Quilcue pide investigar 'a fondo' el reclutamiento de menores indígenas en el Cauca para la guerrilla ¿Por qué el Movimiento por la Paz de Colombia rechaza las propuestas de la líder indígena y senadora Aida Quilcue?

En el Fondo de Cultura Económica en el centro de Bogotá, se realizó el sábado 5 de abril de 2025 el Congreso Nacional de Paz. La gran exigencia que hicieron 150 organizaciones sociales fue la de volver a la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN pensando en las regiones que padecen los rigores de la guerra.

Fue un evento convocado por la mesa del Gobierno nacional de negociación con el ELN, con el propósito de consolidar un movimiento nacional por la paz. Durante el encuentro, la sociedad civil reiteró la importancia de una solución política como vía para resolver los conflictos que enfrenta Colombia, aspiración social que se sintoniza con la apuesta del Gobierno del presidente progresista Petro por avanzar en la paz territorial.

“La situación tocó el fondo al que llegan las piedras cuando caen en el agua. No es que sea imposible volver a sacarlas, sino que hay condiciones que no garantizan una labor eficiente para reanudar procesos nuevos y no da pie a mucha esperanza”, dijo el arzobispo emérito de Cali, monseñor Darío Monsalve, nominando por el Presidente Petro en la mesa de negociación con el ELN.

Con el ELN- según Monsalve- “la situación se asemeja a rocas gigantescas cuando pasa lo del Catatumbo, en Norte de Santander, y cuando hablamos en términos binacionales, incluso, de las alianzas entre los gobiernos de Venezuela y Colombia para afrontar el accionar del ELN en la frontera”.

Dijo que ya “va siendo un desgaste muy grande para el país hablar de paz con el ELN, es un desgaste gigantesco. No hay mucha expectativa, habrá que esperar qué ocurre con los próximos gobiernos en el país”.

"El proceso de paz con la guerrilla del ELN, debe ser oxigenado, de abajo hacia arriba y al revés"

A su juicio, el proceso de paz con la guerrilla del Eln, “debe ser oxigenado, de abajo hacia arriba y al revés. Y tiene que ser oxigenado en unas mesas horizontales donde todos los grupos que están en conflicto puedan llegar a acuerdos entre ellos”.

Para monseñor Monsalve, “el Gobierno deberá aportar todo lo que más pueda para generar condiciones globales de paz, más que totales. Cuando se habla de paz total, de pronto, se puso la vara muy alta”.

Monsalve dijo que no es pesimista y él cree que de los procesos de paz adelantados por el Estado ha dejado algunos resultados. “Cojamos los últimos procesos, Justicia y Paz en el gobierno de Álvaro Uribe, dejó algo bueno en el país, ese proceso dejó algo que quedó allí con una ley que, creo, no se ha terminado de cerrar. Luego vino el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos y las Farc. El país vio el desmonte de una guerrilla muy fuerte, luego vinieron estos procesos más de freno y de trizas que se dio en el gobierno de Iván Duque”, afirmó el referente de la teología de la liberación en Colombia. Y llegó el gobierno Petro que habló de paz total, “pero no con una fortaleza inicial que le hubiera permitido que estos cuatro años le dieran un impulso al proceso. Creo que se comenzó muy a la ligera, eso lo ha dicho el alto comisionado, Otty Patiño, y eso se paga caro”.

Al final, Monseñor Darío Monsalve les hizo un llamado a los subversivos: “Les hago un llamado con vehemencia a los líderes nuevos que han reemplazado a los ortodoxos o de la vieja guardia para que se replanteen esto y comiencen a buscar unos espacios. Al país le hace falta construir una visión de paz desde la Nación, no desde cada Gobierno” (1).

"Al país le hace falta construir una visión de paz desde la Nación, no desde cada Gobierno"

¿Por qué el Movimiento por la Paz rechaza las propuestas de la lideresa indígena Aida Quilcue?

La intervención de la lideresa nasa y senadora Aida Marina Quilcué (Pacto Histórico) - la primera mujer indígena elegida en el Congreso de la Republica de Colombia en 2022, participó por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en la inclusión del capítulo étnico en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por policías en 2008 – fue la más poderosa y la más aplaudida, considerando que es la primera mujer indígena en 200 años de Independencia de Colombia, que es actualmente presidenta de la Comisión de Paz del Senado de Colombia.

"Es preocupante la proliferación de las violencias en el Cauca, en Nariño, en Chocó, en el Catatumbo. No hay excusas a la confrontación armada hoy en Colombia, no hay excusas sobre el reclutamiento de nuestros niños y niñas indígenas en el Cauca (800 niños/as reclutados desde 2020)"

He entrevistado personalmente a la lideresa indígena y Senadora Aida Quilcue que me ha comentado que “vengo de la movilización social, indígena y comunitaria. Es preocupante la proliferación de las violencias en el Cauca, en Nariño, en Choco, en el Catatumbo. No hay excusas a la confrontación armada hoy en Colombia, no hay excusas sobre el reclutamiento de nuestros niños y niñas indígenas en el Cauca (800 niños/as reclutados desde 2020).

Nos están matando nuestros cuadros políticos de las organizaciones sociales. Las disidencias, el Estado Central Mayor, las guerrillas y los grupos armados NO pueden seguir gobernando con mecanismos y armas que nos están matando, que están causando el genocidio de los pueblos indígenas. Tenemos que avanzar en el respeto de la vida, en la defensa de las estructuras organizativas de los movimientos indígenas, campesinos, afro.

Pedimosal Gobierno nacional que hagan transformaciones efectivaspara desescalar las violencias, el conflicto armado, para dar el mandato a los ministros que vengan en las regiones, en los territorios a implementar políticas y acciones de cambio”.

Es preocupante que el “Congreso por la paz” haya rechazado la propuesta de la lideresa indígena y Senadora Aida Quilcue de enfocarse en la prioridad de la lucha en contra del reclutamiento forzado de los niños y niñas y la utilización de la infancia en el conflicto armado, como denunciado también por la lideresa Anyi Zapata – Cric-Acin en el Parlamento Europeo en marzo de 2025.

En el marco del conversatorio “La prevención de riesgos y la garantía del derecho a ejercer derechos en Colombia” para la presentación del informe Anual 2024 del Programa Somos Defensores del pasado 10 de abril de 2025, Soraya Gutiérrez, coordinadora del eje de paz del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, ha enfatizado “que una de las medidas de garantías de no repetición en el conflicto colombiano, debe estar enfocada en el reclutamiento forzado de niñas y niños, porque los niños de hoy (que son reclutados) estarán sentados en las mesas de negociación mañana. En este sentido, necesitamos de una respuesta integral del Estado que garantice el acceso a los derechos, la educación y las oportunidades”.

158 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia solo durante el año 2024

Comentando el escándalo de 158 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia solo durante el año 2024 (2), Soraya Gutiérrez ha agregado que “hay una desarticulación de estas políticas de protección a personas defensoras, así como problemas estructurales en los territorios que tienen que ver con el abandono estatal. Hay un vacío en la investigación y judicialización de estructuras criminales, políticas y económicas que están detrás de estos crímenes. Existe una deficiente articulación institucional, tanto a nivel nacional como territorial, en las estrategias de protección a personas defensoras. Enfatizo la necesidad de un proceso pedagógico dirigido a los funcionarios del Estado sobre los distintos procesos organizativos que se desarrollan en los territorios.

Es preocupante la limitación de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los programas de protección a personas defensoras. Más allá de una función de veeduría, el Estado debe garantizar una participación vinculante, activa y propositiva”.

"Sandra Ramírez nos seleccionaba a las niñas como carnada para líderes FARC": Deisy, víctima de abuso

Durante una entrevista en Caracol Radio, una mujer identificada como Deisy relató los hechos que marcaron su infancia tras haber sido reclutada a los once años por la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según su testimonio, durante los tres años que permaneció en poder del grupo armado fue víctima de múltiples formas de violencia, entre ellas violencia sexual y trabajos forzados.

En su relato, cuestionó el papel de figuras políticas actuales que en el pasado formaron parte de dicha organización, particularmente el de la senadora Sandra Ramírez, hoy senadora de la ex guerrilla de las Farc, partido Comunes.

"Los comandantes elegían cuál niña iba a estar con ellos y la que hacía eso era Sandra Ramírez... Es una cínica. Debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso"

“Sandra Ramírez era la mujer del máximo comandante de las Farc, Tirofijo... Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes de las Farc. Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche...  Los comandantes elegían cuál niña iba a estar con ellos y la que hacía eso era Sandra Ramírez... Es una cínica. Debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso. Ya no somos las niñas de 11 años que nos violaban, nos pegaban, nos torturaban, ya no le tengo miedo a Pablo Catatumbo, a Sandra Ramírez, a Sandino… mi hija me está escuchando y con la voz entrecortada le digo que ya no les tengo miedo. (…) Una de las guerrilleras me metió como una espátula en mi útero, y ahí empezaron los abusos más horribles de mi vida", dijo Daisy, reclutada por las Farc a los 11 años en entrevista a Diana Giraldo (3), Caracol radio, 25 de marzo de 2025.

Además de Sandra Ramírez, Deisy mencionó a otros antiguos líderes de la guerrilla, actualmente en cargos de representación política, a quienes también responsabilizó por hechos similares. Entre los nombres mencionados están los de Pablo Catatumbo, Julián Gallo (Lozada), Pastor Alape (Tornillo) y Rodrigo Londoño (Timochenko).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la investigación del macro-caso 07, el cual indaga el reclutamiento y el posible abuso sexual de menores por parte de integrantes de las extintas Farc.

En una entrevista concedida a La W, la magistrada Lily Rueda, encargada de este macro-caso en la JEP, explicó que la investigación se basa en varios “patrones macro-criminales”, identificados a partir del relato de más de 10.000 víctimas que participan en el proceso.

“Esto no se limita a la vinculación de niños a las filas”, subrayó Rueda, “sino también a lo que le sucedió al interior de la estructura: malos tratos, violencia sexual, abortos forzados y otras violencias graves”.

Aunque la senadora Sandra Ramírez ha manifestado que estos hechos no correspondían a una política de las antiguas Farc sino a casos aislados, la magistrada Rueda recalcó que se han detectado indicios de sistematicidad en distintas regiones del país, con participación de numerosos frentes.

“Además del reclutamiento y la utilización, vimos que (las niñas y niños) sufrieron malos tratos, torturas, homicidios dentro de las filas. También violencia reproductiva, violencia sexual y violencias por prejuicio dada su orientación sexual diversa”, explicó la magistrada Lily Rueda. La relatora del #Caso07 señaló que la mayoría de estos hechos se dieron en el marco de políticas formales, pero también de facto, dentro de la extinta guerrilla.

“Hemos llamado en este momento acerca de 84 personas a rendir su versión”, afirmó Rueda, quien agregó: “Nosotros hemos reconstruido un universo provisional de víctimas de hechos desde 1971 al 2016 de más de 18 mil casos. En él, participan activamente hoy cerca de 1.200 víctimas, individualmente”.

Seis exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP, imputados como máximos responsables por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, tendrán 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad ante la JEP. El plazo se cumple el próximo 21 de mayo de 2025. Se trata de Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, a quienes la JEP imputó reclutamiento de niños y niñas y otros crímenes de guerra cometidos en la vida intrafilas, como malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

Al respecto, es muy preocupante que el Congreso por la paz del día 5 de abril de 2025, dio expresamente la bienvenida a la Senadora Sandra Ramírez (Comunes). En la pausa-café a las 11 am, me acerque personalmente a su equipo para una entrevista y me comentaron que ya “había salido por una visita a los territorios”. Prácticamente la senadora Ramírez se ha quedado una hora en el auditorio, justo el tiempo de la pasarela por las fotos… Algunos analistas internacionales que en el mismo auditorio estaban acompañando la embajadora de Alemania, Martina Klumpp y la embajadora de Noruega, Helena Storm, se han preguntado si para las 150 organizaciones sociales presentes en el Congreso por la paz, el reclutamiento forzado de niños y niñas y la utilización de la infancia y adolescencia en el conflicto colombiano, representan un mal menor…

La Procuraduría cuestiona la Comisión de la Verdad

El ex presidente de la Comisión de la Verdad, el jesuita Francisco de Roux, ha celebrado la misa del Día Nacional de las víctimas, 9 de abril, en la Iglesia de S. Ignacio de Bogotá, afirmando que "vamos a responderle a las víctimas, si cada uno de nosotros da lo que se necesita para proteger la vida, hasta que amemos la vida".

Por la primera vez desde los acuerdos de paz de 2016, ningún mass-media colombiano o internacional, ha difundido el mensaje del jesuita De Roux, ninguna entrevista, ningún reportaje, después que, en octubre de 2024, fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década de los 70 (5).

¿Cómo se puede explicar esta grave deslegitimación del jesuita Francisco de Roux?

"Ahora más que nunca es que vas a necesitar tu esquema de seguridad", de ese tono fueron las palabras de la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, a Sara Morales, vocera nacional de la Corporación Rosa Blanca. La víctima de las Farc denunció por amenazas a la Senadora Sandra Ramírez (Comunes) y la Corte Suprema ha abierto una investigación judicial el pasado 27 de marzo de 2025.

La deslegitimación y el cuestionamiento al jesuita Francisco de Roux se evidencia en su decisión de NO invitar en la misa del Día Nacional de las víctimas, 9 de abril (acompañado por varios miembros de la Comisión de la Verdad), a ningún representante de organizaciones de víctimas que han sufrido el reclutamiento forzado cuando eran niños y niñas, NO ha invitado a ningún representante del movimiento indígena, después del rechazo del Congreso por la paz a la lideresa indígena e senadora Aida Quilcue… Pero el p. De Roux ha dado el micrófono a dos representantes de ex guerrilleros de la Farc, firmantes de los acuerdos de paz, en un contexto de polémicas relacionadas a la Senadora Ramírez.

Alejandra Miller, ex miembro de la comisión de la Verdad ha escrito en su cuenta X del 27 de marzo de 2025 que “en el caso de las guerrillas y la fuerza pública, la CEV no pudo constatar que la violación fuese una política de las organizaciones. Si existían reglamentos y procedimientos de sanciones para casos externos (mujeres de las comunidades) e intrafilas, aunque también se verificó que, en ocasiones, hubo complicidad y silencios frente a la sanción en casos que involucraban mandos. (…) La violación sexual no fue una política o estrategia de guerra en algunos grupos”.

Ahora la Procuraduría, dirigida por el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach (cercano al presidente Petro), cuestiona duramente la Comisión de la Verdad, revelando muchas contradicciones de la CEV.

La radio W conoció el pasado 11 de abril de 2025, por medio de fuentes en la Sala de Reconocimiento de la JEP, el documento de 38 páginas radicado en los últimos días por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual expuso aún más al secretariado de la extinta guerrilla y pidió a la JEP profundizar en la responsabilidad real que tuvieron en los abusos contra niñas y niños y no solamente por “omisión” como determinó la Sala.

Para el ministerio público, al contrario de una “responsabilidad por mando” y “omisiva“, los seis exmiembros del secretariado de las FARC fungieron como autores de una política de facto ejecutada por sus hombres (autoría mediata) de coerción física y psicológica de niños y niñas “dirigida a ejercer un control absoluto sobre sus cuerpos, su intimidad y su sexualidad, política determinada por el secretariado”, mediante la cual se cometieron los actos de violencia sexual.

"No existe ninguna razón jurídica o fáctica -salvo que se quiera vulnerar, entre otros, el principio de igualdad- para concluir que el control ejercido por el Secretariado de las Farc-EP frente a dicho grupo armado no incluía, también, la ocurrencia de los hechos de violencia sexual cometidos en contra de los niños y niñas" señaló el ente de control.

De acuerdo con el ministerio público, aducir una responsabilidad “de mando” en los excomandantes de las Farc, como hizo la JEP frente a la violencia sexual, resulta a todas luces incorrecto y más cuando hay relatos de las víctimas que los incriminan directamente en hechos de abuso sexual a menores de edad, como ocurre con Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo (quien también tiene casos directos en Nariño) y el Senador de la República Carlos Antonio Lozada.

“Algunos exintegrantes del Secretariado de las FARC podrían responder como autores directos frente a hechos de violencia sexual de acuerdo con algunos relatos. Por ejemplo, la víctima 07.01.112 sufrió hechos de violencia sexual cometidos por los comandantes, entre los que se menciona a Catatumbo Torres. De la misma manera, la víctima 07.01.157 identificó a Londoño Echeverry y Velásquez Saldarriaga (alias ‘El Paisa’) como responsables directos del acceso carnal violento. En este mismo sentido, varias víctimas han denunciado que Julián Gallo cometió hechos de violencia sexual en contra de niños y niñas, sin contar con que este compareciente tuvo conocimiento directo de hechos de similar naturaleza ejecutados por otros comparecientes, sin haber realizado nada por denunciarlos o, cuanto menos, evitarlos" sentenció la Procuraduría.

Por otra parte, el Ministerio Público descartó la tesis que han sostenido distintos excomandantes de las Farc, en distintas entrevistas también, señalando que cualquier caso de violación sexual intrafilas era motivo de consejo de guerra y fusilamiento y que dichos crímenes estaban prohibidos por el reglamento interno. Para la Procuraduría no obra prueba alguna que permita acreditar que las sanciones sí ocurrieron, por consiguiente, se puede inferir que reinó la impunidad.

"Es incuestionable que no existieron mecanismos efectivos para investigar y sancionar hechos de violencia sexual cometidos en contra de niños y niñas al interior de las FARC-EP. No obra evidencia que demuestre consejos de guerra por estos hechos; lo único que hay son menciones superficiales y poco fiables sobre algunos investigados, lo que permite entender que esas sanciones no existieron en realidad" señala el documento en poder de W Radio.

De hecho, para la Procuraduría Delegada ante la JEP antes que combatir esos gravísimos crímenes, dentro de las Farc existieron “mensajes y prácticas que validaron y alentaron la comisión de hechos de violencia sexual, todo ello amparado en el poder detentado por los comandantes de las diferentes estructuras armadas”.

El panorama para las niñas que llegaban a las filas de las FARC era de sufrir violaciones sexuales en los primeros días de estar en los campamentos, de acuerdo con la tesis del ministerio público a partir de las pruebas y testimonios de las víctimas.

En línea con lo anterior, el uso de métodos de planificación incluso en “niñas vírgenes”, quienes “eran preparadas para la vida sexual”, fue considerado para la Procuraduría como una clara muestra de que los actos de violación sexual contra niñas y niños se produjeron en el marco de una política “deliberada”. En el caso de las niñas eran obligadas a planificar aun siendo unas infantes incluso de 12 años, con el motivo subrepticio de que no comenzaran a quedar embarazadas producto de los abusos sexuales, ha destacado RadioW (6).

Conclusión

El cardenal Rueda ha utilizado algunas entrevistas a El Tiempo, Caracol TV, Semana del pasado domingo de ramos, 13 de abril de 2025, para afirmar que “una reforma laboral es necesaria y urgente pero la consulta popular es una mezcla poco sana con el proceso electoral ya en curso. Hay que buscar acuerdos tanto en los mecanismos de concertación con trabajadores y empresarios como en el Congreso/Gobierno”.

Concluyendo, el profesor de la Universidad Santo Tomas de Bogotá y miembro del Instituto Ipazde, Andrés Inampues, ha comentado al respecto que “el cardenal Rueda necesita más teología de frontera, necesita más asesoría del contexto del país y sobre todo análisis económico más amplio”.

NOTAS

1.-https://www.semana.com/politica/articulo/negociacion-con-el-eln-toco-fondo-monsenor-dario-monsalve-hablo-con-semana-y-reconocio-que-el-proceso-de-paz-con-esa-guerrilla-no-alcanzo-a-tener-estatura/202510/

2.-https://www.colectivodeabogados.org/informe-sin-proteccion-documento-727-agresiones-contra-defensores-de-derechos-humanos-durante-el-ano-2024-en-colombia/

3.-https://caracol.com.co/2025/03/26/victima-de-abusos-en-la-guerrilla-a-menores-le-responde-a-la-senadora-sandra-ramirez/

4.-https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/senadora-sandra-ramirez-farc-violencia-sexual-en-guerrilla-crea-debate-jep-elecciones-2026/?utm_source=onesignal&utm_medium=newsletter&utm_campaign=new_col%2B20&utm_content=30-03-2025

5.-https://www.swissinfo.ch/spa/acusan-al-exjefe-de-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-colombiana-de-encubrir-a-un-presunto-pederasta/87785362

6.-https://www.wradio.com.co/2025/04/11/procuraduria-hunde-aun-mas-al-secretariado-de-las-farc-por-violaciones-a-menores-de-edad/

*Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá). Colabora con el Instituto de paz IPAZDE de la Universidad Santo Tomas de Bogotá. Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, comentario final del Cardenal Michael Czerny).