Proposición de Ley y religión: el manido cuento
El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Grupo Socialista en el Congreso presentó una «proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, para la eliminación de la segregación y discriminación de los alumnos y alumnas».
Entre otras cuestiones que se abordan en la proposición, y de las que algunas podríamos estar de acuerdo, se desliza el sempiterno matiz ideológico, inoportuno y falaz que decolora sus argumentos sobre la religión en la escuela pública. Sostienen en la citada Proposición de Ley:
« (…) la formación cívica y constitucional debe ser parte del contenido curricular al que todos los alumnos deben tener derecho, independientemente de la elección de una formación religiosa y moral (…). De igual manera parece razonable que el sistema educativo español siga las recomendaciones del propio Consejo de Europa (…), de asegurar que dicha formación cívica se encuentra recogida en la ordenación de las etapas obligatorias».
Pero a continuación, sin más, se pretenden unas consecuencias de modo improcedente e ilógico, concluyendo que:
«Consecuentemente, y garantizando el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen (artículo 27.3 de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela sino que, aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas educativas, de manera que no pueda condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica».
Es evidente que se da valor a una recomendación del Consejo de Europa porque coincide con unos presupuestos que no nos resultan ajenos, pero se ignora la Recomendación 1720 (2005) sobre educación y religión, que entre otras, pretende:
« (…) fomentar la educación en religiones, para alentar el diálogo con y entre religiones y para promover la expresión cultural y social de religiones».
Además, el Grupo Socialista debería hacer suya esta recomendación, que sostiene que:
«El conocimiento de las religiones es una parte incorporada del conocimiento de la historia de la humanidad y de las civilizaciones. Es totalmente distinto de la creencia en una religión específica y su observancia».
A mayor abundamiento, el texto de la Proposición de Ley se asienta sobre falacias, y comete un continuo y dilatado oxímoron o contradictio in terminis, en este extremo. Como hemos trascrito con anterioridad, dice:
a) La asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela: Pero lo cierto, como todo el mundo sabe si tiene recta intención, es que no está impuesta en ningún caso, sino que debe ofertarse, siendo de libre elección por el alumnado.
b) Aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas educativas. Pero si se acepta su evaluación —no pudiendo ser de otra manera, pues lo que no se evalúa se devalúa—, se estiman los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos, es decir, se acepta que tiene un valor académico. En caso contrario, esta vez sí, se estaría marginando y discriminando a este alumnado, y también a su profesorado.
c) No pueda condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica. No se nos explica de qué forma puede condicionar el futuro del alumnado una asignatura elegida libremente.
El Grupo Socialista debería dejar de insistir sobre la cuestión de la religión en la escuela pública, que solo intenta asentarse en principios constitucionales, dentro de su función tuitiva, respecto al pleno desarrollo de la personalidad humana, y en el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Debería aspirar a colocar las bases para un comportamiento tolerante global, fundado sobre el respeto para la dignidad de cada ser humano. Enseñando a nuestros alumnos la historia y la filosofía de las religiones principales con moderación y objetividad y con el respeto para los valores de la Convención europea en Derechos Humanos, combatirá efectivamente el fanatismo, pues la comprensión de la historia de conflictos políticos en el nombre de la religión es esencial.