historiador", alegó.