A más de 26 años de la firma de la paz, Guatemala no ha encontrado todavía el camino que le lleve a la verdadera democracia. El país avanza, entre luces y sombras, tal vez más sombras que luces, en busca de la verdadera democracia, aunque últimamente aparece una luz de esperanza. Seis serían, a mi juicio, los grandes problemas que dibujan la realidad del país.

 1.La injusta distribución de la riqueza, que es la causa principal del empobrecimiento de la gran mayoría de la población, siendo el pueblo indígena el más afectado. Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad social del planeta. Es un país rico lleno de empobrecidos. Guatemala ocupa el lugar 117 en desarrollo humano[1]. Esto es expresión del modelo socioeconómico marcadamente neoliberal que privilegia los intereses de los empresarios y de las compañías transnacionales. Los gobiernos que se han venido sucediendo privilegian el mercado y los tratados de libre comercio por encima de los intereses de la población, defienden la privatización, generan desigualdad e inseguridad alimentaria para miles de familias guatemaltecas.

El porcentaje de desnutrición infantil sobrepasa el 49%; y la tasa de mortalidad infantil es del 59 por l.000, cuyas causas principales son enfermedades que se podrían prevenir. Pero el sistema hospitalario, y de salud en general, está sumido en una profunda crisis. La educación tiende hacia la privatización; el presupuesto para este ministerio es el más bajo del continente.

El sistema tributario es obsoleto. No hay reforma fiscal como estaba contemplado en los Acuerdos de Paz, de manera que los que más tienen coticen más al Estado. Los grandes empresarios se oponen a ello, argumentando que no si hay reforma fiscal se ahuyentarían las inversiones extranjeras.

El proyecto neoliberal de los empresarios se ha limitado a impulsar una inserción a la economía global basada en la exportación de productos primarios, a la explotación transnacional de los recursos naturales (minería, petróleo, agua, maderas finas…), a la entrega de los servicios y la infraestructura al capital privado para megaproyectos, a la concesión de privilegios al sector capitalista y al mantenimiento de una fuerza de trabajo barata (bajos salarios). La economía de las clases populares se sostiene gracias a las remesas del millón y medio de emigrantes en los Estados Unidos y a la economía informal. Esta situación se va agudizando debido al acelerado crecimiento demográfico.

2.La situación de violencia que está alcanzando límites increíbles, con el agravante de asesinatos de mujeres. La violencia tiene sus raíces muy variadas, desde el crimen organizado con sus distintas ramificaciones en el narcotráfico y la mafia, hasta la delincuencia juvenil, conocida bajo el fenómeno de las “maras”. La mayoría de los jóvenes integrantes de las maras proceden de familias marginadas y muchas de ellas desintegradas, sin oportunidad de educación ni de trabajo. A diario aparecen cadáveres acribillados a lo largo y ancho del país, sobre todo en el área metropolitana.

Unos asesinatos son por ajustes de cuentas entra las distintas facciones del crimen organizado o de las maras y otros por la “limpieza social”. Hay constantes asaltos y robos en las calles y buses. Según informes de los medios de comunicación hay un promedio anual de 70.000 asaltos a buses, lo que equivale a doscientos asaltos diarios. Esta situación ha creado un clima de temor e inseguridad ciudadana que, según las encuestas, es el fenómeno que más preocupa a la población guatemalteca.

Cabe señalar entre la violencia que azota al país, las amenazas e intimidaciones contra líderes y organizaciones sociales y de Derechos Humanos y allanamientos a sus sedes. Las violaciones a los derechos humanos continúan porque las estructuras del terror nunca fueron desmanteladas. Los grupos de poder paralelo tienen un fuerte poder económico, político, militar y siguen operando impunemente. El Estado no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de controlarlos ni de desarticularlos. Las estructuras de seguridad democrática siguen siendo débiles e ineficaces. El Ministerio Público, que es la institución responsable de la investigación y persecución penal, no funciona a cabalidad. Persiste el armamentismo generalizado entre la población. Y por otra parte, el contexto internacional alimenta los comportamientos violentos, adquiriendo el carácter de la política dominante.

Además de esto, hay otro tipo de violencia: el abuso de la fuerza pública que, en vez de defender a la población, está al servicio de los empresarios, terratenientes y de las multinacionales mineras, cometiendo allanamientos, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos. El pueblo con sus impuestos paga a las fuerzas de seguridad y éstas le reprimen.

 3.La impunidad. Se manifiesta ineficiencia en el sistema de administración de justicia, que no investiga los crímenes. Este sistema está manipulado por decisiones políticas del gobierno, presiones económicas y poderes paralelos. El 85% de la población considera que el sistema de justicia es el más sobornado. Hay justicia para los poderosos y adinerados, en cambio los pobres quedan excluidos de la misma. Hay casos laborales en las fincas que llevan varios años sin prosperar, a pesar de que los trabajadores tengan la razón. En una investigación realizada por el Instituto Comparado de Ciencia Penales de Guatemala, se estableció que  el 94%  de los delitos contra la vida quedan impunes.

Los pueblos indígenas han sido sometidos en los tribunales de justicia a niveles de discriminación, explotación y abuso por su origen, cultura y lengua. Los “no indígenas” juzgan a los indígenas. Sólo el 10%  del total de funcionarios y empleados judiciales son indígenas, y en el Instituto de la Defensa Pública Penal, de un total de 742 integrantes, el 6,6% son indígenas[2].

Es preocupante la falta de acceso a la justicia por gran parte de amplios sectores de la población. “Los ladinos pobres, las mujeres y los indígenas encuentran barreras para gozar de la protección legal”[3].

4.Degradación de los valores humanos. Las conductas violentas, la criminalidad, la corrupción, el marcado individualismo, la competitividad, el afán desmedido de lucro, la acumulación e idolatría del dinero favorecido por el mismo sistema capitalista ultraneoliberal, se han incrementado en el país. La decadencia de valores éticos y morales afecta enormemente a toda la realidad humana, a la vida familiar, social, económica, política y cultural. El sistema educativo nacional, lejos de promover el desarrollo de los valores humanos, los está excluyendo del programa de formación. Coloca el énfasis en la educación mercantilista, como una capacitación para la competitividad, respondiendo al proyecto de la globalización neoliberal.

5.La destrucción del medio ambiente. Guatemala es un país de alto riesgo debido a su contextura y ubicación geomorfológica. Es un país propenso a terremotos, huracanes y tormentas tropicales. El riesgo de desastres se acentúa por la alarmante deforestación (la frontera agrícola avanza a expensas de la frontera forestal) y la tala inmoderada de árboles con la consiguiente pérdida de biodiversidad y la erosión de los suelos. A esto se suma el cúmulo de basuras vertidas en caminos y barrancos y la contaminación de los arroyos, ríos, lagos y costas marítimas con toda clase de residuos sólidos y líquidos, sin dejar de lado la contaminación de los mantos acuíferos con la explotación minera de oro y plata a cielo abierto.

A los 26 años de la firma de la paz, el balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz es bastante negativo, sobre todo del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Los gobiernos de turno no han mostrado interés alguno en darles cumplimiento.

6.La resistencia y lucha popular. En medio de tanta oscuridad existen luces de esperanza, sobre todo en las comunidades campesinas e indígenas con sus gestos vivos de solidaridad, generosidad y compartimiento. Se percibe un lento, pero constante, crecimiento de las organizaciones sociales: campesinas, indígenas, mujeres, estudiantes, maestros, intelectuales, sindicalistas…

Un elemento común a todos estos sectores es la resistencia a la explotación minera a cielo abierto por empresas transnacionales. Existe multitud de expresiones sociales, pero todavía falta cohesión. Se percibe rivalidades, resentimientos, desconfianzas y luchas de poder entre los líderes de las mismas organizaciones populares y partidos de izquierda. Hay oportunismos, celos…, muchas veces por la dependencia del financiamiento del exterior. No obstante, está surgiendo un movimiento político social amplio de izquierda con una nueva visión, plural, incluyente, en base a la búsqueda de un país transparente,  con justicia social, que busca impulsar un proceso de reconstrucción y de unidad de las organizaciones sociales, para que un día pueda ser una alternativa en el país.

No hay que dejar de lado el papel que desempeña la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas. A la luz del Evangelio y de la Enseñanza Social, la Iglesia ha tomado una postura crítica frente a las políticas neoliberales al lado de los más pobres. En este sentido son significativos los pronunciamientos y acompañamiento al pueblo por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala, las Pastorales Sociales de las distintas diócesis, el cardenal Ramazzini, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (CONFREGUA) y la Comunidad Cristiana Mesoamericana de las iglesias evangélicas.  

 ELECCIONES EN GUATEMALA

El pasado 25 de junio se celebraron elecciones generales en Guatemala. De los 28 partidos inscritos inicialmente, 24 de ellos respondían a los intereses de las redes corruptas y al modelo económico neoliberal extractivista depredador, que sigue obligando a millones de guatemaltecos y guatemaltecas a sobrevivir en la miseria. Más aún, numerosas personas, comprometidas en la lucha contra la corrupción, que trabajan por la democracia y un Estado de derecho, son sistemáticamente difamadas, criminalizadas, amenazadas, perseguidas, acusadas, encarceladas y exiliadas por individuos que ocupan altos cargos en las instituciones del Estado.

No toleran las denuncias de las múltiples tramas de corrupción.  Tal fue el caso de Iván Velásquez presidente de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), expulsado del país por el presidente de la República en 2019 por investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos contra los derechos humanos e identificar las estructuras de estos grupos ilegales.

Las encuestas oficiales aseguraban que pasarían a la segunda vuelta electoral dos candidatos conservadores, pertenecientes a lo que en Guatemala se conoce como el “pacto de corruptos”. Pero la sorpresa de todos fue que quedaron para esta segunda vuelta, a realizarse el 20 de agosto, la conservadora Sandra Torres del partido UNE y el candidato progresista Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, apoyado por organizaciones sociales sobre todo urbanas. Inmediatamente, numerosos ciudadanos depositaron sus esperanzas en este partido al que se unieron organizaciones campesinas e indígenas.

Esto no lo aceptó el Presidente Giammattei ni el “Pacto de corruptos”, que es una coalición de redes formadas por funcionarios, políticos, empresarios, militares y estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico. Este “Pacto de corruptos” es un grupo criminal que controla el Estado e impone una sociedad conservadora, de extrema derecha, racista, integrada por mafiosos que se consideran los dueños del país, sin importarles que la gente muera de hambre, sin servicios públicos de salud, educación, techo y trabajo, dejando a la población, cada vez más empobrecida, obligándola a emigrar hacia el norte.

Uno de estos funcionarios es el fiscal Rafael Curruchiche (sancionado por Estados Unidos por corrupción). Acusó al Movimiento Semilla de irregularidades en el proceso de captación de afiliados y  suspende su personalidad jurídica. Seguidamente, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, quienes además de suspender la oficialización de los resultados, ordenaron revisar el escrutinio.

Las instituciones controladas por el “Pacto de corruptos” pusieron en marcha el pretexto de que habían encontrado en el Movimiento Semilla “vicios” en el proceso de votaciones, cosa que no habían detectado las misiones de observación de la Unión Europea, ni la Organización de  Estados Americanos ni los observadores de Naciones Unidas ni siquiera Estados Unidos.

A nadie se le oculta que detrás de todo ello estaba la mano sucia del grupo “Pacto de corruptos”, que recurre a todo tipo de maniobras torcidas para seguir burlando la voluntad de la gente y para seguir disfrutando de una impune arbitrariedad.

Ante las presiones de la Unión Europea, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos,  de la Conferencia Episcopal y ante las múltiples movilizaciones de protestas en todo el país de  trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas, de la Iglesia católica y de algunas iglesias protestantes históricas, el Tribunal Supremo Electoral oficializó el 12 de julio los resultados de la primera vuelta, reconociendo la limpieza del Movimiento Semilla y confirmando que Torres y Arévalo disputarían la segunda vuelta.  Inmediatamente, la Corte de Constitucionalidad anuló el día 13 de julio la decisión judicial de suspender al Movimiento Semilla, con lo que parece que las aguas vuelven a su cauce, aunque el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, advierte que se podrían producir otras maniobras para obstruir su participación en la segunda vuelta.

Estos días Arévalo y la candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera, están visitando distintos departamentos y ciudades, recibiendo un baño de masas que le aplauden. Hay esperanza que pueda llegar al 20 de agosto para las elecciones de la segunda vuelta y ganarlas. Guatemala necesita un cambio profundo de sus estructuras. Los partidos de la izquierda e indígenas: URNG-Maíz, Winag y MLP (Movimiento para la Liberación de los Pueblos) han optado por apoyar la candidatura de Arévalo.

¿Quién es Bernardo Arévalo? Es un socialdemócrata consciente de la crítica realidad de Guatemala. Un hombre honesto, con ideas progresistas y de cambios estructurales. Nació en Uruguay durante el exilio de sus padres. Es hijo del ex presidente guatemalteco Juan José Arévalo quien gobernó de 1945 a 1951 durante el periodo de la revolución democrática. Tras el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos (año 1954) contra el gobierno revolucionario de Guatemala salió al exilio con sus padres.  A los 15 años de edad regresó a Guatemala. Estudió en el colegio de los maristas.  Es sociólogo, filósofo, diplomático y escritor. Fue embajador de Guatemala en España de 1995 a 1996 durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. En el año 2015, junto con varios intelectuales conformaron un grupo de análisis que posteriormente se transformó en el partido político Movimiento Semilla. ¿Amanece una luz de esperanza para Guatemala?

[1]  Informe del PNUD-2015.

[2] Schwank, 2015

[3] PNUD, 2015, Pg.228