La iniciativa legislativa popular deberá ser debatida en las cámaras antes del 23 de junio de este año 2023 HOAC: Validadas mas de 500.000 firmas para la regularización de personas migrantes
La Junta Electoral Central da el visto bueno a más de las firmas necesarias para que esta iniciativa siga su trámite
De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad
El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español
Resaltar que la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana, perteneciente a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, ambas parte de la Conferencia Episcopal Española, apoyan esta iniciativa
El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español
Resaltar que la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana, perteneciente a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, ambas parte de la Conferencia Episcopal Española, apoyan esta iniciativa
(HOAC).- La iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes deberá ser debatida en las cámaras del poder legislativo antes del 23 de junio de este año 2023, ya que el organismo regulador ha validado más de 500.000 firmas que avalarían este proceso.
Tal como encontramos en la Exposición de Motivos de la ILP, que encontramos en la página web de las promotoras, esenciales.info
De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad.
El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000 resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español. Ello debido a que, por una parte, los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y por otra, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación.
Esta dinámica genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos imprescindible la búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad y “no derechos” como consecuencia del estatus migratorio irregular.
Valoramos muy positivamente este avance en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, como logro en el camino de la justicia social.
Así mismo, nos parece importante resaltar que la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana, perteneciente a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, ambas parte de la Conferencia Episcopal Española, apoyan esta iniciativa legislativa popular, ya que, aun no siendo entidad promotora, exponen en su web
Conocemos la situación de tantas personas y familias abocadas a una situación administrativa irregular y lo que ello conlleva; el último Informe Foessa al respecto ha sido contundente. Entendemos que la situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral.
Por tanto, a la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia consideramos que el contenido de la iniciativa en cuestión es justa. Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (FT 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente.
