En Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán o Sri Lanka ONU reclama terminar con el acoso a la Comunidad Musulmana Ahmadía en el mundo

El 13 de julio de 2021, los expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su profunda preocupación por la falta de atención a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra la Comunidad Musulmana Ahmadía en todo el mundo y pidieron a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para poner fin a la persecución en curso de los musulmanes ahmadis.

"Es de suma importancia arrojar luz sobre las persistentes violaciones de los derechos humanos y los crecientes actos de discriminación contra los musulmanes ahmadis en todo el mundo, lo que nos preocupa profundamente", dijeron los expertos.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que esté alerta y emprenda acciones coordinadas para responder a las violaciones con las que se confrontan los musulmanes ahmadis en todo el mundo, particularmente en los países donde sus vidas corren mayor riesgo".

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Si bien los áhmadis constituyen una comunidad religiosa mundial con una rica historia y decenas de millones de miembros, hemos recibido, durante más de 15 años, informes de intolerancia religiosa, discriminación y violencia perpetrados contra esta comunidad por funcionarios estatales y actores no estatales en varios países, incluidos Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán y Sri Lanka.

En nuestra calidad de titulares de mandatos de Procedimientos Especiales, hemos intervenido con los gobiernos interesados y hemos fortalecido la conciencia de la comunidad internacional sobre la terrible situación en la que se encuentran los ahmadis y hemos expresado serias preocupaciones por el abanico de violaciones de derechos humanos que sufren. Esas violaciones no se limitan a los contextos institucionales y legales discriminatorios existentes, sino que también se extienden a actos y campañas coordinadas de discriminación, estigmatización y agresión flagrante contra su identidad, existencia cultural, social y política, a menudo sobre la base de una percepción percibida y políticamente instrumentalizada de desacuerdo doctrinal en torno al Islam, y el arraigado prejuicio de que no deben ser considerados como "verdaderos musulmanes".

Observamos con preocupación la existencia de leyes y reglamentos que promueven e institucionalizan el predominio de las comunidades étnico-religiosas mayoritarias sobre las minorías y la promoción de ciertas religiones y creencias sobre otras. Dichos marcos institucionales y jurídicos imponen obstáculos importantes al disfrute de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluido el principio de no discriminación, los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, la libertad de opinión y expresión, así como derechos culturales y socioeconómicos garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración de la ONU de 1981 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación basadas en la religión o las convicciones y la Declaración de las Naciones Unidas de 1992 sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

De particular preocupación son las disposiciones constitucionales, ordenanzas especiales, decretos ministeriales o edictos religiosos que estigmatizan y discriminan a la comunidad ahmadí en países como Indonesia y Pakistán, y que prohíben a los ahmadíes identificarse como musulmanes, expresar libremente sus creencias, practicar su fe, y de participar efectivamente en la vida pública. A los ahmadis a menudo se les niega el acceso al empleo en el servicio público por motivos religiosos y son particularmente vulnerables a las violaciones de las leyes sobre delitos relacionados con la religión (leyes sobre la blasfemia). También son objeto de leyes que regulan las nuevas tecnologías y las plataformas de redes sociales, con el objetivo de suprimir sus opiniones y creencias disidentes, mejorar el control de sus comunidades minoritarias y aumentar aún más su persecución a través de campañas coordinadas de odio en línea y, en ciertos casos, actos coordinados en línea de castigo colectivo.

Además, observamos con grave preocupación la aplicación de reglamentos discriminatorios que parecen tener como objetivo negar las libertades fundamentales de los ahmadis como ciudadanos, incluidos, entre otros, su derecho al voto y su acceso a los documentos de identificación, así como la imposición de obstáculos administrativos en el disfrute de su derecho. formar y mantener asociaciones.

Además de los marcos legislativos y políticos discriminatorios, los musulmanes ahmadíes a menudo han sido objeto de discriminación, exclusión, campañas de odio y violencia, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias, ataques verbales y físicos en la esfera pública, así como ataques contra sus lugares culturales y lugares de adoración. Las mujeres ahmadis se ven particularmente afectadas, ya que se enfrentan al acoso y la discriminación debido a su atuendo tradicional ahmadi distintivo, que las hace inmediatamente reconocibles, mientras que a los niños y jóvenes ahmadis a menudo se les niega la admisión a escuelas e instituciones de educación superior debido a su fe, y sufren intimidación y acoso constantemente, lo que los obliga a abandonar e interrumpir sus estudios. Los informes también indican que los ahmadis siguen siendo retratados de forma negativa en los libros de texto escolares, mientras que las instituciones educativas ahmadíes a menudo son confiscadas y clausuradas administrativamente por las autoridades estatales.

Además, el reciente brote pandémico ha exacerbado la intolerancia religiosa y la discriminación existentes contra las comunidades minoritarias y los grupos vulnerables en todo el mundo, incluidos los áhmadis, que se han visto particularmente afectados por el aumento de la incitación al odio y la estigmatización, y la propagación de la desinformación, haciéndolos responsables de el desarrollo y propagación del virus COVID-19.

Recordamos las normas internacionales sobre no discriminación y prohibición de cualquier apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. También llamamos la atención sobre la interpretación autorizada del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé la protección y promoción de todos los derechos en virtud del Pacto, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias (artículo 18) y los derechos de las minorías protegidas en virtud del artículo 27, incluso en los casos en que una determinada religión sea reconocida como religión de Estado, o se establezca como oficial o tradicional, o sus seguidores constituyan la mayoría de la población. La protección, promoción y cumplimiento de los derechos humanos de los seguidores de cualquier religión o creencia no depende del reconocimiento oficial de dicha religión o creencia. Al mismo tiempo, la institucionalización y el reconocimiento oficial de determinadas creencias o religiones no deben en ningún caso convertirse en motivo o base de discriminación de ningún tipo contra los seguidores de otras creencias o religiones.

Instamos encarecidamente a todos los Estados a:

• Derogar todas las leyes que discriminen a los musulmanes ahmadis, incluidas las leyes que restringen su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, opinión y expresión, fuera de línea y en línea, y modificarlas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos;
• En particular, derogar todas las leyes sobre blasfemia o al menos modificarlas de conformidad con los estrictos requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus artículos 2, 19 y 26;
• Fortalecer las respuestas legislativas e institucionales para abordar eficazmente el discurso de odio y la incitación al odio nacional, racial o religioso, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos establecidas e integrando la orientación proporcionada en el Plan de Acción de Rabat;
• Asegurar la participación equitativa y efectiva de los áhmadis en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones que los afecten, incluso garantizando su representación política y el libre ejercicio de su derecho al voto; garantizando su acceso al empleo y servicios públicos de cualquier tipo, y protegiendo su derecho a formar y mantener sus asociaciones y organizaciones;
• Abordar las formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren las mujeres, los niños y los refugiados ahmadis;
• Anular cualquier prohibición de las publicaciones ahmadíes y garantizar que los ahmadis disfruten plenamente de su derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, incluso a través de cualquier medio de su elección;
•  Proteger y salvaguardar los lugares culturales y de culto ahmadis contra ataques y profanaciones;
• Eliminar la discriminación y la exclusión de los niños ahmadis en la educación y la formación profesional; adoptar medidas legislativas y políticas adecuadas para abordar la violencia física y psicológica y el acoso dentro y fuera de las instalaciones escolares; y revisar y enmendar los planes de estudio y los libros de texto nacionales para eliminar las referencias perjudiciales que perpetran el estigma contra las minorías, y con el objetivo de fortalecer la educación en derechos humanos y promover la comprensión y el diálogo interreligiosos e interculturales.
• Garantizar la rendición de cuentas y enjuiciar a todos los responsables de violaciones y ataques contra los áhmadis y otras minorías, y diseñar e implementar programas de sensibilización y capacitación en derechos humanos para todas las instituciones estatales y funcionarios públicos pertinentes, con la participación activa de las comunidades ahmadíes, así como de líderes religiosos que representan diferentes religiones.

Los expertos de la ONU: Ahmed Shaheed, relator especial sobre libertad de religión o creencias; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías