Los obispos franceses lanzan un plan de reformas para corregir años de abusos La Iglesia de Francia venderá sus bienes para indemnizar a las víctimas de pederastia

La Conferencia Episcopal francesa anunció este lunes que se deshará de parte de sus bienes y que si es necesario pedirá un crédito para indemnizar a las víctimas de pederastia en su seno.

Los obispos franceses no precisaron la cuantía total que estiman necesaria, pero aseguraron que esa cifra será financiada con sus propios fondos y no con donaciones de los fieles que se dedican ya a otras misiones.

Ese fondo, al que los obispos habían empezado a transferir parte de sus cotizaciones, había sido decidido en su asamblea plenaria de marzo y estaba operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo hoy admitir que deben recurrir a otras fuentes.

#Mundo. Los prelados se comprometieron a “nutrir” el fondo de indemnización de las víctimas “desprendiéndose de los bienes inmuebles de la Conferencia Episcopal de Francia y de las diócesis”, dijo su presidente Éric de Moulins-Beaufort.

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— Diario La Nación (@LaNacionPy) November 8, 2021

El presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, indicó en conferencia de prensa que las diócesis harán un inventario para saber qué bienes hay disponibles y añadió que usarán además sus "reservas".

Ese compromiso fue acordado en la clausura de su asamblea plenaria, iniciada el martes en Lourdes y que centró el grueso de su agenda a las víctimas de pederastia, después de que una comisión independiente cifrara en octubre en más de 216.000 los casos desde 1950.

Los obispos también decidieron la creación de nueve grupos de trabajo, dedicados entre otros a analizar las causas de la violencia sexual en el seno de la Iglesia, y pidieron al papa el envío de un equipo que les ayude a abordar la protección de los menores.

La Conferencia se clausuró además con la decisión de efectuar una auditoría externa de las células de escucha de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional que entrará en funciones en abril de 2022 y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.

"Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia", añadió De Moulins-Beaufort, que apuntó que habrá una asamblea extraordinaria en junio para analizar los avances registrados hasta entonces.

Medidas concretas

INDEMNIZACIONES CON FONDOS PROPIOS

Los obispos ya habían empezado a transferir de forma voluntaria parte de sus cotizaciones al fondo de indemnización operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo hoy admitir que necesitan recurrir a otras fuentes.

No precisaron la cuantía global estimada, pero apuntaron que se desharán de bienes, que solicitarán un préstamo en caso de que sea necesario y que, aunque utilizarán sus propias reservas y no usarán las donaciones dadas por los fieles para otras misiones, sí están abiertos a contribuciones privadas.

La Conferencia decidió además pedir ayuda al papa para que les envíe un equipo con el que analizar la protección de los menores y pusieron a una jurista al frente de la nueva Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación.

La necesaria revisión del sistema pasará bajo la lupa de nueve grupos de trabajo, compuestos por laicos y religiosos, que se centrarán en las causas de las violencias sexuales, la formación de los futuros sacerdotes o su acompañamiento a lo largo de su misión.

El encuentro solicitó además la verificación sistemática de los antecedentes judiciales de todo agente pastoral, la participación de "al menos" una mujer en el consejo de cada seminario o la creación de un tribunal penal canónico que entrará en funciones en abril de 2022.

"Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia", añadió ante la prensa De Moulins-Beaufort.

La Conferencia admitió en este encuentro que sus miembros no tienen formación "ni como investigadores ni como fiscales ni jueces de instrucción", por lo que dijeron ponerse al servicio "de los servicios judiciales y policiales" del país.

En esa línea, y conscientes de que en el pasado algunas veces se ha priorizado gestionar los casos de forma interna, los obispos se comprometieron a pedir, cada uno en su diócesis, la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.

La asamblea plenaria de marzo ya había subrayado ante la sociedad civil su responsabilidad y había pedido perdón, pero en esta de noviembre era consciente de que debía ir más lejos para estar a la altura de las expectativas y subrayar su voluntad de cambio.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase), encargado por la propia Conferencia Episcopal y difundido en octubre, había revelado, según su presidente, Jean-Marc Sauvé, un panorama "aterrador" que no era solo cosa del pasado.

VOLUNTAD DE RENOVACIÓN

"El conjunto de resoluciones que hemos votado constituye un vasto programa de renovación de nuestras prácticas de gobernanza", apuntó De Moulins-Beaufort este lunes, avanzando que una asamblea extraordinaria en junio evaluará los primeros avances.

La cita de ahora contó con el testimonio y la colaboración de algunas víctimas, ante las que se aseguró que "no se dejará a ninguna de lado".

"Hemos reconocido la dimensión sistémica", concluyó el presidente de la Conferencia Episcopal, recalcando que ese "contexto global" facilitó que los casos de abuso no fueran detectados o que cuando sí se vieron no "fueran combatidos como debieran

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