El presidente del episcopado ecuatoriano defiende al Nuncio y al arzobispo de Quito y no cree necesaria una comisión pontificia Luis Cabrera: "Frente a todo tipo de abuso, tolerancia cero y colaboración total con las autoridades civiles"

Cierre de filas del presidente del episcopado ecuatoriano, Luis Cabrera con el cuestionado arzobispo de Quito, monseñor Espinoza. El arzobispo de Guayaquil se muestra "prudente" a la hora de opinar sobre la avalancha de casos de abusos sexuales y de poder en la archidiócesis primada. Por eso, no cree que haya habido negligencia o encubrimiento por parte de monseñor Espinoza. Y también niega el sistema de la compraventa de parroquias: "El actual arzobispo ha  desmentido esta práctica".

A su juicio, el Nuncio Carrascosa se desempeña con diligencia a la hora de condenar los abusos y transmitirlos a Roma y, por lo tanto, la Iglesia de Ecuador no necesita una comisión pontificia de investigación y el Congreso Eucarístico internacional, a celebrar en la capital del país, "no está en riesgo".

Eso sí, monseñor Cabrera relata los cinco casos de denuncias de abusos en los últimos diez años en su arquidiócesis. "De  estos, 4 fueron declarados culpables y 1, inocente. A los culpables ya se les  aplicó la pena canónica de la dimisión o abandono del Ministerio sacerdotal; y  a las víctimas les dimos el acompañamiento profesional, tanto psicológico como  espiritual", explica. Y se posiciona abiertamente por la tolerancia cero ante los abusos: "Frente a todo tipo de abuso, tolerancia cero y colaboración total con las autoridades civiles; y nuestro  apoyo total a las víctimas en sus procesos de restauración y sanación. Que  ningún delito quede impune".

Como presidente del episcopado ecuatoriano, ¿qué opina de los casos de  abusos sexuales y de poder que hemos publicado últimamente en  Religión Digital sobre la archidiócesis de Quito?

Como muchas personas, me he informado de estos casos a través de las redes  sociales. Por consiguiente, no puedo emitir una opinión. 

La principal razón de este desconocimiento directo es porque, ante la “notitia  criminis” (conocimiento), corresponde exclusivamente a cada obispo o superior  de una Comunidad Religiosa realizar el proceso de investigación previa, dando  todo el apoyo necesario a la posible víctima, como también salvaguardando el  derecho a la buena fama y la presunción de inocencia del posible victimario.  

Luego del proceso jurídico, algunas acusaciones, también, pueden revelarse  falsas, calumniosas e incluso un chantaje al presunto victimario. Estas  situaciones nos llevan a actuar de una manera ponderada para no exponer al  involucrado al escrutinio público o a las especulaciones sin las pruebas  correspondientes.  

Publicamos el caso del abuso sexual de un sacerdote quiteño, pero nos han  llegado muchos más y de diversas diócesis del país. ¿Está atajando esta plaga  la Iglesia ecuatoriana? 

En la Iglesia católica en Ecuador, estamos llevando adelante varias acciones  concretas en la prevención y en la sanación.  

En la prevención 

a) Elaborar protocolos de conducta para todas las instituciones que  dependen de la Iglesia Católica (salud, educación, parroquias,  capellanías…).  

b) Educar a los miembros de nuestras comunidades y obras para que puedan  defenderse de toda forma de abuso y que denuncien, inmediatamente, a  las autoridades competentes.  

c) Ofrecer un diplomado presencial y online en prevención a nuestros  agentes de pastoral, en colaboración con la Universidad Católica de  Quito. 

d) Realizar una rigurosa selección de candidatos a la vida religiosa y  sacerdotal, como también del personal que trabaja en las Instituciones  religiosas, guiados no sólo por criterios profesionales, sino también por  los valores éticos, psicológicos y familiares.  

En la sanación 

a) Confiar a un grupo de peritos la elaboración de un programa de acompañamiento jurídico, médico, psicológico y espiritual, tanto para las  víctimas como para los victimarios.  

b) Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para todas las víctimas en las familias y en las instituciones sociales,  educativas y religiosas. 

Los otros dos casos publicados por RD (hasta ahora) se refieren a una  práctica de compraventa de parroquias, al parecer habitual en Quito. ¿Ese  mismo sistema se da en otras diócesis del país? 

En cuanto al uso de los bienes muebles e inmuebles, existe una legislación  universal y particular. Los valores morales de transparencia y honestidad están garantizados con sistemas contables confiables e independientes y por  permanentes auditorías externas. 

En el caso particular de la Arquidiócesis de Quito, de lo que conozco, ha  realizado desde el año 2020 una exhaustiva auditoría. El actual arzobispo ha  desmentido esta práctica; y ha pedido a los párrocos que indiquen públicamente si él o alguien de la Curia les ha exigido algún aporte económico para  transferirles a alguna parroquia que ellos hubiesen “comprado”. Sé que los  párrocos aludidos, a través de facebook, están preparando una querella judicial  frente a lo que ellos consideran una confabulación maliciosa que busca  desprestigiarlos frente a la comunidad cristiana a la que han sido enviados. 

¿Qué nos puede decir del caso del padre Rodrigo Crespo, que pertenece a  su archidiócesis? 

El P. Rodrigo Crespo no pertenece a la Arquidiócesis de Guayaquil;  probablemente, alguna vez trabajó, pero he averiguado y ninguna persona me  ha dado razón de su presencia. 

¿Cree que el Nuncio, Andrés Carrascosa, está informando diligentemente a  Roma de todos estos casos? 

Como ya lo señalé, el envío de la documentación es competencia exclusiva de  cada uno de los obispos en sus respectivas jurisdicciones. La Nunciatura lo que,  ordinariamente, hace es remitir al Dicasterio para la Doctrina de la Fe tal  información; y, luego de su estudio, entregar a la jurisdicción los resultados.  

Me consta que Mons. Andrés Carrascosa Coso, en reiteradas ocasiones, a nivel  de la Conferencia Episcopal y en reuniones de presbiterios, a los que ha sido  invitado, ha manifestado la gravedad, la importancia y la celeridad con que se  deben atender las denuncias de abusos en todas sus formas y la necesidad de  cuidar de las víctimas. 

¿Necesita la Iglesia de Ecuador una comisión de investigación pontificia, al  estilo de las que Roma envió a Chile o a Perú?

Desde mi punto de vista, el envío de una Comisión sería necesario si el número  de casos presentados no hubieran sido atendidos, resueltos y juzgados por la legislación canónica y civil vigente; o si no se observara la transparencia en la  información y en los procesos de investigación y sanción. Sin embargo, si  alguna institución jurídica o social o las víctimas desean solicitar al Dicasterio  para la Doctrina de la Fe la intervención de una Comisión Pontificia para que  audite o intervenga directamente, pueden hacerlo con toda libertad. 

En la Arquidiócesis de Guayaquil, por ejemplo, en estos últimos diez años, de  los 315 sacerdotes y diáconos, iniciamos la investigación previa de cinco (5) denuncias en contra de 5 sacerdotes (2016, 1; 2017, 1; 2019, 2; 2023, 1). De  estos, 4 fueron declarados culpables y 1, inocente. A los culpables ya se les  aplicó la pena canónica de la dimisión o abandono del Ministerio sacerdotal; y  a las víctimas les dimos el acompañamiento profesional, tanto psicológico como  espiritual.  

¿Con todos estos casos (y los que van a salir) peligra el Congreso  Eucarístico o, de celebrarse, quedaría ensombrecido? 

Desde mi perspectiva, estos casos lamentables no ponen en riesgo ni  ensombrecen la realización del Congreso Eucarístico Internacional, por cuanto  es un acontecimiento de fe que va más allá de nuestras fronteras. Además, su  organización depende de una Comisión pontificia con el apoyo de la  Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

El lema del Congreso (“Fraternidad para sanar el mundo”) nos desafía a erradicar  toda forma de violencia o de abuso de poder que afecte a la dignidad de los más  pequeños y vulnerables, a la familia y al medio ambiente. 

 ¿Cuál es su receta para sanear a la Iglesia ecuatoriana? 

En este camino de sanación de la Iglesia, lo más importante es centrar nuestra  misión en la persona de Jesús, como también ser coherentes con su estilo de  vida puesto al servicio de los más pobres y vulnerables.  

Del mismo modo, es necesario ratificar la posición frente a todo tipo de abuso:  tolerancia cero y colaboración total con las autoridades civiles; y nuestro  apoyo total a las víctimas en sus procesos de restauración y sanación. Que  ningún delito quede impune. 

Finalmente, toda persona que conozca alguna forma de abuso en la Iglesia tiene  el derecho y la obligación de denunciarlo a la autoridad competente, basta que  lo haga con el debido sustento ético y legal. 

PROTECCIÓN DE MENORES Y DE PERSONAS VULNERABLES

Luis Cabrera Herrera, ofm 

Arzobispo de Guayaquil 

 Presidente de la Conferencia Episcopal

La protección de menores y de personas vulnerables responde a la firme  voluntad de la Iglesia de erradicar toda forma de abuso de poder, de conciencia  y sexual que pueda darse.  

Nuestro compromiso pastoral es ayudar, particularmente, a los niños y  adolescentes, en su formación ética y espiritual, propiciando un entorno seguro  y en concordancia con las directrices de la Iglesia católica. 

1. Contexto 

De acuerdo con diversos estudios, los abusos físicos, psicológicos, sexuales y  laborales a menores de edad y a grupos vulnerables se dan dentro de las familias en un 65% a 70% y el porcentaje restante en ambientes sociales, religiosos,  educativos, políticos, económicos o de otra índole.  

Los abusos en el campo religioso, sin embargo, tienen una mayor gravedad,  porque son cometidos por algunos miembros que se comprometieron a tutelar a  niños, niñas y adolescentes; y que, además, gozaban de la confianza de los  padres de familia y de los pequeños. 

Los testimonios de las víctimas nos ayudaron a tomar conciencia de la gravedad  de las varias formas de abuso tipificadas como crímenes. Ante esta denigrante  realidad, la Iglesia tomó medidas muy radicales y severas en contra de los  victimarios. 

2. Posición de la Iglesia

a) Con el Papa Francisco, la Iglesia ha expresado: tolerancia cero a todo  tipo de abusos de poder, de conciencia y sexual en contra de menores  de edad y de personas vulnerables. Esta posición está presente en  varios documentos, como Delicta Graviora (2001), Minorum tutela  actuosa (2015. 2017.), Vademécum (2022), Vox estis lux mundi (2023). 

b) Del mismo modo, ha manifestado su total colaboración con las  autoridades competentes para que estos delitos sean investigados y juzgados según los procesos establecidos a nivel civil y canónico. Los  sacerdotes no gozan de inmunidad ni de privilegios.  

c) Como Conferencia Episcopal Ecuatoriana, emitimos directrices muy  claras para la elaboración de los protocolos en todas las entidades  católicas. (Cfr. Textos, 2014. 2020) 

d) En las jurisdicciones eclesiásticas, se han elaborado protocolos de  actuación inmediata, que faciliten abordar y gestionar, de una manera  coherente, proactiva y resolutiva, las investigaciones y sanciones ante  situaciones de riesgo o de abuso sexual evidenciado.