Hasta el año anterior, México se consideró como el país más peligroso del orbe para ejercer el sacerdocio. En el pasado sexenio 2012-2018, veintiséis sacerdotes fueron asesinados. Poco se sabe del resultado de las indagatorias, esto es preocupante puesto que, en la nueva etapa política de México, la impunidad continúa rampante, no sólo agrava la desesperada situación de las familias de las víctimas aniquiladas, también para los miles de ciudadanos que han sufrido en carne propia la violencia inhumana o el delito paralizante sin que nadie sea capaz de hacer justicia efectiva.

En 2019, afortunadamente, no hay registro alguno de asesinatos perpetrados contra ministros católicos, pero las alertas se encienden cuando en diversas diócesis del país corren las noticias sobre duras e intimidantes amenazas contra la seguridad y vida de sacerdotes que no deberían minusvalorarse ni hacerse de lado.

El pasado jueves, medios de comunicación veracruzanos dieron a conocer que sacerdotes de Pánuco, en la diócesis de Tuxpan, habrían sido amenazados por grupos delincuenciales al punto de que los agredidos dejaron su labor pastoral ante la gravedad de los amagos. Pueden leerse en el supuesto mensaje que fue difundido a la opinión pública ofensas en grado sumo, al punto de que si los implicados no abandonan Pánuco podrían ser descuartizados:  Con nuestro GRUPO no se juega… Estas a tiempo. Si no te vas, vas a sufrir mucho...dice una parte de ese espeluznante recado escrito en lenguaje soez cargado de maldad que no deja otra opción más que marcharse inmediatamente del lugar; de no hacerlo, otras personas podrían sufrir de manera inmisericorde.

Estas amenazas no son aisladas y se dan en otras circunstancias que han preocupado a los obispos. En 2018, por ejemplo, tras agravarse el robo de combustible en el llamado Triángulo Rojo, el arzobispo de Puebla denunció que sacerdotes de Tehuacán estaban en la mira por el “papel crítico en contra de los huachicoleros pidiendo a la población no comprar gasolina robada porque eso afecta a todo el país, además de que las personas que se dedican a ese negocio ilegal eran criminales…

En marzo pasado, la diócesis de Tula evidenció la agresión contra un sacerdote quien fue golpeado en mayo de 2018 por supuestos sicarios. La víctima había pronunciado algunas prédicas que molestaron a grupos delincuenciales que ya lo habían amenazado a través de mensajes en su teléfono personal.

La arquidiócesis de San Luis Potosí reveló que sus sacerdotes estarían invitados a seguir unos protocolos de seguridad. De acuerdo con el vocero de ese arzobispado, en agosto un presbítero  fue secuestrado y golpeado por sujetos que, tomando ventaja de una visita nocturna a un enfermo, aprovecharon el estado de indefensión de la víctima para robarle su automóvil: Este protocolo, surgió a razón de que se han levantado sacerdotes de manera constante y también han sido víctimas de asaltos y robos de auto con violencia, expresaría el vocero potosino.

La violencia e inseguridad mantiene de rodillas a la ciudadanía que no ve tregua alguna y la Iglesia no tiene inmunidad ni puede decir que está a salvo. Antes considerada respetable, un cierto temor de Dios era manifiesto para dejar en paz los recintos sagrados, no se podía tocar a sacerdote alguno por la dignidad que representa; sin embargo, el estilo de vida y, en ocasiones, las predicaciones pronunciadas, los convierten en blanco de la delincuencia.

En los Protocolos básicos de seguridad eclesial de junio de 2018 de la Conferencia del Episcopado Mexicano puede leerse:La Iglesia y sus representantes (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles y agentes de pastoral) constituían hasta hace unos cuantos años un pequeño sector de la sociedad que podría ser considerado “exento” de ser víctima de estos ataques… Hoy la Iglesia católica mexicana vive también esta zozobra como millones en el país y sus sacerdotes están en la mira del crimen. Los focos rojos están encendidos y las autoridades lo saben. Es urgente meter mano y actuar antes de que, de nuevo, sea demasiado tarde…