Ante las imputaciones levantadas contra la Misión Especial de Scicluna-Bertomeu El 'proceso' al Sodalicio y las falsedades de Monseñor Eguren
"La tarea principal de la Misión Especial consistió en recoger testimonios y documentos sobre presuntos abusos de todo tipo en el Sodalicio, cuya veracidad debía ser comprobada. ¿Cómo? Contrastando testimonios diversos, recogiendo las diferentes versiones"
"El procedimiento seguido por la ‘misión especial’, por lo tanto, no ha tenido visos penales sino que es puramente investigativo. Insisto por si no ha quedado suficientemente claro: todos los acusados pudieron defenderse"
"Los tres implicados han negado también las falsas imputaciones a Bertomeu y han explicado coherentemente lo ocurrido"
"También acusan a la Misión Especial de castigar iniquamente. Esto también es falso. Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu sólo recogieron pruebas sin juzgar a nadie, para presentarlas después a los acusados. Las decisiones finales sobre las expulsiones las ha tomado el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica por mandato del Papa Francisco"
"Los tres implicados han negado también las falsas imputaciones a Bertomeu y han explicado coherentemente lo ocurrido"
"También acusan a la Misión Especial de castigar iniquamente. Esto también es falso. Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu sólo recogieron pruebas sin juzgar a nadie, para presentarlas después a los acusados. Las decisiones finales sobre las expulsiones las ha tomado el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica por mandato del Papa Francisco"
| Martin Scheuch *
El 2 de octubre de 2024 Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo emérito de Piura y Tumbes y uno de los diez expulsados del Sodalicio, escribía en una carta dirigida “a mis hermanos y amigos en el Señor”:
«Muchas personas en sus comunicaciones de estos días me han expresado su pena y mortificación por la forma como se ha comunicado nuestra expulsión, donde a un grupo de diez hermanos se nos atribuye a todos por igual, y sin ningún tipo de aclaración o precisión, actos gravísimos. Haberlo hecho de esta manera, me advierten, constituye una injuria y un daño a la reputación y al buen nombre de todos los expulsados, así como a la justicia y a la verdad que siempre han guiado a la Iglesia, más aún cuando uno de ellos es un obispo. En mi caso, puedo asegurar que no he pasado por un debido proceso».
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Aquí hay que hacer no una, sino muchas aclaraciones, siempre en honor a la verdad. Para empezar, la nota de prensa de la Nunciatura Apostólica en el Perú del 25 de septiembre de 2024, mediante la cual se comunica la expulsión de los diez susodichos, no es un documento jurídico sino meramente informativo, donde se enumeran de manera general las faltas graves que motivan las expulsiones, sin incidir en mayores detalles.
Los motivos de la decisión estarían indicados de manera personalizada en cada uno de los decretos de expulsión que se le hace llegar al Superior General del Sodalicio y a los afectados, y que no son documentos públicos. Es falso, por lo tanto, que a todos se les atribuya todo por igual. Además, la Misión Especial, conformada por Mons. Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu, no fue al Perú con una función judicial, sino investigativa. Como se nos dijo si preguntábamos, el Santo Padre les enviaba a escuchar sobre todo, después de 24 años, a las víctimas. Su imparcialidad, como ha cuestionado el abogado de Mons. Eguren, Percy García Cavero, no era elemento decisivo en esta investigación. Sí lo era su corrección con todos y la empatía con las víctimas, que la Misión Especial sí tuvo.
#URGENTE
— Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) September 25, 2024
La Conferencia Episcopal Peruana hace de conocimiento público la comunicación de la Nunciatura Apostólica sobre la expulsión de algunos miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.
👉Lea la nota de prensa: https://t.co/ZLc0UHdJy0pic.twitter.com/CEF1Yqys7r
Yo mismo pregunté por qué la Iglesia no actuó antes. Se me dijo: «la mayoría de los comportamientos cuestionados a estos sodálites no son delitos canónicos y, si lo son, están ya prescritos. La vía penal es impracticable. No así la vía disciplinar. Aquellos comportamientos contra los consejos evangélicos denunciados por vosotros y que tan grave escándalo provocan, son intolerables en consagrados».
La tarea de la Misión Especial
Con estos presupuestos, la tarea principal de la Misión Especial consistió en recoger testimonios y documentos sobre presuntos abusos de todo tipo en el Sodalicio, cuya veracidad debía ser comprobada. ¿Cómo? Contrastando testimonios diversos, recogiendo las diferentes versiones y analizando las declaraciones tanto de los presuntos abusadores como de las víctimas.
Todo ello conduce al problema del derecho a la defensa. La aseveración de algunos de nuestros agresores de que no pudieron defenderse es rotundamente falsa. Yo mismo sabía, porque lo pregunté entonces, que mi testimonio personal, tomado de manera virtual dado que resido en Alemania y completado con algunos escritos míos publicados en los últimos años, sería presentado a los agresores que yo había señalado. Éstos podrían defenderse y presentar sus descargos, lo cual nos exponía mucho. A pesar de ello y por la confianza que nos suscitaron Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu, aceptamos.
Todos los acusados pudieron defenderse y aquellos que declaramos sabíamos que lo que decíamos sería analizado y luego presentado a los agresores para su defensa
El procedimiento seguido por la ‘misión especial’, por lo tanto, no ha tenido visos penales sino que es puramente investigativo. Insisto por si no ha quedado suficientemente claro: todos los acusados pudieron defenderse y aquellos que declaramos sabíamos que lo que decíamos sería analizado y luego presentado a los agresores para su defensa.
Por eso mismo, considero absurda la pretensión de los activistas ultraconservadores Giuliana Caccia y Sebastián Blanco de que sus testimonios deberían haber sido mantenidos en reserva y no confrontados con otros protagonistas del caso Sodalicio.
Debe quedar también claro que Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu, pudiéndolo haber hecho, nunca revelaron sus nombres a los otros denunciantes. Esta conclusión emerge fácilmente si se lee con atención todo lo publicado en los últimos días. A todos los declarantes se nos ofreció la normal reserva de toda investigación. Si alguno de ellos solicitó especial reserva, como por lo visto hizo la señora X, una de las que declaró contra Alejandro Bermúdez, esa reserva fue respetada.
Falsas acusaciones
Además, quien interrogó a los periodistas fue Mons. Scicluna. Mons. Bertomeu, que era actuario, ya negó lo que falsamente le imputaban en un primer mensaje de WhatsApp y presentó una explicación coherente de los hechos, cosa que nunca han hecho los señores Blanco y Caccia. Tampoco confesó lo que no pudo haber hecho, como han inventado maliciosamente. Los tres implicados han negado también las falsas imputaciones a Bertomeu y han explicado coherentemente lo ocurrido.
Por todo ello, cualquiera entiende que amenazar con acudir a los tribunales civiles cuando el asunto se puede resolver por la vía canónica es un intento claro de obstrucción de la justicia eclesial. Los que lo hacen saben que el peor tribunal es el de la opinión pública, en este caso manipulada y estimulada con falsedades que caerán más tarde o temprano, aunque de momento logren dañar la buena fama de gente íntegra como Mons Scicluna y Mons. Bertomeu.
También acusan a la Misión Especial de castigar iniquamente. Esto también es falso. Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu sólo recogieron pruebas sin juzgar a nadie, para presentarlas después a los acusados. Las decisiones finales sobre las expulsiones las ha tomado el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica por mandato del Papa Francisco.
Este, por su parte, no ha impuesto penas canónicas, sino decisiones puramente administrativas, resultado de un proceso disciplinario donde no se sancionan delitos, sino —en este caso particular— «el escándalo grave causado por su conducta culpable», una de las causales que establece el canon 696 del Código de Derecho Canónico para la expulsión de un miembro de un instituto de vida consagrada. Es algo muy parecido a las decisiones disciplinares que se toman en cualquier empresa.
Yo viví durante mucho tiempo bajo el mismo techo con Mons. Eguren cuando todavía era cura. Y no puedo compartir el juicio propio que tiene sobre su “integridad” y “rectitud”
La responsabilidad de tratar estas faltas graves denunciadas repetidamente y de sobras conocidas en los últimos años correspondía en realidad al Superior General del instituto. En cambio, tuvo que ser asumida por el Papa Francisco ante la indolencia escandalosa que mostraron las autoridades del Sodalicio. Yo viví durante mucho tiempo bajo el mismo techo con Mons. Eguren cuando todavía era cura. Y no puedo compartir el juicio propio que tiene sobre su “integridad” y “rectitud”. El 27 de agosto de 2018, en una respuesta que escribí a una carta notarial que me había remitido —donde me amenazaba con querellarme por difamación—, escribí lo siguiente:
«...respecto a maltratos psicológicos y físicos —los cuales durante mucho tiempo nos acostumbramos a ver como normales debido al formateo mental que todos hemos sufrido en el Sodalicio—, ¿puedes decir que no viste nada? ¿No vivimos ambos en la misma comunidad en Nuestra Señora del Pilar, no sólo en Barranco sino también cuando temporalmente funcionó en La Aurora (Miraflores), y también en la comunidad de San Aelred (Magdalena del Mar)? Yo vi a miembros de comunidad castigados durmiendo en la escalera. ¿No los viste tú? Vi a varios obligados a tener que alimentarse sólo de pan y agua —o peor, de lechuga y agua— durante días. ¿No los viste tú también? En reuniones nocturnas donde tú también estabas presente vi también como se forzaba a los miembros de comunidad a revelar sus interioridades, sin ningún respeto por su derecho a la intimidad, muchas veces siendo objeto de humillaciones y de un lenguaje procaz y ofensivo. ¿Lo has olvidado? Yo te he visto contribuir a castigar con la ingestión de mezclas repugnantes de comida (postres mezclados con condimentos salados y picantes) a sodálites que estaban de prueba en la comunidad de San Aelred, bajo la responsabilidad de Virgilio Levaggi. ¿Te falla la memoria? Cuando yo estaba en San Bartolo en el año 1988, tú visitabas con frecuencia la comunidad para celebrar Misa y oír confesiones. Después te quedabas a comer y en las conversaciones te enterabas de las cosas que se hacían en San Bartolo. ¿Hasta ahora no has captado que varias de esas cosas eran abusos y maltratos? ¿Acaso no estuviste siempre de acuerdo con que nosotros, miembros de comunidad, mantuviéramos la mayor distancia posible hacia nuestros padres? Asimismo, cuando eras superior en Barranco, no podía llamar por teléfono ni salir a la esquina si no tenía permiso tuyo. Quien se ausentaba de la casa sin permiso era después severamente castigado. ¿No era esto una especie de coerción de nuestra libertad?».
Pero no es esto lo que parece haber sido decisivo en la decisión de expulsar a Mons. Eguren del Sodalicio. Por lo visto, también mintió. Afirmó que se enteró de los abusos del Sodalicio a través de la prensa, cuando hay evidencias de que alguien vinculado a la institución, a quien yo conozco personalmente, le comunicó de esos abusos ya en el año 1986.
Esta persona le habría enviado un correo electrónico diciéndole que debía mantenerlo confidencial, y Mons. Eguren —violando el secreto a que estaba obligado, no como la Misión Especial, que estaba obligada a aclarar todo lo que se dijera ante ella— se lo habría pasado a su abogado Percy García Cavero, el cual publicó este mensaje en su panfleto difamatorio “El caso Pedro Salinas”.
Alegatos no convincentes
Sea como sea, todos los expulsados han sido confrontados con los testimonios que los implican y han tenido oportunidad de defenderse. Parece que sus alegatos no resultaron lo convincentes que hubieran deseado. Pero eso no los autoriza —como lo han hecho hasta ahora Mons. Eguren, el P. Rafel Ísmodes, Alejandro Bermúdez y Humberto del Castillo— a presentarse como mansas palomas que, en su inocencia, ignoran cuáles son los motivos de su expulsión y se consideran víctimas de una injusticia.
Basta con haber sido parte del sistema de abusos del Sodalicio, haber avalado sus prácticas violatorias de derechos humanos básicos y haber encubierto a los abusadores con su silencio para que las expulsiones estén más que justificadas.
No interfieran más la acción de la justicia en curso y respeten al Santo Padre y sus enviados, por el bien de todos
Por todo ello, les diría a todos ellos que dejen de levantar bajas pasiones con falsedades, incongruencias y vaguedades. No interfieran más la acción de la justicia en curso y respeten al Santo Padre y sus enviados, por el bien de todos.
Las víctimas y supervivientes del Sodalicio hemos respetado las reglas del juego y, con peligro de revictimizarnos, hemos reabierto una vez más las heridas para contar lo que era más que conocido por los libros y artículos publicados. Nuestros agresores, en cambio, sólo exhiben prepotencia, cerrazón y soberbia. Sin embargo, creo poder afirmar que, finalmente, su juego se ha acabado.
(Ndr: la misión especial Scicluna-Bertomeu está siendo objeto de una campaña difamatoria atroz. Como muestra, un blog conocido por sus furibundos ataques al Papa, que siguiendo las ‘mejores’ enseñanzas de Joseph Goebbels, la ha calificado de ‘La Gestapo vaticana’).
Martin Scheuch * es sobreviviente del Sodalicio, al cual estuvo vinculado desde 1978 a 2008. Nacido en Perú en 1963, en la actualidad vive en Alemania.