Reclama al Gobierno "un protocolo claro" que lo regule FEREDE cree que la participación de cargos públicos en procesiones "daña la imagen del Estado"
(FEREDE).- Con relación a la participación de cargos públicos y miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones de Semana Santa, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea manifestar lo siguiente:
Que, a nuestro juicio, la participación oficial de los ministros de Justicia, Defensa, Educación e Interior que todos hemos podido ver estos días en las procesiones de la Semana Santa católica, se ha realizado de manera que no solo daña la imagen de la aconfesionalidad del Estado español, sino que vulnera el espíritu y la letra de nuestras normas de convivencia democrática, por lo que la consideramos muy desafortunada e inapropiada.
Que en un Estado aconfesional los cargos públicos, por definición, no pueden ni deben profesar devoción religiosa alguna. Por tal motivo, si un ciudadano que ostenta un cargo público desea expresar su devoción en un acto religioso, debería hacerlo de forma muy discreta y a título inequívocamente particular.
Que lo mismo puede decirse respecto a la participación de otros cargos públicos, representantes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos actos y otros que se producen en otras festividades religiosas a lo largo del año.
Que, además de inapropiada, la identificación religiosa de las Fuerzas Armadas -por ejemplo, La Legión- con sus uniformes, himnos, símbolos y banderas que pertenecen y representan a todos los españoles, resulta ofensiva por discriminatoria para millones de ciudadanos que profesamos otras creencias religiosas, afectando de manera negativa a la convivencia y a la unión de todos los españoles. Además, la participación de soldados y mandos del Ejército en actos religiosos no puede tener el estatus de un acto militar y, por lo tanto, ser de asistencia obligatoria como, en ocasiones, sucede en la actualidad.
Que los millones de españoles que profesan mayoritariamente la fe católica, merecen y tienen nuestro total y absoluto respeto; y pedimos que el Estado les respete de igual manera, dispensándoles un trato neutral, igualitario y no privilegiado, que es la mayor forma de respeto que un Estado democrático puede ofrecer a los ciudadanos de cualquier confesión religiosa.
Que observamos con preocupación cómo, con este tipo de gestos que se repiten una y otra vez, lejos de avanzar en la separación Iglesia-Estado, España pareciera caminar en la dirección contraria: desde el inmovilismo político en esta materia, de pronto nos encontramos inmersos en un lamentable retroceso a posiciones confesionales e identitarias propias de otros tiempos.
Que lamentamos que nuestras reiteradas denuncias en este sentido hayan caído, hasta ahora, en los oídos sordos de todos los Gobiernos de la etapa democrática.
Que reiteramos una vez más nuestra solicitud al Gobierno español de que se establezca un protocolo claro, preciso y no abierto a interpretaciones particulares, que regule la participación o no de los cargos públicos y los representantes de las instituciones del Estado en cualquier acto de carácter religioso, según proceda. Que, a tal efecto, nos ponemos a disposición del Gobierno para ayudar a la elaboración y redacción de dicho protocolo.
