Al obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, le crecen los enanos. Sin resolver todavía el caso del cura que sedaba, violaba y grababa a mujeres, le salta el de otro sacerdote que quebrantó la orden de alejamiento de una mujer a la que supuestamente acosó. Obligado a suspender a sus curas por la presión mediática, el prelado andaluz ha quedado retratado ante todo el país como un obispo cuando menos negligente y encubridor, y que, con su conducta, ha escandalizado a sus fieles.

 Parecen motivos más que suficientes para que el obispo se vaya o le echen. Pues, ni una cosa ni la otra. Catalá no va a presentar su renuncia al Papa. No es de esos clérigos humildes, capaces de reconocer sus errores y de colocar el mayor bien de la institución eclesial por encima de sus propios intereses. El prelado malagueño es un representante eximio de los funcionarios clericales, que ponen su carrera, su prestigio y su bienestar por encima de todo y de todos, Iglesia y Papa incluidos.

 Y tampoco le van a echar. La negligencia y el encubrimiento de un obispo son delitos que tiene que juzgar el dicasterio de Obispos, que dirige el neocardenal peruano Robert Prevost, que todavía no le ha abierto un expediente al titular de la diócesis de Málaga. Ni lo hará. Por varias razones.

 Primero, porque está lidiando con otros casos mucho más graves de obispos en todo el mundo. algunos de ellos acusados de pederastia. Segundo, porque encausarle provocaría demasiado ruido en pleno Sínodo, con el riesgo de que se desvíe la atención pública y publicada del magno acontecimiento eclesial, que busca precisamente darle el golpe de gracia al clericalismo.

Es evidente que, si el dicasterio de Obispos procediese contra monseñor Catalá, su caso serviría de escarmiento para otros muchos prelados que, incluso en este pontificado y después de la aprobación de los decretos que castigan la negligencia y el encubrimiento, siguen apostando por la praxis del silencio, de la falta de transparencia y del cambio de lugar a los curas abusadores sin dar explicación alguna a los fieles.  

 Pero eso crearía un precedente y activaría una vara de medir que, en adelante, habría que aplicar a los prelados negligentes y encubridores de todo el mundo. ¿Son muchos los que eventualmente podrían entrar en esa categoría? Casi todos, excepto quizás los consagrados en el pontificado de Francisco. Y no todos ellos.

 Monseñor Catalá duerme, pues, tranquilo. Sabe que el dicasterio no moverá un dedo contra él y sus compañeros españoles tampoco le presionarán. Más aún, la mayoría se pondrá de su lado. ¡Hoy por ti y mañana, por mi! Es la ley implícita del funcionariado sacral.

 A salvo de represalias intraeclesiales, los obispos españoles están convencidos, además, de que están protegidos ante la ley civil. Porque eso es lo que les predican sus asesores jurídicos (Silverio Nieto y compañía): silencio y aguantar el chaparrón, que todo pasa, porque la actualidad come a la actualidad y, dentro de unas semanas, todo se habrá olvidado. Y mientras tanto, la Iglesia sangra y pierde credibilidad y confianza social a raudales por culpa de estos malos funcionarios de lo sagrado. ¿Nadie les pedirá cuentas?