La larga etapa del cardenal Rouco Varela al frente de la jerarquía marcó tanto a la Iglesia española que sus sucesores tratan de definirse por contraposición al que llamaban 'vicepapa'. Si él fue un presidente autoritario y absolutista, Omella quiere ejercer su cargo de presidente del episcopado como un simple 'primus inter pares' y se presenta como un líder democrático y que busca el consenso. Hasta que llegó un día que tuvo que plantarse. No tuvo más remedio.

El escándalo de la pederastia arreciaba, tanto desde la opinión pública como publicada. El caso de Palomas, una de las víctimas de abusos clericales, rompió el trecho de cristal de los medios y saltó a las televisiones, rebotando en la gente y en los mismos políticos, que empezaron (por fin) a moverse en ese ámbito hasta entonces marginado.

La CEE daba largas y buscaba justificaciones a lo injustificable, pero los demás episcopados dejaron al nuestro retratado, al tomar medidas muy drásticas contra los abusos, mientras aquí se seguían minusvalorando y hablando de “unos pocos casos”.

La presión era tal que, ya en Navidades, Omella comenzó a diseñar un cambio de estrategia. Y el presidente de los obispos aprovechó la reunión de la Comisión Ejecutiva (órgano colegiado de la CEE, que se ocupa de los asuntos ordinarios y de urgencia) para presentar un plan perfectamente diseñado por su equipo más cercano. Un plan que el cardenal de Barcelona sólo estaría dispuesto a cambiar, si alguno de los miembros del selecto grupo episcopal presentaba uno mejor. Un plan que, además, había que aprobar de inmediato, para lanzarlo cuanto antes.

Aún así, el arzobispo de Barcelona no lo tuvo fácil en la reunión episcopal. En la Ejecutiva, hay 9 miembros: el presidente del episcopado, cardenal Omella; el vicepresidente, cardenal Osoro; los obispos Jesús Sanz, Jesús Catalá, José Ángel Saiz, Mario Iceta, Ginés García, José María Gil Tamayo y el secretario del episcopado, Luis Argüello. A Omella, que contaba desde el principio con el placet de Osoro (que no estuvo físicamente presente, por encontrarse en Roma), Ginés y Argüello, le resultó relativamente fácil convencer a Iceta, Saiz Meneses, Catalá y Gil Tamayo.

Por cierto, en la reunión de la Ejecutiva, que suelen ser siempre privadas y sólo para obispos, también estuvo presente el propio Javier Cremades, que dispuso de tiempo para explicar el 'plan' a los obispos en sus más mínimos detalles y someterse a sus preguntas.

Quedaba el hueso duro de roer, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, líder del sector más conservador, que, al verse sólo en las barricadas, también cedió. El arzobispo de Oviedo dió su brazo a torcer definitivamente, cuando Omella puso sobre la mesa un argumento de suma autoridad: había hablado del plan con el Papa. Roma locuta...

Desde ese momento, todos los esfuerzos de la sala de máquinas de Añastro se dirigieron a preparar con todo el mimo la presentación pública del 'volantazo' episcopal, que giraba en torno a tres términos: perdón, acompañamiento y reparación.

El 21 de febrero, Añastro publica una nota en la que los obispos anuncian una "auditoría independiente a la Conferencia Episcopal española", para evaluar "las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española", encargada al bufete Cremades-Calvo Sotelo. Y se convocaba a los medios al día siguiente en la sede del bufete.

La rueda de prensa del día 22 fue tan concurrida que no había espacio físico para tantos periodistas. El cardenal Omella afirmó que la Iglesia española había encargado un auditoría independiente sobre los abusos sexuales del clero al despacho liderado por Javier Cremades, uno de los socios del bufete y miembro reconocido del Opus Dei.

Lanzada la iniciativa y conseguido el golpe de efecto, le queda a la Iglesia española un largo camino por recorrer. Sobre todo, a su jerarquía. La mayoría del episcopado patrio está comenzando ahora a cambiar de chip respecto a la plaga de los abusos. Convencidos de que no es un tormenta de verano, los obispos son conscientes de que el problema ha venido para quedarse y de que, por lo tanto, o lo resuelven ellos o se lo tratan de resolver desde el ámbito político.

Y para muchos prelados no es fácil cambiar de chip y asomarse al tema con otras categorías. Tanto es así que el Papa francisco está recibiendo presiones, desde España, desde otros países y desde la Curia romana, para que dé marcha atrás en la política de tolerancia cero o, al menos, para que levante el pié del acelerador y frene la limpieza clerical.

Algunos van, incluso, más allá, y querrían optar por la dinámica del “cumplimiento” o del gatopardismo, poniendo en marcha de cara al escaparate público las oficinas de ayuda a las víctimas en las diócesis, pero sin una investigación ni una dedicación seria y profunda al tema.

Sin darse cuenta de que la pederastia del clero es ya, desde hace un tiempo, un tema 'politizado', en el sentido de que los órganos políticos se han hecho cargo de él. Es posible, incluso, que algunos partidos políticos promuevan que el Congreso de los Diputados legisle sobre la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores en general (y, por lo tanto, también los del clero) y, además, exijan a la Iglesia reparación a todos los niveles, incluido el económico. Incluso podrían plantearse llamar a declarar al Congreso al cardenal Omella y demás obispos españoles, cuyo testimonio considerasen oportuno.

Por eso, antes de que les llegue el agua al cuello, la Comisión Permanente (máximo órgano entre Plenarias y que se reúne este martes), se adherirá a la 'solución Cremades'. Una solución, en principio bien intencionada, que provoca un golpe de efecto importante, pero que puede encontrarse con toda una serie de dificultades. La más importante, la falta de colaboración de los obispos diocesanos.

De hecho, algunos ya tendrían decidido colaborar lo menos posible con el bufete de Cremades, entre otras cosas, porque no podrían hacerlo, aunque quisiesen, dado que si cooperan a fondo muchos prelados tendrían que incriminarse a sí mismos y autoacusarse de delitos de encubrimiento. Por otra parte, los obispos son muy conscientes de que, por las malas, ni el Papa les puede obligar a colaborar.

De hecho “el art. I.6 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, que 'garantiza y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y otras instituciones y entidades eclesiástica'”.

Pero los obispos también saben que la inviolabilidad de los archivos no alcanza a cubrir delitos. Y en los archivos diocesanos podría haber un gran número de casos de delitos de abusos y, por lo tanto, los obispos podrían verse obligados a abrir sus archivos secretos a las autoridades judiciales.

Así están las cosas, por ahora: en compás de espera. La jerarquía de la Iglesia ha ganado tiempo, pendiente de la reacción de la opinión pública, de las víctimas cada vez más y mejor organizadas, y, sobre todo, de la clase política, que podría imponer por ley la imprescriptibilidad de los delitos de abusos, así como su consiguiente reparación económica.

Reparación que, en el caso de la Iglesia, sería por un montante milmillonario, lo que llevaría a muchas diócesis a la bancarrota o a tener que vender gran parte de su patrimonio. Y hasta a la hora de querer vender su patrimonio, los obispos podrían encontrarse con el veto del Estado, sobre todo si se tratase de enajenarlo a manos privadas. Hay mucho en juego, sobre todo si nuestros obispos, por miedo, siguen sin optar por la transparencia total.