Sin duda, México vive una de las peores crisis en torno a la seguridad de las mujeres. De enero a octubre, México ha tenido a nivel nacional casi el doble de feminicidios con 809 casos a diferencia de los 411 registrados en 2015 según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del pasado noviembre. Esas muertes llevan efectos colaterales cuando más de 3 mil niños son huérfanos debido al asesinato de sus madres, víctimas del odio.

A esto se añade otra cuestión la cual debe preocuparnos. En marzo pasado, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos advirtió que hay más de 9.000 mujeres desaparecidas en México. 

La realidad está ahí y los datos duros permiten apreciar el porqué de las manifestaciones del sector social de las mujeres donde algunos grupos han llevado al extremo la radicalización de la protesta al grado de la violencia.

Esta semana, la notoriedad del caso Karen Espíndola levantó las más variadas opiniones cuando la misma joven habría mentido sobre su presunto secuestro y desaparición por algunas horas para ocultar otros motivos que desencadenaron una campaña de búsqueda en redes sociales, movilizando a las autoridades del más alto nivel.

El caso tuvo un final sin consecuencias fatales, aunque es obligada la reflexión en torno al uso reprobable de lo que ha sido una lamentable realidad en miles de mujeres en México cuando son secuestradas y asesinadas sin haberse activado campañas de apoyo o solidaridad de usuarios de redes sociales y nadie hubiera intervenido para salvarlas.

Aunque México cuanta con una legislación específica que regula la coordinación de los tres órdenes de gobierno para evitar cualquier forma de violencia contra las mujeres, todo indica que lo que pretendía ser una legislación de avanzada para acabar con los feminicidios, realmente es insuficiente y fallida. Este sector social, según afirman algunas estadísticas, no se siente mejor ni más seguro. Y tal sensación ha despegado hacia esas manifestaciones para decir ¡Basta! a través de la radicalidad de la violencia.

La declaración de alertas de género en diversos puntos del territorio nacional resulta insuficiente por lo que esa figura ya es rebasada por la realidad. Sirve más como una propaganda mediática en lugar de ser un efectivo medio jurídico para evitar más crímenes. El uso de recursos públicos significa el diseño de estériles esfuerzos acentuando más la violencia. En el Estado de México, por segunda ocasión en octubre pasado, la alerta de violencia de género fue declarada para los municipios de Toluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Entre 2012 y agosto de 2018, en la entidad se reportó la desaparición de 5 mil 108 mujeres y niñas. Para ellas no hubo una intensa campaña en redes sociales ni movilización de autoridades al más alto nivel por un simple e infundado tuit.

Las lecciones son evidentes. Y ante esta emergencia, la Iglesia de México reconoce que “es necesario resaltar y denunciar los atropellos constantes contra su dignidad, reflejada en miles de muertes; la situación de tantas madres solteras que luchan por sacar adelante a su familia; la explotación, la trata de menores y desaparición de un importante número de mujeres” (PGP 2031-2033, No. 53) sin embargo, ese gran mal en nuestro país, también puede ser usado para hacer irresponsables mentiras que no pueden ser justificadas sólo con una estéril y anecdótica disculpa. Eso debe apelar a nuestra conciencia.