El Parlamento, manejado por la oposición pretende debilitar la lucha contra la corrupción La Iglesia de Perú pide garantizar "la legalidad, el bien común y la solidaridad" ante la crisis política abierta

El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana pidió este jueves a los ciudadanos de este país reflexionar sobre la necesidad de garantizar "la legalidad, el bien común y la solidaridad" como pilares fundamentales para alcanzar la paz y la justicia, ante la crisis política que ha enfrentado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los últimos meses.

Los obispos de la Iglesia católica precisaron que esta reflexión "no pretende proponer soluciones técnicas" a los problemas relacionados con la crisis de la legalidad en el país, sino contribuir a "retomar un camino de civilidad" para mejorar la convivencia de los ciudadanos.

En tal sentido, afirmaron que el respeto a la legalidad "no es un simple acto formal, sino un gesto personal" que encuentra en el ordenamiento moral su alma y su justificación, por ese motivo, remarcaron que la promoción y la defensa de la justicia es tarea de todo ciudadano.

La Conferencia Episcopal subrayó que "el bien común como fin de la ley es la razón de ser de la misma ley", lo cual equivale a "reconducir la acción política a su función original", que consiste en servir al bien de todos los ciudadanos, con especial atención a los más débiles y vulnerables.

"Lamentablemente se ha llegado a cultivar más el interés inmediato de los particularismos, antes que el bien común, lo que ha llevado a una gestión reduccionista de la política", expresó.

Asimismo, los obispos afirmaron que el bien común exige a la vez una "amplia y capilar difusión del sentido de solidaridad" entre todos los hombres, y una "mayor vigilancia" en el ámbito ético-moral de todas las instancias del Estado, para que no se constituyan monopolios de poder.

Los jerarcas religiosos hicieron una invocación a la clase política y la población en la que subrayaron que para el correcto desarrollo de la vida social, "es imprescindible" que la comunidad civil recupere su función política, que a menudo ha delegado exclusivamente a los que se consideran expertos de la política y de este compromiso de la sociedad.

De la misma forma, manifestaron que la "lucha por la eliminación de estructuras sociales injustas" es un compromiso que también corresponde a "la sociedad civil que tiene que llevar a cabo su función política", al hacerse cargo de los problemas generales del país.

Analistas políticos y diversos sectores sociales han advertido en los últimos meses que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha perdido peso ante el Parlamento, manejado por la oposición, el cual ha emprendido, a su vez, una serie de medidas para debilitar la lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial.