Le toca hablar a la Iglesia
No es comprensible que delitos de esta naturaleza prescriban tan pronto en la justicia civil. Está claro que debería ampliarse y hasta duplicarse el plazo de prescripción. Por tratarse de delitos sumamente graves, que atentan contra la dingidad personal de menores y que, precisamente por eso, sus víctimas tardan en reaccionar, en contarlo y en asumirlo.
El plazo de prescripción de la justicia eclesiástica es, desde hace años, el doble del de la ley civil. Los abusos cometidos sobre menores tienen un plazo de prescripción de 20 años. Eso permite, pues, que los tribunales de la Iglesia en el Vaticano continuen con el proceso abierto contra los 10 curas y el laico (profesor de Religión) del clan Romanones. Y, pro supuesto, contra el jefe del clan.
Esperamos, pues, que la Justicia eclesiástica actue en consonancia con la política de "tolerancia cero" de los Papas Benedicto y Francisco. Y que, además, sea ejemplar en el discurrir del proceso judicial. Y el juicio se desarrolle con total trransparencia y con cierta rapidez.
Los católicos españoles tienen derecho a saber si esos 10 curas y un laico son abusadores de menores o encubridores. O formaban parte de un clan para delinquir. O se prevalían de su ascendencia sagrada para cometer ese tipo de delitos horrendos.
También sería justo y necesario que el arzobispo de Granada, monseñor Martínez, le explicase a sus fieles y a los fieles de toda España cómo es posible que no se enterase de nada de lo que, desde hace años, venía haciendo este clan de curas, que actuaba como una mafia, para profanar la dingidad de los menores. Es decir, que asuma, de una vez por todas, su responsabilidad in vigilando.
Y que cuente, con total transparencia y sin esconderse en subterfugios o en estrategias dictadas desde Madrid por su correligionarios de Comunión y Liberación, cuál es el iter del proceso eclesiástico,dónde se está juzgando, por parte de quién, con qué plazos, con qué procedimiento... Luz y taquígrafos, monseñor. Y diligencia, al menos a posteriori. Sin escenificaciones fatuas y engoladas y sin fotos utilizadas con otros fines.
Mientras se desarrolla el juicio eclesiástico (y se da cuenta de él a los fieles), lo lógico es que el arzobispo Martínez aparte de sus labores pastorales a los 10 curas (tres de ellos ya están apartados) que cometieron delitos contra menores, a pesar de estar prescritos. Tal y como apartó, desde hace algún tiempo, al laico profesor de Religión. Apartarlos del ejercicio del ministerio o, mejor aún, incoarles expediente para reducirlos al estado laical. La Iglesia española se juega en ello gran parte de su credibilidad.
José Manuel Vidal
