La PGE pide que la Fiscalía llame a declarar a la Iglesia para que aclare su rol en la sustitución del expresidente boliviano Morales y Áñez polemizan por el rol de obispos durante crisis boliviana en 2019

El expresidente Evo Morales y la exmandataria interina Jeanine Áñez avivaron este martes la polémica sobre el rol de los obispos católicos durante la crisis boliviana en 2019, especialmente por una reunión política en la que se definió la sucesión presidencial.

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó y expresó que insistirá para que los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en 2019 declaren como "testigos" en el caso "golpe de Estado I", por el que hay una acusación por terrorismo.

"El exmandatario aseguró que no es ninguna 'cantaleta' insistir en el reclamo de justicia para los fallecidos en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, como dijo un obispo"

Morales lamentó en Twitter "la falta de respeto, solidaridad y consideración" que, a su juicio, mostró la jerarquía católica por las muertes de civiles tras la llegada de Áñez a la Presidencia en 2019 y aseveró que defiende a los "asesinos del pueblo".

El exmandatario, quien en 2019 renunció denunciando un "golpe de Estado" en su contra, aseguró que "no es ninguna 'cantaleta'" insistir en el reclamo de justicia para los fallecidos en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, como dijo un obispo.

"Ninguna institución religiosa debiera ser aliada de la impunidad de crímenes de lesa humanidad", finalizó.

El punto por el que la PGE pide que la Fiscalía llame a declarar a los obispos es para que aclaren su rol en una reunión en la Universidad Católica en La Paz en 2019, que definió la sucesión presidencial que finalmente recayó en Áñez.

En esa reunión participaron los obispos de la CEB, líderes de la oposición y también representantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, Áñez señaló en Twitter que el pedido de la PGE "es una trampa" ya que en otro caso, "golpe de Estado II", por el que fue condenada a 10 años de prisión, la justicia rechazó que los miembros de la CEB declarasen como sus testigos de descargo.

Áñez también objetó que la PGE, que está dirigida por el procurador Wilfredo Chávez y exabogado de Morales, insista en que declaren los obispos y que no se haga lo mismo para que el exmandatario brinde su testimonio, cosa que no ha sucedido.

Asimismo, varias personas recordaron hoy un tuit de Morales de noviembre de 2019, cuatro días después de su renuncia, en el que pedía la intervención, entre otros, de la Iglesia católica y del papa Francisco para la pacificación del país.

"Pido a organismos internacionales como la #ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica representada por el hermano @Pontifex_es acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social", escribió en ese momento Morales.

En 2019, Evo Morales "huía mientras sus parlamentarias masistas imploraban reunirse con la Iglesia y la oposición", escribió Áñez.

En varias ocasiones, la Iglesia católica explicó su rol de mediación en la crisis política y social de 2019, tras la renuncia de Morales a la Presidencia y el Gobierno transitorio a la cabeza de Áñez.

En 2021, la CEB entregó al papa Francisco una memoria sobre el rol de la Iglesia católica entre octubre de 2019 y enero de 2020 en la que "rechazó toda acusación" de su labor que se relacione con "un supuesto golpe de Estado" contra Morales.

Por otro lado, en el MAS hay posiciones encontradas entre quienes fueron actores decisivos en 2019 y creen que la declaración de los obispos "no tiene nada que aportar" y otros que insisten en ello.

Para el Gobierno, los hechos de 2019 fueron un "golpe de Estado" contra Morales, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral para favorecer al entonces presidente y que lograra acceder a un cuarto mandato consecutivo.

La relación entre la Iglesia católica y el Gobierno ya era tensa en el Gobierno de Morales y se ha vuelto aún más distante en la Administración del presidente Luis Arce.